El Gobierno niega haber negociado la reforma con los maestros

INÉS SANTAEULALIA

La negociación entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y los maestros disidentes, que mantienen desde hace meses una protesta contra la reforma educativa en las calles del Distrito Federal y en otros Estados, han estado dentro de lo que estipulan las leyes de educación recién aprobadas por el Congreso mexicano. "De ninguna manera se está arriesgando la reforma educativa", aseguró este martes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El encargado de la política interior del presidente Enrique Peña Nieto se ha visto forzado a hacer estas declaraciones no solo porque se mantienen las protestas de los profesores y las negociaciones, sino por la polémica surgida tras la filtración de una minuta firmada por el subsecretario Luis Enrique Miranda, en la que se asumían compromisos con los líderes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores del Estado (CNTE).

El documento filtrado a la prensa, con 15 compromisos, desató la alarma y se interpretó como una aparente marcha atrás en las consecuencias que tendrá la evaluación a los maestros, el punto de la reforma educativa que más protestas ha motivado entre los educadores. De inmediato saltaron las alertas e incluso el Partido Acción Nacional (PAN) exigió la comparecencia del secretario en el Senado para explicar el alcance del acuerdo. ¿Por qué el Gobierno negocia en secreto unas leyes ya aprobadas? Una fuente del Ejecutivo de Peña Nieto, cercana a la negociación con la CNTE, ha reiterado a EL PAÍS que hay un "firme" compromiso con las leyes y la aplicación de la reforma educativa y niega que los compromisos del subsecretario se salgan de la norma. La fuente, que habló a condición del anonimato, ha explicado además los "fundamentos" legales de cada uno de los puntos comprometidos por la llamada "minuta Miranda".

En el punto número uno, la minuta dice: "Ningún maestro que se encuentre en servicio podrá ser despedido como consecuencia de un mal resultado en las evaluaciones practicadas". El compromiso, según la fuente, se ajusta a lo dispuesto en la Ley en razón de que se trata de maestros en servicio al momento de la entrada en vigor de la misma. Dice la Ley: "El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación (…) no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas".

En el tercer compromiso, el subsecretario Miranda, muy cercano al presidente Peña Nieto, señala que "los maestros participarán de manera activa en el diseño de sus evaluaciones", lo que en la reforma se traduciría en "la Ley faculta a la Secretaría [de Educación] a integrar grupos de trabajo, de carácter temporal, que actúen como instancias consultivas auxiliares de la misma".

La minuta también destaca que "las evaluaciones que se practiquen a los maestros no tendrán como objetivo imponer castigos o sanciones a quienes no obtengan resultados satisfactorios, sino por el contrario, ayudará a estos a conocer sus fortalezas o debilidades", lo que según la explicación dada a EL PAÍS afectará solo al personal en servicio, ya que en los casos de nuevas contrataciones sí podría darse la separación de la función pública en caso de malos resultados en las evaluaciones.

El documento firmado por Miranda se entregó a los líderes del Estado de Chiapas de la CNTE, un grupo disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Los maestros de Chiapas, al sur de país, mantienen su pulso con el Gobierno al seguir con la protesta en la Ciudad de México -donde este jueves hicieron una nueva marcha- y dejar a más de un millón de escolares sin clase desde que comenzó el curso a finales de agosto. La exigencia de los profesores para abandonar la protesta es tumbar la reforma educativa, algo que las fuentes niegan que esté en juego. "No habrá vuelta atrás", dijo Osorio Chong.

¿Entonces qué se negocia? El Gobierno asegura que siempre se ha actuado con "tolerancia" y con apego a la ley para intentar que los manifestantes levanten el plantón y vuelvan a sus Estados. El secretario de Gobernación ha dicho, además, que la negociación está en "sus últimas horas". Uno de los compromisos ya conocidos del Ejecutivo es que cuando los profesores decidan volver a las aulas y "si se comprometen a recuperar el tiempo perdido", el sueldo que se les ha retenido por estos meses sin ejercicio les será rembolsado. Hay quien critica que bajo esa promesa, la protesta de meses, el abandono de los alumnos y la toma del centro de la capital del país se saldará sin consecuencias que eviten una nueva protesta en cualquier momento.

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