Internacional - Población
Indígena protestan contra minería a gran escala en Ecuador
Gonzalo Solano
QUITO (AP) Los miles de indígenas y otros sectores que marcharon el jueves por Quito para rechazar proyectos de minería intensiva avalados por el gobierno, pusieron en evidencia la contradicción con la imagen que el presidente Rafael Correa ha exhibido en cuanto a la protección de la amazonia.
Desde 2007 Correa apareció ante la comunidad internacional con un novedoso plan que buscaba recaudar donaciones a cambio de preservar una reserva amazónica rica en reservas petrolíferas y, al promover una nueva Constitución para el país, incluyó artículos que defienden los derechos de la Madre Tierra.
Sin embargo, los líderes indígenas le increpan que no tuvo empacho en autorizar que una empresa china explote durante 25 años un yacimiento de cobre y otros minerales en una reserva que consideran parte de sus territorios ancestrales.
"Venimos a decir al presidente que no somos ignorantes, que sabemos lo que está haciendo con la explotación minera... queremos defender la tierra, la selva", afirmó a The Associated Press el dirigente de la etnia shuar, Tzamarenda Naychapi.
Al final de la tarde, decenas de personas que acompañaban la marcha indígena protagonizaron refriegas cuando la policía impidió que avanzaron a la Asamblea. Con piedras y palos chocaron contra los uniformados, que usaron gases lacrimógenos para repelerlos. La policía informó de cuatro efectivos heridos en los incidentes.
Más temprano, mientras miles de manifestantes contrarios a la explotación minera a gran escala en el país recorrían las calles de Quito, incluidos unos 1.200 indígenas que desde el 8 de marzo recorrieron casi 700 kilómetros desde El Pangui, una aldea cercana al sitio donde la minera china Ecuacorriente fue autorizada para emprender la explotación a cielo abierto; en un acto que congregó a miles de partidarios, Correa y sus ministros defendían la minería a cielo abierto.
"La nueva minería es responsable sin dañar la naturaleza", expresó el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, a los simpatizantes del gobierno que debieron ser desalojados pacíficamente por la policía del parque donde se desarrolló el mitin para que lo ocuparan la protesta en contra de esa actividad.
Cordero fue horas después, el primer funcionario de alto rango que recibió una delegación de líderes indígenas, quienes le exigieron acelerar el trámite de leyes que redistribuyen tierras y agua, ya que uno de los reproches que formulan es que apresuran las concesiones que benefician a mineras internacionales en vez de favorecer a las comunidades locales.
Uno de los más altos dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Delfín Tenesaca, dijo a la AP que "queremos detener el entreguismo de nuestros recursos naturales a las transnacionales mineras chinas".
"Queremos la redistribución de la tierra y el agua, el estado tiene una gran deuda con los indígenas con respecto a tierras, (mientras) a los mineros les ha entregado 4 millones de hectáreas y a los campesinos nos han dado 11.000 hectáreas, por eso estamos movilizados", añadió.
El presidente de CONAIE, Humberto Cholango, añadió que "el gobierno ha roto la constitución cuando ha autorizado la minería a gran escala en una zona protegida de la selva de nuestro país, estamos dispuestos a luchar para defender nuestra Madre Naturaleza".
Los señalamientos ponen en entredicho el discurso con el que Correa presentó mundialmente el proyecto ecológico Yasuní-ITT, con el que aspira a recolectar donaciones por 3.600 millones de dólares a cambio de no permitir que sea explotado un yacimiento en el que se estima hay al menos 846 millones de barriles de petroleo en medio de una pristina reserva amazonica.
El catedrático y analista de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Julio Echeverría, comentó que la contradicción en la que incurre Correa "está presente en la Constitución que otorgó derechos a la naturaleza y por otro lado dispone un modelo económico que apunta necesariamente al extractivismo".
La Carta Magna aprobada en el 2008 por una Constituyente dominada por el oficialismo, confiere derechos a la naturaleza y manda a evitar actividades que puedan generar la destrucción ambiental y la extinción de especies.
Sin embargo, Echeverría señaló que como el gobierno requiere fondos para mantener "una política expansiva de gasto público... ahora requiere explotar los recursos naturales por (conseguir) más fondos".
Julio Oleas, un analista económico, explicó a la AP que la decisión de explotar la minería a gran escala también "es una forma de entender cómo puede financiar las necesidades de crecimiento del país en el mediano plazo".
El sociólogo Jorge León consideró que "la marcha indígena fue un éxito porque pudo realizarse pese a las dificultades... y porque puso en escena pública a un grupo contradictor a Correa, puso en escena a un discurso legítimo para cuestionar... la minería".
En el discurso a sus seguidores, Correa aseguró que está dispuesto a dialogar con los dirigentes indígenas. Aunque dijo que lo haría "con la gente bien intencionada, sana, para eso no necesitan marchas, siempre estamos dispuestos al diálogo".
KC
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