Condenan la nulidad de pesquisas de la tragedia en Hermosillo

Emir Olivares Alonso

La Jornada.- El que a dos semanas de la tragedia en la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora –en la que perdieron la vida 46 menores–, no existan indicios de los responsables representa que las procuradurías del país "responden más al poder político que al de la sociedad", consideraron defensores de derechos humanos.

Gerardo Sauri, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno sancionar a los responsables, llevar las investigaciones "hasta las últimas consecuencias" a fin de que no haya impunidad. Manifestó su preocupación por que en este caso ocurra algo similar a los del antro News Divine y del albergue Casitas del Sur. "Esperemos que no pase mucho tiempo sin que se resuelvan las indagatorias ni se sancione a los responsables ni restituya el daño a familias".

El activista consideró que el incendio en la guardería no fue un accidente, sino "un crimen de Estado" debido a la irresponsabilidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno "por aprobar el funcionamiento de la estancia infantil en instalaciones que no cumplían con los requisitos, las cuales incluso habían sido señaladas desde 2005 y pese a ello se siguió otorgado concesión a los dueños de la guardería".

Agregó que a dos semanas de los hechos no existen resultados ni detenidos, sino, al contrario, exculpaciones de todos los niveles de gobierno, además de que en el contexto electoral candidatos y partidos le han dado un uso político a la tragedia, lo que "denota que no existe un interés de la clase política por la seguridad y garantía de los derechos de los niños y niñas, sino que quieren salvar el pellejo y sacar raja política. Parece que los menores son vistos como objeto de lucro".

Insistió en que "más allá de la indemnización económica", los padres de los niños que fallecieron deben organizarse y presentar denuncias penales contra quienes resulten responsables.

Sauri calificó de "alarmante" la reacción que ante la tragedia han tenido los gobiernos de varios estados del país, que simplemente han decidido cerrar guarderías. "Esto atenta contra los niños y niñas de las poblaciones más discriminadas y vulnerables; después del niño ahogado quieren tapar el pozo".

Al contrario, indicó que el Estado en su conjunto debe cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar que estos espacios sean seguros y de buena calidad, otorgando concesiones a quienes en verdad cumplan con las normas establecidas y no sólo por amistades, malos manejos y falta de transparencia.

Por su parte, Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, lamentó que a dos semanas de los hechos las autoridades no hayan señalado al menos indicios de los responsables. "Con esto el Estado sólo demuestra el uso político de la justicia. Nos damos cuenta de que las procuradurías no responden a la sociedad, sino al poder político".

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