Militares desalojan a campesinos hondureños en conflicto por tierras

Orlando Sierra / AFP

Más de 1.000 soldados y policías desalojaron pacíficamente este jueves a más de 600 campesinos de la finca Los Laureles en el Valle del Aguán, noreste de Honduras, escenario de un conflicto por tierras, que deja 81 muertos en tres años, denunciaron fuentes del movimiento agrario.

Los militares y policías "nos cercaron, no nos dejaban salir y tuvimos que hacerlo por unos solares", dijo a la AFP Juan Orellana, dirigente del Movimiento de Recuperación Campesino del Aguán (MARCA).

Orellana relató que policías y militares bien pertrechados irrumpieron, incluso sobrevolando en helicópteros a baja altura, en la finca situada en la periferia de la ciudad de Tocoa, 600 km al noreste de la capital, y destruyeron las viviendas improvisadas con lonas, plásticos y hojas de palmeras.

"Habíamos estado solicitando la orden de desalojo y fue entregada hace 15 días", afirmó a radio Globo, Róger Pineda, portavoz del latifundista propietario de la finca, Miguel Facussé.

Los campesinos se instalaron el 19 de julio en la finca de 529 hectáreas, cultivada de palma africana, propiedad del influyente agroempresario, haciendo huir a decenas de guardias.

Siete días después, desconocidos mataron a tiros a un miembro de MARCA, Israel García, de 37 años, mientras montaba guardia en los alrededores de la finca. Los campesinos culparon a los guardias de los terratenientes de la muerte.

"Cuando (los militares y policías) se vayan volvemos" a tomar la finca, advirtió Orellana y añadió que la tierra es de los campesinos que fueron desalojados "ilegalmente" en 1992 en una transacción entre el terrateniente y una cooperativa agrícola.

Explicó que ese año Facussé se comprometió a pagar 57 millones de lempiras (unos 10 millones de dólares en ese entonces), "pero solo pagó siete millones" (1,2 millones USD) a los directivos de la cooperativa pese a la oposición de los miembros.

"Nos amenazaron que nos iban a matar porque nos oponíamos y ¿qué tuvimos que hacer?: ceder; pero prácticamente (Facussé) se robó la finca y tenemos que recuperar lo que es nuestro", subrayó Orellana.

Un total de 81 muertos -entre campesinos, guardias y empleados de los terratenientes- han dejado desde hace tres años los choques entre latifundistas productores de palma africana y agricultores sin tierra que reclaman parcelas para cultivar en varias fincas.

El 16 de agosto, las autoridades policiales y militares iniciaron un veda de portación de armas en la zona, en virtud de un decreto que emitió el gobierno del presidente Porfirio Lobo para pacificar la zona.

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