Bloquean subejercicios en estados el combate al narcomenudeo

México, (Notimex).- Pese a la guerra librada por el gobierno federal contra del crimen organizado, en 2007 las entidades del país dejaron de ejercer 544 millones de pesos destinados al combate al narcomenudeo.

En entrevista, la secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Alma Alcaraz Hernández, señaló que esos recursos formaron parte del Fondo de Seguridad (Foseg).

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) comentó que lo anterior se deriva del informe de resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2007 presentado al órgano legislativo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Alcaraz Hernández reprochó a las autoridades estatales que los subejercicios en el combate al narcomenudeo alcanzaran 19 por ciento del total presupuestado, lo que refleja la falta de eficacia en la administración de los recursos públicos.

Agregó que los resultados en la aplicación del gasto para afrontar el narcomenudeo son deplorables, ya que el presupuesto para el rubro en 2007 tuvo una ampliación de 63 millones 950 mil pesos, al pasar de mil 325 millones originalmente aprobados a mil 389 millones.

Destacó que la batalla frontal del gobierno del presidente Felipe Calderón contra la delincuencia organizada no será efectiva si no tiene el apoyo de las autoridades de los estados, por lo que llamó a que cumplan con sus obligaciones establecidas en el pacto federal.

La diputada federal por Sinaloa dijo que en la lucha contra el crimen organizado cobra especial importancia la Red Nacional de Telecomunicaciones, ya que permite establecer enlaces directos entre las entidades del país.

No obstante, resaltó, en este rubro también se dejaron sin ejercer 523 millones de pesos, de los mil 231 millones aprobados en 2007, lo que generó un subejercicio de 18 por ciento.

Señaló que los mexicanos no pueden esperar más a que sus autoridades sean corresponsables en el ataque al narcomenudeo, más aún luego de que el Congreso de la Unión aprobó una ley que faculta a las entidades federativas a perseguir este delito catalogado del orden común.

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