Nacional - Seguridad y Justicia
El 80% de los mexicanos cree que es fácil sobornar a un juez
Mauricio Orozco, El Periódico de México
El sistema penal mexicano está colapsado, 65% de los delitos no se denuncian y 80% de los ciudadanos piensa que puede sobornar a un juez, lo que muestra un panorama desalentador para la justicia al que acompañan la corrupción y las injusticias.
Los datos proporcionados por Enrique Ochoa Reza, director del Centro de Capacitación Jurídica Electoral del Tribunal Electoral, en el seminario "La Reforma Constitucional en Materia Penal, Sistema Penal Acusatorio", celebrado en la Facultad de Derecho de la UNAM.
En ese encuentro se urgió a pasar de un sistema penal inquisitivo escrito a uno acusatorio oral, pero esta segunda opción enfrenta resistencia entre autoridades, pese a que desde el año pasado se puso en marcha una gradual aplicación de los juicios orales en el país, tras la aprobación de una reforma constitucional.
Emilio Rabasa Gamboa, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, aseguró en el mismo foro que los procesos actuales impiden que los acusados se defiendan adecuadamente y eso conduce a inequidades, y añadió que el gobierno federal y algunos estatales aún son de la idea de que para que las cosas sean justas, primero debe haber seguridad, "pero esto es al revés, sólo la buena justicia generará estabilidad, y esto es algo que las autoridades no comprenden".
Explicó que a un año de aprobada la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, la Facultad de Derecho de la UNAM es la única institución que ha retomado el tema para ponerlo a discusión y escrutinio académico.
Pese a que muchos especialistas y jueces no están de acuerdo con este proceso, es necesario reformar el sistema para solucionar el rezago en materia penal, expuso el catedrático.
Ochoa Reza comparó de manera conceptual el sistema inquisitivo y el acusatorio, en los que las diferencias fundamentales son que en el primero se concentran en una misma autoridad las funciones de investigar y juzgar, mientras que en el segundo dichas atribuciones están divididas.
En México, explicó, el sistema penal es inquisitivo mixto y otorga mucho poder al Ministerio Público, que se sabe en una posición de privilegio y en ocasiones abusa al acusar a inocentes.
En éste, aseguró, el juez no tiene que estar en la presentación de evidencias, mientras que en el acusatorio debe estar en el desahogo de pruebas. En el primero se prefiere la escritura, en el segundo la oralidad. Además, en el inquisitivo la víctima no tiene una parte procesal importante, pero en el acusatorio forma parte de la acusación y puede hablar frente al juez y declarar su verdad.
México heredó el proceso inquisitivo de Italia, España y Alemania, que en el siglo pasado cambiaron al acusatorio, e incluso en América Latina algunos países que comparten características culturales y organizaciones jurídicas con nuestro país, también optaron por otro sistema.
En esta nación, la reforma llegó tarde debido a que la evolución democrática fue más tardada que en el resto de los estados latinoamericanos.
No obstante, en el interior de la República entidades como Chihuahua y Nuevo León ya registraban avances en este rubro desde antes de esta propuesta; sin embargo, aún hay algunos que tienen reticencias ante lo nuevo y esperan una contrarreforma, aseguró.
La corrupción que este sistema ha generado propicia que muchos de los involucrados se beneficien y se resistan al cambio, que es inminente y necesario para sanear el sistema penal, concluyó.
Este sentido coinciden miembros de la Red Ciudadana de Seguridad y Justicia, integrada por una docena de asociaciones civiles, que afirman que a un año de aprobada la reforma constitucional sobre justicia penal y seguridad pública, "apenas se ha avanzado" en la materia y continúan la delincuencia y la impunidad.
EEM
