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Ley antiinmigrante impacta de inmediato vida en Alabama
Miami. (Notimex).- La aplicación de la ley antiinmigrante HB56 de Alabama este jueves impactó de inmediato la vida en esa entidad, al generar repercusiones en áreas como la seguridad pública, la educación, la agricultura y la construcción, entre otras.
Alabama se convirtió el jueves en la primera entidad estadunidense en aplicar una ley estatal para regir asuntos de inmigración, un ámbito que hasta ahora había quedado exclusivamente bajo la responsabilidad del gobierno federal.
La ley entró en vigor un día después de que la juez federal Sharon Lovelace Blackburn permitiera a las autoridades de Alabama aplicar algunas de las partes más controversiales de la ley, al tiempo que mantuvo la suspensión impuesta a otros aspectos de la legislación.
La ley HB56, descrita como la más estricta ley antiinmigrante concebida hasta ahora en Estados Unidos, permite a las autoridades de Alabama tratar de determinar el estatus migratorio de una persona que se sospecha sea un extranjero no autorizado a estar en el país, sin existir causa alguna previa.
El nuevo estatuto convierte también a Alabama en el primer estado del país en exigir a las escuelas públicas revisar el estatus migratorio de los alumnos que se inscriban en ellas.
Esta facultad ha tenido una fuerte repercusión a lo largo del jueves y el viernes en las escuelas públicas de Alabama, aseguró en entrevista telefónica con Notimex Ray López, profesor de historia en la secundaria Buttler High School en Huntsville.
"Hay un miedo muy fuerte, un nerviosismo entre los padres de familia que temen que detengan a sus hijos o que los detengan a ellos cuando salgan a dejarlos a las escuelas. Algunos tienen miedo de salir de sus casas hasta para ir a comprar el mandado al supermercado", indicó.
El profesor de origen puertorriqueño estimó que hasta 40 por ciento de los 600 estudiantes que asisten a su escuela no se presentaron a clases el jueves y un porcentaje ligeramente menor se ha mantenido también este viernes alejados del plantel.
"Lo que está pasando en esta escuela se está dando en forma generalizada en las escuelas de Alabama", aseguró López.
La situación motivó a Casey Wardynski, superintendente del Distrito Escolar de Huntsville, uno de los más grandes de Alabama, a difundir anoche una entrevista que le hizo el propio profesor López para tratar de despejar los temores de los padres de familia.
En la entrevista, que fue colocada en el popular sitio de videos de internet YouTube, Wardynski aseguró que la ley no afectará a aquellos alumnos que ya están inscritos en las escuelas públicas de Alabama.
El funcionario explicó que la nueva ley de inmigración sólo requiere a las escuelas públicas recabar "información estadística de cuántos estudiantes tienen un certificado de nacimiento estadunidense y cuántos no".
"Es la única función de la ley" en el ámbito educativo, afirmó Wardynski, y sostuvo que las escuelas no serán patrulladas o vigiladas por policías.
Según la HB56, cada distrito escolar deberá reportar el número de alumnos inscritos que no sean ciudadanos estadunidenses al Departamento de Educación Estatal de Alabama.
Las autoridades estatales planean usar los datos para analizar los costos de educar a estudiantes extranjeros e indocumentados, y los efectos de esto en los alumnos estadunidenses. El Departamento de Educación turnará los resultados a la legislatura estatal.
En la entrevista con Notimex, López cuestionó el uso que las autoridades de Alabama pudieran dar a las "estadísticas" que recabarán sobre el estatus migratorio de los alumnos.
"¿Para qué las necesitan, para qué las quieren? Para mí esta es una medida racista. Soy profesor de historia y lo que estamos viendo aquí es consistente con otros episodios registrados en Alabama durante la segregación en la década de los sesentas", afirmó.
Una coalición de 39 organizaciones hispanas y de derechos civiles interpuso ayer mismo una apelación para tratar de bloquear la decisión de la juez Lovelace.
"Esto está teniendo un efecto increíblemente aterrador en los niños y sus padres", dijo Mary Bauer, directora de asuntos legales del Centro Legal para la Pobreza del Sur, una organización no gubernamental que combate las distintas formas de racismo y discriminación.
El comisionado del Departamento de Agricultura e Industrias de la entidad, John McMillan, dijo que algunos agricultores temen que sus cultivos de calabaza y otros vegetales se pierdan si los trabajadores migrantes dejan la entidad o evitan ir a Alabama por temor a que sus hijos sean usados como herramienta de deportación en las escuelas.
También Jay Reed, presidente de la Asociación de Constructores y Contratistas de Alabama, advirtió que existe el temor entre las compañías constructoras de sufrir retrasos en sus proyectos ante una posible falta de mano de obra por la ausencia de obreros migrantes.
La construcción es una actividad en auge en Alabama, al existir fondos federales y estatales para la reconstrucción de miles de viviendas y edificios que fueron dañados por la racha de tornados registrados en abril y mayo pasados.
"La pregunta ahora es, ya que la ley ha sido aprobada y está en efecto, ¿quién va a llenar todos estos trabajos de mano de obra intensiva?", cuestionó Reed.
Las nueva ley antiinmigrante obliga también a los funcionarios y jueces de condados a verificar el estatus migratorio de las personas que soliciten registrar sus vehículos y obtener las placas de circulación para los mismos, a fin de impedir que el trámite pueda ser realizado por un inmigrante indocumentado.
El pasado lunes, las autoridades lanzaron el sistema Al Verify, un banco de datos al que se podrá tener acceso por internet para verificar mediante la licencia de conducir y la fecha de nacimiento el estatus legal de la persona que está adquiriendo o renovando el registro de su vehículo.
KC
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