Nacional - Seguridad y Justicia
La sociedad debe tomar parte en reclamos de seguridad al gobierno
Antonio Ávila, El Periódico de México
La sociedad civil mexicana debe involucrarse y exigir a todas las autoridades que cumplan con eficacia su tarea de garantizar a los ciudadanos seguridad pública y abatimiento de los altos índices delictivos, Observatorio Nacional Ciudadano de la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ONSJL).
En momentos en que el Congreso analiza una reforma dirigida a combatir a fondo el secuestro, con medidas penales más duras, Héctor Larios Santillán, coordinador general del ONSJL, dijo es necesario que las autoridades federales, estatales y municipales informen oportuna, transparente y realmente sobre las tendencias de la inseguridad en el país.
Marco en el cual, explicó, se fortalecerá la capacidad de interlocución del ONSJL entre la sociedad civil y las autoridades, "a fin de llamarlas a la rendición de cuentas y propiciar no sólo mayor transparencia, sino el mejoramiento de los resultados de las políticas desarrolladas en materia de seguridad, justicia y legalidad".
El secuestro es uno de los crímenes que más golpean a la sociedad mexicana en un marco de impunidad y corrupción policial, que permiten que más del 90% de estos delitos queden sin castigo alguno.
Los legisladores no han tomado en cuenta propuestas ciudadanas como la hecho por la Federación de Economistas Mexicanos de establecer en el país un régimen de transferencias electrónicas que acaben con el uso corriente de efectivo, con lo cual impediría que los delincuentes obtengan botines, ya que toda operación quedaría registrada y así se acabaría con el anonimato del dinero y se seguirían las pistas de los delincuentes con nombres y apellidos.
Larios Santillán afirmó que el Observatorio mantendrá en su trabajo un enfoque integral de las garantías individuales, superando con eso la falsa contradicción entre derechos humanos y seguridad, y promoviendo en cambio una atención prioritaria hacia las víctimas de violaciones a éstos.
Desde su fundación en febrero de 2009, el Observatorio Nacional Ciudadano de la Seguridad, la Justicia y la Legalidad ha trabajado en proyectos conjuntos con diversas organizaciones que comienzan a dar frutos.
El primero de ellos fue la creación de un sistema de monitoreo y evaluación de la seguridad y la justicia penal en el que participaron expertos de prestigiadas instituciones académicas y organizaciones ciudadanas. Estos indicadores, explicó, son la plataforma básica de medición con la que el observatorio busca trabajar.
Asimismo, destacó el trabajo hecho por la organización México Evalúa a partir de dichos indicadores, en los que se da cuenta del fenómeno de la inseguridad a nivel nacional y por entidad federativa, así como del desempeño de cada uno de los eslabones del sistema de justicia penal.
Entre la información que ofreció, sobresale la relacionada con los niveles de violencia que se viven en algunas regiones del país. Chihuahua y Durango, dijo, son estados que se encuentran entre las regiones más violentas del planeta. "Si Chihuahua fuera un país, sería el más violento del mundo con 74 homicidios por cada 100 mil habitantes".
Resaltó también la información sobre extorsiones, secuestros y robo con violencia: en estos tres delitos de alto impacto, se ha registrado un notable ascenso en lo que va del sexenio: 100%, 200%, y 50%, respectivamente.
En cuanto al desempeño de las instituciones de seguridad, las cifras ofrecidas son elocuentes respecto de su inoperatividad, ya que sólo 3 de cada 10 homicidios reciben una sentencia y, en promedio, sólo el 16% de las averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público se concluyen efectivamente.
La desconfianza ciudadana en las instituciones de seguridad es apabullante: solamente el 15% de los mexicanos confía en los cuerpos policíacos y 12% en los ministerios públicos.
VGQ
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