Internacional - Población
El gobierno de Bolivia afronta una semana social caliente con huelgas y paros
Raúl Burgoa
El gobierno boliviano se apresta a vivir una semana social de alto voltaje con la reanudación este martes de una huelga de médicos, un paro de la central única de trabajadores COB por mejores salarios y la amenaza de un incremento unilateral de tarifas del transporte público.
Ante la proliferación de conflictos, el gobierno del presidente Evo Morales llamó al diálogo a los sectores involucrados y el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, declaró ilegales las huelgas que no cumplan previamente con una instancia de negociación, como exige la legislación laboral.
Los médicos de la red pública de salud se resisten a cumplir un decreto que eleva de 6 a 8 horas su jornada laboral, que entrará en vigor el martes. El personal paramédico, también afectado por la medida, expresó el lunes su rechazo a la medida gubernamental manifestándose en el centro de La Paz.
La huelga médica "es criminal porque va en contra de los pacientes, de los enfermos terminales", cuestionó el ministro Santalla, que amenazó con despedir a los médicos que se ausenten más de seis días de sus puestos de trabajo, de acuerdo con lo que marca la ley laboral.
Pese a esa advertencia, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Alfonso Barrios, ratificó "la huelga general indefinida a partir del día de mañana (martes) desde las cero hora".
Barrios anunció que el sector no negociará nuevamente con las autoridades de Salud y manifestó que de ahora en adelante, únicamente aceptarán reunirse con el presidente Morales en pos de una solución al conflicto.
En otra arista de la turbulencia social, la Central Obrera Boliviana (COB) ratificó para el miércoles una huelga de 24 horas en demanda de un salario mínimo mensual de 8.000 bolivianos (891 euros ó 1.150 dólares), ajuste que multiplica por diez el índice actual de 813 bolivianos (90,6 euros).
La dirección de la COB abandonó abruptamente el lunes una reunión en el Ministerio de Trabajo convocada por el gobierno, en la que participaban también delegados de la Confederación de Empresarios Privados (CEPB), en un intento por acercar posiciones con relación a un ajuste salarial en 2012.
"No vamos a discutir los términos del aumento salarial con quienes siempre han sido nuestros enemigos" (los empresarios), dijo el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Trujillo, al abandonar la reunión desconcertado por la presencia de los empresarios en el ministerio de Trabajo.
Santalla dijo que la huelga de la COB es ilegal y anunció sanciones para quienes se adhieran a la medida. "Si quieren penalizar, que alisten carceletas a nivel nacional, no vamos a claudicar y, al contrario, llamamos a la unidad de los trabajadores del país para resistir esta vulneración a los derechos de los trabajadores", replicó Trujillo.
La situación social podría ponerse al rojo vivo si además los chóferes de autobuses deciden unilateralmente este martes en una reunión del sector aumentar las tarifas del transporte público. "Cada año hay aumento de salarios para el sector laboral y jamás se ha tomado en cuenta al sector de transporte", se quejó Sixto Sandi, secretario de conflictos de la Confederación de Chóferes de Bolivia.
Ante la posibilidad de ajuste tarifario, el presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, Arturo Quispe, anunció que los vecinos "estamos organizados para, en cualquier momento, rechazar el aumento que (los chóferes) quieren aprobar".
Frente a este panorama, el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, advirtió de que "hay un límite (en las protestas) y nuestra misión es que las carreteras estén con flujo normal y las actividades (laborales) sean normales".
KC
