Migración
El aumento de arrestos en EU y sus consecuencias a largo plazo
JOHN R. EMSHWILLER, The Wall Street Journal
Estados Unidos tiene antecedentes penales.
En los últimos 20 años, las autoridades han realizado más 250 millones de detenciones, estima el FBI. Como consecuencia, el FBI actualmente tiene 77,7 millones de personas en su principal base de datos criminal, lo que equivale a casi uno de cada tres estadounidenses adultos.
Cada día se suman entre 10.000 y 12.000 nombre nuevos.
Al mismo tiempo, una explosión de información ha facilitado que cualquier persona obtenga registros de detenciones en un instante. Empleadores, bancos, representantes de admisiones universitarias, rentistas, entre otros, revisan los registros con regularidad. La información normalmente no describe lo que sucedió después del arresto.
Muchas personas contra quienes nunca levantaron cargos, o a las que se les retiraron los cargos, descubren que un antecedente de detención que sigue apareciendo puede arruinar sus posibilidades de obtener empleo, préstamos y vivienda. Incluso en casos de un arresto por equivocación, los documentos perjudiciales no siempre se eliminan automáticamente. En otros casos, los datos de una detención son enviados al FBI pero no son necesariamente actualizados en esa agencia cuando un caso es desestimado a nivel local. Sólo la mitad de los archivos que tiene el FBI tienen información completamente actualizada.
"Existe el mito de que si usted es arrestado y después absuelto, eso no tiene impacto", señala Paul Butler, profesor de derecho en Georgetown. "No se puede decir que es como si el arresto nunca hubiera ocurrido".
La ola de detenciones ha sido en parte impulsada por una cantidad de dinero federal sin precedentes destinada a los departamentos locales de policía y por nuevas tácticas policiales que permiten arrestos por incluso las infracciones más pequeñas. Los gastos en seguridad pública por parte de gobiernos estatales y locales de EE.UU. alcanzaron los US$212.000 millones en 2011, incluyendo costos judiciales, policiales y correccionales, según los datos más recientes de la Oficina del Censo de EE.UU. Por contraste, esas cifras, al ajustarse por inflación, equivalen a US$179.000 millones en 2001 y US$128.000 millones en 1992.
En 2011, el año más reciente del que hay cifras disponibles, la Oficina de Estadísticas de Justicia indicó que había un total de 646.213 policías locales y estatales trabajando a tiempo completo en el país, frente a 531.706 en 1991.
Las medidas enérgicas contra lo que parecía una tasa criminal fuera de control a fines de los años 80 y principios de los 90 tenían lógica en esos momentos, expresa Jack Levin, codirector del Centro Brudnick sobre Violencia y Conflicto en la Universidad Northeastern, en Boston.
"La política policial de tolerancia cero se extendió por todo el país después de los años 90 debido al terrible problema de crímenes a fines de los 80 y principios de los 90", apunta Levin.
Las tasas de crímenes cayeron, al igual que las de asesinatos. Pero, como consecuencia, "tenemos grandes cantidades de personas que son estigmatizadas", dice. "El impacto de tantas detenciones es catastrófico".
Ese veredicto no es unánime. "Realizamos detenciones por infracciones menores que desalentaron infracciones más serias a futuro", dice James Pasco, director ejecutivo de la Orden Fraternal de la Policía, que representa a alrededor de 335.000 agentes. "No nos disculpamos por ello. Hay gente inocente que hoy está viva y niños que han crecido para llevar vidas productivas gracias a las medidas que la gente tomó en esos días".
En la Universidad de Carolina del Sur, investigadores han estado examinando otros datos nacionales en un intento por comprender el impacto a largo plazo de las detenciones de gente joven. Con información de una encuesta realizada durante 16 años por la Oficina de Estadísticas Laborales, los investigadores siguieron a 7.335 personas seleccionadas de manera aleatoria hasta sus veintipico de años, analizando a los sujetos para identificar cualquier confrontación con el orden público.
Los investigadores informaron que más de 40% de los sujetos masculinos habían sido arrestados al menos una vez antes de los 23 años. El mayor índice se registró entre los afroestadounidenses, con 49%, 44% entre los hispanos y 38% entre los blancos. Los investigadores descubrieron que cerca de una de cada cinco mujeres había sido arrestada al menos una vez antes de los 23 años.
Además, determinaron que 47% de los detenidos no fueron condenados. En más de un cuarto de los casos, los sujetos ni siquiera recibieron cargos formales.
Puede ser abrumador intentar corregir los antecedentes. En octubre de 2012, José Gabriel Hernández terminaba de cenar en su casa cuando llegaron agentes para arrestarlo por abuso sexual de dos niñas.
Resultó ser un caso de identidad equivocada. En los documentos judiciales, la oficina del fiscal reconoció que habían arrestado al "José Hernández equivocado" y se retiraron los cargos.
Una vez que se descartó el caso, Hernández supuso que las autoridades corregirían el registro. Sin embargo, se enteró de que la responsabilidad de limpiar sus antecedentes caía sobre él mismo, y que necesitaría un abogado para solicitar una cancelación formal de los cargos penales.
"Eso aún no ha ocurrido", afirma Hernández, que trabaja como contratista. Hernández permaneció en la cárcel del condado de Bexar con una fianza de US$150.000. No contaba con ese dinero, y entonces su esposa pidió dinero prestado para pagarle a un agente de finanzas el monto no reembolsable de US$22.500, o 15% de la tarifa, que necesitaba depositar. Aún están pagando los préstamos.
Algo que está exacerbando la situación son los sitios web con ánimo de lucro y otras empresas de control de antecedentes que agrupan registros de detenciones públicos, y a menudo incluyen fotos de fichaje y cargos. Muchos sitios cobran por borrar un antecedente, incluso cuando se trata de un dato desactualizado o erróneo. En el último año, Google Inc. ha cambiado su algoritmo de búsqueda para restarle relevancia a estos sitios web de "foto de fichaje", dándoles menos importancia cuando se busca el nombre de una persona.
Un análisis más profundo de la Universidad de California del Sur, realizado a pedido de The Wall Street Journal, sugiere que hombres con antecedentes de detención incluso sin ser condenados ni recibir cargos ganan menores salarios. Además, tienen menos posibilidades de tener su propia vivienda que personas que nunca han sido arrestadas.
Según una encuesta de 2012 de la Society for Human Resource Management, 69% de los empleadores estadounidenses realizan averiguaciones de antecedentes penales para todos los solicitantes de empleo. Un porcentaje menor alrededor de 58% permite que los postulantes expliquen los resultados negativos que puedan surgir.
Mike Mitternight, propietario y presidente de Factory Service Agency Inc., una empresa que provee calefacción y aire acondicionado en el estado de Luisiana, teme que si rechaza a un postulante por sus antecedentes criminales, pueda recibir una demanda por discriminación. Pero contratar a esa misma persona podría también traerle problemas legales si algo sale mal. "Tengo que realizar revisiones de antecedentes penales y correr el riesgo", dice Mitternight. "Es una situación en la que de ambas formas uno sale perdiendo".
EEM
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