Qué es un soborno y qué no, según EU

Por JOW PALAZZOLO y CHRISTOPHER M. MATTHEWS, WSJ

En el competitivo mundo de los negocios internacionales, a veces una taza de café es simplemente una taza de café. Esta y otras directrices forman parte de una guía presentada por el gobierno de Estados Unidos sobre las prácticas que podrían llevar a las empresas a violar una extensa ley que prohíbe los sobornos en el extranjero.

El documento de 130 páginas es el intento más exhaustivo del Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE.UU. de responder a quejas de compañías de que las ambigüedades de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero las han obligado a abandonar negocios en países de alto riesgo y a gastar millones de dólares en investigaciones internas.

En la última década, las autoridades han desempolvado la ley que data de la era de Watergate y la han usado para extraer miles de millones de dólares en multas de decenas de grandes empresas. Por su parte, la Cámara de Comercio de EE.UU. y otros han ejercido presión para modificar la ley con más protecciones para las compañías.

La guía ofrece consejos pragmáticos, en particular en un área de gran preocupación para los departamentos de cumplimiento de normativas de las empresas: regalos, viajes y entretenimiento. "Es difícil imaginar una situación en la que la provisión de tazas de café, tarifas de taxi o artículos promocionales de valor nominal de la compañía evidencie una intención corrupta", afirma el documento. Lo mismo sucede con "un pequeño regalo o muestra de aprecio o gratitud". En cambio, financiar un viaje de cumpleaños de US$12.000 con visitas a bodegas de vino para un funcionario no es aconsejable, señalan las agencias.

A grandes rasgos, la guía aclara posturas que el gobierno mantenía desde hace tiempo y evita pronunciarse sobre políticas rígidas. No obstante, abogados y la Cámara de Comercio recibieron con los brazos abiertos las preguntas hipotéticas del memorando y los ejemplos sobre cómo las empresas evitaron procesos judiciales.

El documento explica, por ejemplo, qué hacer si una empresa descubre pruebas de posibles sobornos de una empresa que acaba de adquirir. La respuesta corta es detener el soborno, reportarlo al gobierno e implementar reformas en la firma comprada. Las agencias del gobierno indican que una compañía que siga estos pasos probablemente no será enjuiciada.

Sin embargo, rechazan los pedidos de la Cámara de Comercio y otros de ofrecer protección para todas las empresas compradoras y advierten sobre "circunstancias inusuales" no estipuladas en la guía que podrían conducir a cargos penales.

La Cámara de Comercio ha hecho lobby para que se modifique la ley para precisar lo que constituye un soborno y exactamente a quién está prohibido hacer pagos. Sin dicha clarificación, las compañías gastan enormes sumas investigando si gastos aparentemente inofensivos de sus empleados infringen la ley, afirma el grupo.

Uno de los mayores debates entre los detractores de la ley y el gobierno es la definición de "funcionario extranjero". Los demandados en varios casos judiciales han argumentado que los empleados de empresas estatales no cuentan como funcionarios extranjeros bajo esta ley. No obstante, el Departamento de Justicia y la SEC apuntan en el documento que esos individuos pueden ser considerados como tales, una postura que los fiscales han sostenido en los tribunales.

De todas formas, la reacción de la Cámara de Comercio al memorando fue en general positiva. Asimismo, grupos de defensa de gobierno corporativo, que se han opuesto a la campaña de la cámara, elogiaron el documento.

En respuesta a las quejas sobre las partes más difusas de la ley, fiscales y reguladores han señalado que la gran mayoría de casos que han iniciado incluyeron una enorme cantidad de pruebas de soborno. Desde 2009, se han llevado a cabo más de 50 acuerdos extrajudiciales y declaraciones de culpabilidad negociadas, generando más de US$2.000 millones en multas. En 2008, Siemens AG pagó la mayor suma hasta la fecha, US$800 millones, por otorgar millones de dólares a funcionarios extranjeros para ganar contratos gubernamentales.

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