El Supremo mexicano aplaza la revisión de 26 condenas por la matanza Acteal

México, (EFE).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México postergó hoy hasta la semana próxima la revisión de un recurso que podría desencadenar la liberación de 26 indígenas mexicanos condenados, en un proceso plagado de irregularidades, por la matanza de 45 indígenas tzotziles ocurrida en Acteal en 1997.

Un portavoz del organismo dijo a Efe que el aplazamiento pudo tener que ver con que sólo cuatro de los cinco ministros de la Primera Sala de la Corte estaban presentes en la sesión de hoy.

Sin embargo, horas antes el gobierno estatal de Chiapas, donde ocurrieron los hechos, "solicitó respetuosamente se postergue dicha resolución para garantizar la paz social" en el estado.

El gobierno chiapaneco explicó que la Fiscalía especial, creada para ir al fondo del caso, halló "nuevos datos que acreditan la probable responsabilidad de ex servidores públicos estatales y federales, así como civiles".

El recurso y el análisis del fondo del mismo se iniciará en siete días en la SCJN, cuando el ministro José Ramón Cossío Díaz presente el caso ante sus compañeros.

El aplazamiento implica que 26 condenados, de un grupo mayor de detenidos, que llevan más de diez años tras las rejas por la matanza del 22 de diciembre de 1997, permanecerán por el momento en la prisión federal de El Amate, en el estado de Chiapas, sureste del país.

El jurista del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) José Antonio Caballero, defensor de algunos de los afectados, confía en que la próxima semana queden libres "entre 15 y 20" detenidos.

En declaraciones a Efe dijo que los demás podrían tener que permanecer en la cárcel si la Suprema Corte encuentra pruebas válidas en su contra.

Por el caso de Acteal fueron detenidas un centenar de personas, y a lo largo de los años han sido liberadas más de la mitad. Las últimas liberaciones tuvieron lugar en agosto pasado, cuando el CIDE logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) dejara en libertad a 20 implicados, pero permanecen en prisión alrededor de 37.

Caballero considera que como en los casos anteriores, el argumento de fondo "es que estas personas no tuvieron un juicio" en forma, pues no hablan español y enfrentaron una "fabricación de pruebas" en su contra.

El jurista llamó la atención sobre que hay unos 37 indígenas más "desahuciados jurídicamente".

"Es gente que ya perdió todos los recursos antes de que nosotros (en el CIDE) tomáramos el asunto (...) Lo que vamos a hacer con ellos es, una vez que se ganen estos amparos, tratar de crear un recurso adicional en donde se debata que las pruebas con las que les incriminaron originalmente fueron ya invalidadas", agregó.

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