Mayoría de empresas de seguridad ilegales por excesiva normatividad

Antonio Ávila, El Periódico de México

Las oleadas de inseguridad en México siguen y la gente se ve en la necesidad de recurrir a empresas privadas de seguridad ante la ineficacia y corrupción que impera entre las policías nacionales, pero muchas de las compañías dedicadas a brindar seguridad se encuentran en el limbo de la legalidad por el exceso de trámites.

Un estudio del  Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) deja ver que las 8,000 compañías del sector -que genera ganancias 1% del Producto Interno Bruto (PIB)- sólo 8.2%, tienen registros de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF).

El 8.3% carecen de registro o sólo cuentan con un permiso local para operar y el 2.5%  poseen alguna certificación, especifica Armando Nava, secretario del CNSP. Dijo que esto es causado por la excesiva regulación de las empresas de seguridad privada, que sólo beneficia a firmas que operan al margen de la ley, mientras a escala federal se trabaja para homologar la normatividad en el país.

Nava deja en claro que "en México existen leyes, reglamentos, decretos, circulares federales, estatales, municipales y del Distrito Federal y todos los trámites deben duplicarse y hasta triplicarse según el número de entidades donde prestan el servicio, lo que incrementa al menos en 100% los costos por alta de elementos operativos y los pagos por equipo de seguridad".

En tanto que las reglas crear una telaraña, explica el secretario del Consejo Nacional de Seguridad Privada, "las empresas que no cuentan con un permiso federal trabajan irregularmente de una entidad a otra. Incluso, cada día aparecen y desaparecen diez empresas de seguridad privada ante la indolencia de los gobiernos estatales".

De acuerdo al documento lo expertos, sólo la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, mediante la Dirección General de Seguridad Privada, trata de homologar la normatividad de las empresas de seguridad privada "se detecta desinterés político por parte de los gobiernos estatales y municipales para unificar criterios y normatividad de operación de las formas de seguridad privada.

Insisten en que "la excesiva normatividad genera actuaciones fuera de registro y ley".

El Consejo informa que el sector que tiene un mercado valuado en millones al año, comprende actividades como control de accesos, seguridad intramuros, monitoreo de alarmas, servicios de localización vía satélite, custodia de mercancías, protección a ejecutivos y traslado de valores, entre otros.

"Se trata de un mercado ascendente dados los índices en delitos patrimoniales. Empero, las empresas líderes de seguridad privada realizan cuantiosas inversiones en el reclutamiento y selección del personal, tecnología de punta e infraestructura para combatir los actos delictivos que cada vez presentan más complejidad y sofisticación", menciona Nava.

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