Dificulta crisis económica implementación de reformas penales: SCJN

México, (Notimex).- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, consideró que la implementación de las reformas constitucionales en materia penal puede verse afectada por el contexto económico adverso en México y el mundo.

Indicó que la intención de mejorar desde la Constitución a las instituiciones de administración y procuración de justicia "se ve ensombrecida por el entorno económico mundial y nacional", pero señaló que eso no debe detener el tránsito de las reformas.

Durante la celebración del 92 Aniversario de la Promulgación de la Constitución, subrayó que las dificultades económicas siempre son desafiantes, "pero habremos de encontrar la manera y los medios para superarlas".

En este contexto, Ortiz Mayagoitia expuso que la reforma en materia penal plantea retos importantes para su adecuada implementación, que requerirán un esfuerzo armónico de los órganos de gobierno y de la sociedad.

Recordó que las modificaciones constitucionales incorporan diseños más efectivos para la investigación de los delitos, la persecución de los delincuentes y alternativas para la resolución de los asuntos criminales.

En el acto celebrado en Querétaro, destacó que el Poder Judicial de la Federación está listo para trabajar de forma coordinada con los demás Poderes de la Unión para implementar las reformas, así como para la modernización y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Impartición de Justicia.

Aseveró que la Constitución de hoy en día es "más vinculante y más exigible que en 1917", y consideró que "se está más cerca de lo que el Congreso Constituyente quería heredarnos".

Ortiz Mayagoitia agregó que la sociedad se ha vuelto más participativa, y muestra de ello son los amparos multitudinarios que muestran la coincidencia de miles de personas en un reclamo común.

De igual manera consideró que se requiere contar con acciones colectivas que permitan litigios y sentencias compartidas, pero tramitadas de manera directa por los interesados, y no a través de sus representantes legislativos.

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