Internacional - Población
Mapuches niegan responsabilidad en incendio y siguen ataques en el sur de Chile
Por Roser Toll, AFP
SANTIAGO - La Coordinadora Arauco Malleco (CAM), un grupo radical mapuche al que el gobierno apunta como responsable del incendio que dejó siete brigadistas muertos, negó este martes su responsabilidad en el siniestro ocurrido en el sur de Chile, donde seguían registrándose incidentes entre encapuchados y la policía.
"Frente a las acusaciones emitidas por personeros del actual Gobierno y parlamentarios de derecha señalamos, enfáticamente, que la CAM no tiene relación alguna con los hechos ocurridos en el Fundo Casa de Piedra en Carahue", indicó un comunicado de la CAM, emitido en un blog del movimiento mapuche, y que fue citado por varios medios locales.
El incendio se registró el jueves en un fundo de Forestal Mininco en la comuna de Carahue, en la región de La Araucanía, a unos 700 km al sur de Santiago.
La empresa denunció que el incendio fue intencional, mientras que el gobierno apuntó directamente sus sospechas a la CAM, que se ha adjudicado otros ataques incendiarios en la misma región, donde se asientan la mayoría de las comunidades mapuches que reclaman la restitución de tierras por derechos ancestrales.
"Reivindicamos dicho predio como territorio ancestral mapuche usurpado por el empresariado forestal, razón por la cual responsabilizamos a éstos como los únicos causantes de esta tragedia", que dejó siete muertos, añadió el comunicado firmado por Héctor Llaitul, vocero político de la CAM y quien cumple una condena de 14 años de prisión por atacar a un fiscal en 2008.
Tras conocer el comunicado, el portavoz del Gobierno, Andrés Chadwick, señaló que éste dejaba de manifiesto que la CAM "existe, tiene una organización, tiene sus dirigentes, tiene su acción".
"Algunos incendios los reivindica, y (en) otros dice que no participa", agregó el portavoz.
Chadwick aseguró además que "el gobierno tiene la responsabilidad ineludible de ver qué ocurrió, pedirle a la justicia que determine quiénes son y garantizar la seguridad y el orden en todo el país".
"Nada que ver con el pueblo mapuche, sino contra quienes resulten responsables de un crimen", agregó el portavoz, matizando la acusación contra mapuches lanzada anteriormente.
Inmediatamente después de confirmar la muerte de los siete brigadistas, el presidente Sebastián Piñera afirmó que en el siniestro hubo "intencionalidad criminal" y conductas de "naturaleza terrorista".
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, apuntó directamente sus sospechas hacia la CAM y luego presentó contra los presuntos autores una querella por ley antiterrorista, que endurece las penas respecto a la legislación ordinaria.
La aplicación de esta normativa encendió los ánimos en la región de La Araucanía, donde se encuentran unas 2,000 comunidades mapuches, cada una con sus dirigentes y sus reivindicaciones propias.
Durante el fin de semana se registró un ataque a un predio privado y comunidades mapuche denunciaron un violento allanamiento policial. La casa de un dirigente mapuche fue también quemada.
Este martes, en tanto, un grupo de entre 10 y 12 encapuchados instaló barricadas en la ruta Panamericana, a la altura del km 681, quemando neumáticos y cortando el tráfico, confirmó a la AFP el subprefecto de la policía regional, Alex Cerda.
Según Cerca, los encapuchados lanzaron piedras y disparos de escopeta, mientras que la policía repelió los ataques con perdigones de goma y gas lacrimógeno, en enfrentamientos que dejaron dos policías heridos.
El grupo huyó luego en dirección a una comunidad mapuche, donde fueron detenidas dos mujeres por "oponerse a la acción de Carabineros" y por daños a equipos de comunicación de la policía, relató Cerda.
En tanto, congresistas opositores anunciaron que pedirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que evalúe la ley antiterrorista que invocó el gobierno.
En agosto pasado, la CIDH denunció ya a Chile ante la Corte Interamericana por el caso de varios líderes indígenas mapuches que fueron condenados por actos terroristas en juicios que adolecieron de irregularidades.
En esa ocasión, se determinó que el Estado chileno violó derechos de los indígenas, procesados "sin efectuar distinciones entre el contexto más general de reivindicaciones legítimas del pueblo indígena caracterizado por diversas formas de protesta social".
ROW
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