Migración

La Corte Suprema de EU se enfoca en el chequeo de estatus de la ley de inmigración de Arizona

2012-04-26

La cuestión en el tribunal era determinar si la ley de Arizona interfiere con la ley...

Por JESS BRAVIN y BRENT KENDALL, WSJ

WASHINGTON—Varios jueces de la Corte Suprema dijeron que no veían problemas legales en la parte central de la dura ley contra los inmigrantes indocumentados de Arizona, pero algunas estipulaciones de la ley fueron vistas con más escepticismo en los debates del miércoles.

En una sesión que se excedió en 20 minutos sobre el tiempo estipulado, los jueces se centraron en una parte de la ley que requiere que los policías comprueben el estatus de inmigración de cualquier persona que paren, si sospechan sobre el derecho de esa persona de estar en Estados Unidos.

Varios jueces dijeron que no entendían la diferencia legal entre chequear el estatus migratorio de una persona en el momento y la codificación de eso en una ley general, dado que la ley federal ya de por sí exige al gobierno federal responder a las preguntas de los oficiales de los estados sobre el estatus de inmigración de una persona.

El juez presidente, John Roberts, dijo que el fragmento de la ley simplemente exigía a los oficiales de los estados notificar al gobierno federal si detienen a un inmigrante indocumentado y estaba en manos del gobierno decidir si toma acciones contra esa persona. Roberts dijo que no podía entender cómo eso podía interferir en el criterio federal sobre la ley de inmigración.

La cuestión en el tribunal era determinar si la ley de Arizona interfiere con la ley federal, ya que ambas partes están de acuerdo en que el gobierno central goza de primacía en las cuestiones de inmigración.

El procurador general Donald Verrilli, en representación del gobierno de Barack Obama, afirmó que la estipulación de comprobación del estatus migratorio, combinada con otras provisiones de la ley de Arizona, socava las políticas federales de inmigración legisladas por el Congreso.

Además de los chequeos de estatus migratorios, la ley de Arizona de 2010 penaliza la búsqueda de trabajo de los inmigrantes sin permiso de trabajo, autoriza a la policía a detener a cualquier ciudadano extranjero de quien sospechen que ha cometido una ofensa digna de deportación y convierte en delito que los extranjeros no lleven consigo los documentos de registro.

Fuera de la Corte Suprema, había gente a favor y gente en contra de la ley.

"Es un insulto, un insulto sin paliativos, que el gobierno federal demande a un estado por hacer un trabajo que el propio gobierno federal se niega a llevar a cabo", opinó Paul Shoemaker, un jubilado de Vienna, Virginia.

Si la corte ratifica la ley, "sería prácticamente una decisión histórica que legalizaría la discriminación y el hostigamiento", dijo Frank Sharry, junto a un grupo de manifestantes que se oponían a la ley.

Las cortes federales han bloqueado la ley de Arizona. Pese a ello, medidas similares han aparecido en Alabama y en otros estados.

Los defensores de la ley de Arizona sostienen que han intentado reducir la población indocumentada en el estado. Dicen que la ley es un éxito porque muchos inmigrantes sin papeles se han ido de forma voluntaria.

El martes, el ex senador estatal de Arizona y arquitecto de dicha ley, declaró ante una comisión del Senado que "la invasión de extranjeros ilegales a la que nos enfrentamos hoy —delincuentes condenados, carteles de la droga, miembros de pandillas, traficantes de humanos e incluso terroristas— representa una de las mayores amenazas a nuestra nación".

Los críticos dicen que la imagen del estado ha sido perjudicada, y algunos grupos han cancelado convenciones entre los llamados a boicotear a Arizona. Pearce perdió su escaño en una votación el año pasado.

La decisión probablemente se tomará en los últimos días de junio.

El año pasado, la Corte Suprema ratificó otra ley de Arizona que permitía el cierre de empresas que repetidamente contrataban a inmigrantes indocumentados. A pesar de las objeciones del gobierno de Obama, la Cámara de Comercio de EE.UU. y los sindicatos laborales, la corte votó cinco votos a favor y tres en contra de que el Congreso había dado a ciertos estados autoridad para quitar las escrituras de constitución de las empresas y otros permisos esenciales con el fin de castigar a los empleadores por violar las leyes de inmigración.



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