Internacional - Población
Discapacitados en Bolivia dispuestos a morir por sus demandas sectoriales
José Arturo Cárdenas
"Estamos dispuestos a morir", dice Sandro Arnez, de 33 años, diabético, epiléptico y leucémico, sin tratamiento médico y apostado a una manzana de la Plaza de Armas, en La Paz, junto a decenas de discapacitados que piden al gobierno de Evo Morales que atienda sus demandas.
"El lunes me costuré la boca, he convulsionado un poco, pero como ven, sigo en pie, amo la vida, como Dios nos la dio, es linda la vida, pero quien nos obliga a tomar estas medidas es el gobierno, que quiere que muramos así y lo vamos a hacer", dice Arnez a la AFP en medio del llanto.
Está en una silla de ruedas, sin una pierna. En su boca tiene rastros de sangre, tras haberse cosido los labios un día antes. Es de barba rala y tiene un gorro de lana para afrontar el frío de La Paz, adonde llegó la semana pasada desde los valles de Cochabamba, junto a una caravana de discapacitados.
Varias decenas de discapacitados comenzaron una marcha en noviembre del año pasado desde la ciudad de Trinidad (noreste), luego fueron a Santa Cruz (este) y Cochabamba (centro) con su demanda de una bonificación anual de 4.600 bolivianos (unos 498 euros ó 660 dólares), más una ley de inclusión y beneficios adicionales. Recorrieron unos 1.400 kilómetros, a pie, en sillas de ruedas y algunos trechos, los más agrestes, en automóviles. Hay hombres, mujeres, ancianos y hasta niños con alguna deficiencia mental entre los manifestantes.
Cuando llegaron a La Paz el jueves, se enfrentaron con la policía en su intento de llegar a la Plaza de Armas, donde fueron rechazados con gases lacrimógenos y hubo cuatro detenidos.
El gobierno denunció que algunos discapacitados e "infiltrados" atacaron con palos y piedras y quebraron parabrisas de vehículos policiales.
Desde el jueves están en carpas de lona a una manzana de la Plaza de Armas, donde los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen sus sedes. Viven estos días en la calle junto a sus familiares y vigilados por decenas de policías que les impiden llegar a la plaza principal. La situación de todos es precaria, pues algunos están en huelga de hambre.
"Sí, mi salud está deteriorada, pero qué vamos a hacer, que la gente se ponga en mi lugar", señala Arnez, quien en 2004 sufrió un accidente de tráfico que le dejó inconsciente tres meses. Cuando despertó, no tenía una pierna. Al poco tiempo, le detectaron diabetes y leucemia. Arnez "necesita urgentemente medicamentos para su diabetes, epilepsia y leucemia, necesita tratamiento de quimioterapia", señala a la AFP el médico voluntario William Aguirre, quien dice que "corre riesgo" de morir.
En una jaula metálica en la misma calle de La Paz, simulando vivir en una prisión por su enfermedad, está la indígena aymara Florentina Cusi Laura, de 47 años, quien no camina desde niña y dice sufrir la discriminación hasta de sus propios familiares. "Yo no camino, no tengo trabajo, he sido maltratada, estoy en silla de ruedas", señala Cusi. Habla en voz baja, solloza cuando cuenta su drama.
"La situación es dramática aquí, la gente está mal", explica por separado Ligia Pinto, dirigente de la ONG Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDDHB), quien urge al gobierno de Morales a dialogar para buscar un acuerdo y superar las protestas.
El poder Ejecutivo ha reiterado en los últimos días que las demandas de los discapacitados, como la bonificación para las personas con lesiones graves y muy graves, son inatendibles, aunque ha señalado que hizo aprobar una ley en el Congreso que define marcos generales para atender las demandas del sector.
La presidenta del Senado, la oficialista Gabriela Montaño, llamó a los dirigentes de los discapacitados a no poner en riesgo la vida de sus demás compañeros. "Todos los bolivianos y bolivianas tenemos el derecho de hacer nuestros reclamos, de reivindicar nuestros derechos, pero esos reclamos no pueden estar en contraposición con los derechos constitucionales y uno de ellos es el derecho a la vida", señaló.
Unos discapacitados bolivianos mantienen su protesta para demandar una bonificación anual de 4.600 bolivianos, más una ley de inclusión y beneficios adicionales, este martes 28 de febrero en una calle de La Paz.
KC
