Nacional - Seguridad y Justicia
Aprueban reformas para castigar a espías de delincuencia en NL
Monterrey, (Notimex).- El Congreso del estado aprobó por unanimidad reformas al Código Penal para tipificar como delito grave labores de acecho, vigilancia y espionaje contra instituciones de seguridad o castrenses, las cuales se castigarán hasta con 15 años de prisión.
El dictamen de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública fue presentado al pleno durante la sesión ordinaria de hoy y aprobado por los 42 diputados de la LXXII Legislatura estatal, al considerarse que esto dará mayores herramientas jurídicas a autoridades locales en el combate a la delincuencia organizada.
Con las reformas a los artículos 16 bis y 192 del Código Penal de Nuevo León, se tipifica como delito el acecho, la vigilancia y cualquier otra actividad tendiente a obtener información de las instituciones de seguridad y servir a grupos delincuenciales.
"Se impondrá una pena de dos a 15 años de prisión y una multa de 200 a 400 días a quien aceche, vigile o realice actos tendientes a obtener información sobre la ubicación, actividades, operativos o en general las labores de seguridad pública, de persecución o sanción del delito, o la ejecución de penas", se precisa.
La reforma al Artículo 192, promovida la semana anterior por el ejecutivo estatal, fue aprobada en comisiones durante la mañana y de inmediato se puso a la consideración del pleno, pues busca hacer más eficaces los operativos de las autoridades al combatir a los informantes de la delincuencia organizada, también llamados "halcones".
Además, "se impondrá de un tercio a una mitad más de la sanción privativa de la libertad que le corresponda a quien utilice cualquier vehículo de servicio público de transporte de pasajeros o, por sus características exteriores, sea similar a la apariencia de los vehículos de transporte público de pasajeros", añade el dictamen.
Otra agravante considerada en el artículo 192 de Código Penal se refiere a los servidores o ex servidores públicos que hagan labores de informantes para la delincuencia organizada.
"La penas señaladas en el artículo se aumentarán de un tercio a un tanto más de la pena que le corresponda y se impondrá además destitución del cargo o comisión e inhabilitación de tres a 10 años para ocupar otro, cuando el delito sea cometido por servidores públicos o ex servidores públicos de las fuerzas armadas, instituciones de seguridad pública o procuración de justicia", apunta.
César Garza Villarreal, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, resaltó que las reformas darán mayor efectividad a los operativos realizados por el Ejército mexicano y las fuerzas de seguridad federales, estatales o municipales.
El diputado priísta Héctor Morales Rivera expuso que las modificaciones aprobadas tienen como objetivo hacer "brindar seguridad y restablecer la tranquilidad de nuestra ciudadanía".
Por Nueva Alianza, el legislador José Angel Alvarado Hernández destacó que con la reforma aprobada hoy "el Congreso del Estado participa desde la vertiente legislativa en la lucha frontal contra el crimen organizado otorgando las herramientas jurídicas para actuar en la solución de este grave mal".
VGQ
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