Migración

Demandan a autoridades de Misisipi por quitar hija a una inmigrante mexicana

2010-08-13

La madre, Cirila Baltazar Cruz, fue despojada de su hija dos días después del parto...

Washington, (EFE).- Una organización de derechos humanos demandó a las autoridades del estado de Misisipi y a un hospital por haberle quitado a una inmigrante indocumentada mexicana su hija para entregarla en adopción a una pareja anglosajona, informaron hoy medios locales.

La demanda federal presentada por el Centro Legal sobre la Pobreza del Sureste acusa al Departamento de Servicios Humanos de Misisipi (MDHS), a dos de sus funcionarios y a un empleado del hospital de Singing River, en la localidad de Pascagoula, de "violar los derechos constitucionales" de la inmigrante al separarla de su hija basándose en "falsas acusaciones".

La madre, Cirila Baltazar Cruz, fue despojada de su hija dos días después del parto en el hospital Singing River, en noviembre de 2008, tras ser calificada como "incapacitada" por las autoridades del MDHS, según la demanda.

Esa calificación se derivó del informe de un empleado del hospital, que entrevistó en español a la madre, que apenas habla este idioma y sólo domina el chatino, una lengua indígena del estado mexicano de Oaxaca.

Según la querella, el intérprete dijo a las autoridades que Baltazar ofrecía sexo a cambio de alojamiento y que quería dar a la niña en adopción.

La niña, Ruby, pasó a la custodia de Wendy y Douglas Tynes, ambos abogados, hasta que gracias a una investigación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. fue devuelta a su madre biológica en noviembre de 2009.

"Fue una experiencia muy dolorosa para mi y para mi bebé", dijo Baltazar en un comunicado de la organización de derechos humanos. "Por eso quiero que otra gente conozca mi historia, porque no quiero que nadie más pase por esta experiencia".

EL Centro Legal solicita que los acusados paguen indemnizaciones y que la demanda se haga pública.

"El objetivo de esta querella es asegurarnos de que la ley de Misisipi se aplica de forma igualitaria y de que los derechos de los más vulnerables se protegen, algo que en este caso no ocurrió", dijo en un comunicado Michelle Lapointe, abogada de Centro.



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