Reforma para mejorar armas para lucha contra el crimen avanza en el Congreso

Diego Moctezuma, El Periódico de México

La inseguridad es un asunto que hace temblar a la sociedad mexicana, nadie está seguro en el territorio nacional, por eso el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Víctor Humberto Benítez Treviño (PRI) informó que se preparan modificaciones a diversas leyes para modernizar el sistema de administración y procuración de justicia que permita brindar al Estado más herramientas para frenar la delincuencia.

Esto porque es urgente dotar al Estado de nuevas atribuciones que le permitan ser más eficiente en el combate a la delincuencia, por lo que impulsarán la regulación de la figura del arraigo, adecuaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, delimitar lo relativo a los testigos protegidos y precisar aspectos de la Reforma a la Ley de Salud, relativo al narcomenudeo.

Benítez Treviño, quien es experto en asuntos judiciales, en el rediseño de la aplicación de justicia se le debe dar prioridad a la prevención del delito, a través de programas que orienten y alejen a los jóvenes de la delincuencia; ya que esto podría reducir costos importantes en materia de seguridad. "En nuestro país el 67 por ciento de los delitos son cometidos por adolescentes".

Recordó que presentó un proyecto de iniciativa de ley ante el Pleno de la Cámara de Diputados para crear el Instituto Nacional de Prevención del Delito que se encargue de implentar diversos programas, apoyados por profesionales en diversas áreas, que orienten a los jóvenes.

Benítez Treviño, quien fue como procurador General de la República y del Estado de México, señaló que en su experiencia personal se debe replantear la figura del Ministerio Público, ya que tiene un exceso de facultades que deben ser delimitadas. "Es un señor de horca y cuchillo, con facultades constitucionales que tenemos que acotar".

Sobre la expedición de la Ley Federal del Secuestro, informó que al interior de la Comisión de Justicia ya se analiza la iniciativa que dejó su antecesor, César Camacho Quiroz (PRI), y que se quedó en la instancia legislativa para su análisis, discusión y posible aprobación con el objeto de que se pueda aprobar pronto.

Insistió en la urgencia de aterrizar la Reforma Constitucional del Sistema Acusatorio Penal, puesto que advirtió que en caso de no hacerlo se estaría faltando a un tema de gran prioridad, por la situación de inseguridad que atraviesa la nación. Y es que la reforma otorgó a las entidades federativas, ocho años para instrumentar sus lineamientos por lo que al finalizar esta Legislatura se tendrá que alcanzar la mitad del trabajo para implementar en su totalidad la reforma.

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