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Denuncian en Rio desalojos forzados por obras para Copa 2014
Por Luciana Bruno
RIO DE JANEIRO, (AFP) - Cientos de familias de Rio de Janeiro que alegan haber sido expulsadas de sus casas a causa de obras de vialidad para la Copa del Mundo 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, denunciaron al municipio de la ciudad ante la Justicia, informó a la AFP la Defensoría Pública del estado.
Habitantes de los barrios de Restinga, Vila Harmonia y Vila Recreio II, en la zona oeste de la ciudad y cuyas casas quedan en zonas del trazado de la carretera Transoeste, acusan además a la alcaldía de ofrecer indemnizaciones insuficientes por sus casas.
También señalan que son presionados para aceptar como alternativa financiaciones para la compra de apartamentos pequeños, distantes de los lugares donde ahora viven y trabajan.
El jardinero José Jorge Santos de Oliveira, de 51 años, se niega a abandonar su casa en Vila Recreio II, donde vive hace 16 años.
Según él, su casa vale por lo menos unos 50.000 reales (unos 32.000 dólares), pero la alcaldía sólo ofrece una indemnización de 8.700 reales (unos 5.500 dólares). La otra opción que le dejan es mudarse a un apartamento del programa habitacional público 'Mi Casa, Mi Vida' en el barrio Cosmos, lejos de su residencia actual.
"Ellos proponen que entregue mi casa de regalo a la alcaldía a cambio de firmar una financiación de otro apartamento menor y más lejos. (...) Si elijo la indemnización, los 8.700 (reales) no son suficientes para comprar otra casa", afirmó a la AFP.
Según la Defensoría, algunos de los vecinos relataron que cuando retornaban del trabajo se encontraban con sus casas demolidas con los muebles dentro. Otras personas aseguraron que son presionadas diariamente por funcionarios municipales para abandonar el lugar.
Consultada por la AFP, la Subprefectura de Barra y Jacarepaguá, responsable por los desalojos, negó las acusaciones.
La Transoeste, que con un costo de 800 millones de reales (unos 500 millones de dólares) forma parte de los proyectos para la modernización del transporte de Rio, será una vía expresa de 56 km que comunicará los barrios de Barra da Tijuca, Campo Grande y Santa Cruz (todos al oeste de Rio), según la Secretaría municipal de Obras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Brasil en marzo pasado información sobre los desalojos, tras un pedido de medida cautelar enviado al ente de la OEA en febrero por los vecinos afectados.
Por su parte, de las tres órdenes judiciales obtenidas al principio de año por los vecinos para detener las obras, sólo una está vigente ya que las otras fueron descartadas por el Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro a pedido de la procuraduría del municipio.
La suspensión de los trabajos en Vila Recreio II, que alberga a 140 familias, exige que la alcaldía presente el proyecto de la obra y justifique la necesidad de desalojo, "presentando alternativas de reubicación que atiendan los intereses de la comunidad", según la resolución judicial.
Según la secretaría municipal de Vivienda, de las 629 familias de los nueve barrios afectados por el proyecto, 129 ya firmaron contratos de financiación para la compra de apartamentos y 203 recibieron indemnizaciones que promedian los 24.000 reales (15.000 dólares).
La secretaría defiende el valor ofrecido en las indemnizaciones, destacando que la tasación del inmueble toma en cuenta las reformas realizadas por los dueños. Sin embargo para la defensoría, las familias también tienen el derecho constitucional de poseer el terreno, ya que algunas de ellas viven en el lugar desde hace más de 40 años.
Para la relatora de la ONU de Derecho a la vivienda adecuada, Raquel Rolink, en Rio de Janeiro vienen realizándose intervenciones urbanas sin respetar la legislación, bajo el argumento de que tienen que ser concluidas rápidamente para recibir los eventos deportivos.
"Está siendo creado un estado de excepción. (Las obras) no están obedeciendo los procesos naturales de planificación urbana, lo que torna a los barrios afectados muy vulnerables", dijo Rolink a la AFP.
JOR
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