Reportajes
Ojo por ojo: justicia en el México profundo
Por Simon Gardner, Reuters
EL MEZON, México (Reuters) - Empuñando machetes y viejas escopetas, un grupo de hombres enmascarados escolta a una decena de prisioneros hasta una cancha de baloncesto para enfrentar un "juicio" público por presuntos lazos con bandas criminales.
Esto es justicia como en el Lejano Oeste, pero al estilo mexicano.
Hartos de las incesantes extorsiones, secuestros y robos impulsados por la ola de violencia del narcotráfico en México, granjeros, tenderos y otros habitantes de la región montañosa del sureño estado de Guerrero están tomando la ley en sus manos como "policía comunitaria".
Tanto las policías estatal y federal, al igual que el Ejército, los dejan operar, instalando puntos de inspección a las entradas de los pueblos, pero no se aventuran más allá.
Con las caras cubiertas por playeras con hoyos para los ojos y nariz, decenas de hombres armados custodiaban el jueves la pequeña plaza central del pueblo El Mezón, en donde más de 50 prisioneros fueron exhibidos en público, acusados de crímenes como asesinato, violación y robo.
No se presentó ninguna evidencia real en su contra.
La justicia por mano propia resalta el serio dilema que enfrenta el nuevo presidente Enrique Peña Nieto, quien se comprometió a modificar la estrategia de combate frontal a los cárteles de la droga, cuya violencia cobró la vida a unas 70,000 personas en seis años.
Peña contempla la creación de una gendarmería nacional, integrada por ex militares, que remplazaría a las fuerzas armadas que actualmente están desplegadas por el país, pero hasta entonces, las tropas seguirán en el campo para contener la violencia.
Muchos mexicanos confían poco en las fuerzas policiales y el sistema de justicia del país, y en este remoto rincón, los pobladores están asumiendo el rol.
Uno de los pistoleros que custodiaba a los presuntos criminales el jueves ocultaba su rostro dentro de una máscara de lucha libre, mientras que otro llevaba una capucha del Hombre Araña y una escopeta al hombro.
En grupos de cinco, los acusados eran presentados ante cientos de espectadores.
Un grito de horror colectivo se escuchó cuando un hombre fue acusado de asesinar y descuartizar a sus víctimas, un sello característico de los crímenes de los cárteles de la droga. El, con una sonrisa impasible, se quedó viendo a la multitud.
Algunos líderes locales dieron testimonio de cómo ellos mismos fueron secuestrados por los acusados. Las sentencias serán dictadas más adelante, dijeron los organizadores.
"Mucha gente vio cuando me agarraron. Me acariciaban el hombro, y me decían que me iban a matar. En mi mente estoy muerto, no he sabido superarlo", dijo a la asamblea un comandante de la policía comunitaria.
EXTORSIONES Y SECUESTROS
Las comunidades en las montañas al este del famoso balneario de Acapulco, que hoy en día está golpeado por la violencia de las pandillas, dicen que la policía está frecuentemente aliada con los criminales, no hacen nada sobre los delitos que les son reportados y suelen pedir sobornos.
La extorsión se ha disparado en Acapulco y sus alrededores en los últimos cinco años, luego de que dos cárteles de narcotraficantes se enfrentaron y uno se fragmentó, creando pequeñas pandillas y bandas de secuestradores.
"Somos víctimas de extorsión, somos víctimas de injusticia y han abusado todo tipo de autoridad contra nosotros", dijo Bruno Plácido Valerio, quien coordina grupos de policía comunitaria en 20 pueblos y asentamientos, con cerca de 240 hombres armados.
"La gente está muy indignada de tanto abuso, sin embargo no se pretende caer en una anarquía ni tampoco se pretende hacer justicia con nuestras propias manos, sino buscar una salida", añadió.
Aunque en algunas partes de México son tradicionales las comunidades que se encargan de su propia protección, estos grupos más radicales de policía comunal comenzaron a formarse a principios de enero.
"El Ciclón", uno de los encargados de vigilar el "juicio" del jueves, observaba a los residentes con la cara cubierta por un pasamontañas, empuñando un viejo fusil calibre .22.
Tanto él como otros se cubren los rostros para proteger su identidad y evitar represalias por parte de los amigos de los prisioneros, o de las autoridades.
"El pueblo ya está un poco harto", dijo el campesino de 45 años. "Desafortunadamente, del Gobierno actual no tenemos ningún respaldo (...) y decidimos pues tratar de limpiar toda aquella persona que ande malo", agregó.
Poco antes del juicio, funcionarios del estado de Guerrero trataron de calmar la situación, pero sin éxito. Las comunidades deben ahora debatir si impondrán sus propios castigos o si entregarán a sus cautivos a tribunales establecidos.
Algunos están demandando el legendario "ojo por ojo".
A LOS VIOLADORES "QUE LOS VIOLEN"
"Que se les castigue conforme a lo que hicieron", dijo Odila González Ríos, quien supervisa a la policía comunitaria en el asentamiento de Copala, cerca de la costa del Pacífico. "Que si han violado, igual, que los violen. Que sientan lo que es, así como ellos hacen, que les hagan", agregó.
"¿A los que han matado? Pues igual (...) tienen que morir, porque si no nunca vamos a acabar", afirmó.
El año pasado, Acapulco obtuvo la dudosa distinción de ser la capital de los homicidios en México.
La policía patrulla el estado en camionetas "Pick-up" atestadas de armas semiautomáticas. Y en la radio, entre la publicidad de supermercados y tiendas, se instruye a la población sobre cómo denunciar anónimamente al crimen organizado.
Pero el enfoque de "poder popular" que impulsa a las policías comunales tiene un precio, y con tantas armas circulando fuera de la ley, las ausencias escolares se han disparado.
"No es cerrando escuelas como podemos combatir un cáncer social como es la seguridad. Incide en nuestras escuelas porque hay temor de nuestros maestros y también de los padres de mandar a los alumnos", dijo Silvia Romero Suárez, la secretaria de Educación de Guerrero.
El florecimiento de policías comunitarias en Colombia fue un importante factor en la profunda espiral de violencia del país sudamericano, cuando los narcotraficantes se aliaron con ellos para combatir a las guerrillas izquierdistas.
Ahora, el Gobierno de México enfrenta un caso delicado de cómo manejar el asunto para evitar que en otros puntos broten demandas de autodeterminación, como en el sureño estado de Chiapas.
Mientras tanto, está permitiendo a los pistoleros operar fuera de la ley.
"Hay una violación a los derechos humanos. Se está violentando la libertad de la gente", dijo Oscar Ortiz, un profesor de leyes en Acapulco. "El Estado mexicano, y el estado de Guerrero, deben de aplicarse, porque no se puede permitir que se esté violando la ley así", explicó.
Pero algunos funcionarios locales insisten que esta presión por justicia está obligando a los criminales a pensarlo dos veces, y haciendo del área un lugar más seguro.
"Nos han llenado de valor también como autoridades, no lo puedo negar ni podemos ocultarlo", dijo Severo Castro Godínez, alcalde del pueblo de Ayutla.
"Hoy, afortunadamente gracias a este movimiento, Ayutla esta en paz (...), los comunitarios y sus representantes son gente de bien", dijo.
EEM
