Nacional - Seguridad y Justicia
Desaparición de jóvenes en Iguala deja hondo costo político
Julián Rodríguez Marín
México, (EFE).- La incapacidad de las autoridades mexicanas para resolver la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero hace más de un mes ha afectado profundamente a toda la clase política pese a los intentos de minimizar los daños, coincidieron hoy varios analistas consultados por Efe.
El pasado 26 de septiembre, policías municipales de Iguala y Cocula, por órdenes del entonces alcalde José Luis Abarca, actualmente prófugo, dispararon sus armas contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, con un saldo de seis personas muertas, 25 heridas y 43 estudiantes desaparecidos.
Según las investigaciones de la Fiscalía, los policías de Cocula trasladaron a los jóvenes detenidos y los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos, que tenía el control policial en ambos municipios y que los hizo desaparecer, en un suceso que no ha parado de generar reacciones de repudio a nivel internacional.
"Es evidente el deterioro político de todos los partidos que han tratado de negociar el pacto de impunidad y tratan de salirse del problema culpando a otros de la crisis en Guerrero", explicó a Efe el analista Alberto Aziz Nassif.
El experto recordó que el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que postuló a Abarca y al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que renunció al cargo la semana pasada, ha tratado de marcar distancia de ambos para tratar de lavarse las manos.
Incluso el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que formaba parte de esa organización cuando el PRD impulsó a esos dos políticos, negó tener vínculos con ellos, en particular con Abarca, pese a que participó en un evento con él, en el cual los militantes le advirtieron de su relación con delincuentes.
Aziz aseguró que es lamentable que todos los partidos y políticos hayan caído en un pragmatismo sin principios y se alíen "a cualquier persona impresentable con tal de que les dé votos".
Nueve días después de los hechos violentos en Iguala, el Gobierno federal se hizo cargo de las investigaciones y hasta ahora ha arrestado a 53 personas, entre ellos a 36 policías y 17 miembros de Guerreros Unidos.
La Fiscalía mexicana ha encontrado 11 fosas clandestinas con restos de 38 personas, aunque las pruebas periciales aún no han confirmado que sean de los 43 desaparecidos.
El sacerdote Alejando Solalinde aseguró que, según el testimonio de una de las víctimas, todos los estudiantes fueron quemados, algunos de ellos vivos, en un sitio cercano a Iguala.
En medio de la indignación general en Guerrero, ni el religioso, defensor de los derechos de los migrantes, ha quedado al margen de la situación de los familiares de las víctimas, que el domingo le impidieron oficiar una misa en el lugar.
Para el analista José Reveles, por el manejo de la información "a cuentagotas", pareciera que no se busca solucionar el problema, sino solamente "administrar la tragedia con cálculos políticos".
Reveles incluso especuló con que las autoridades conozcan el destino de los jóvenes y que estén "administrando" la información para medir el tiempo adecuado para difundirla, aunque no presentó ningún indicio sobre ello.
Añadió que todos los partidos tratan de acusar a sus adversarios, todos exigen cuentas a todos y, aunque todos tienen un pasado comprometedor, actúan con miras políticas para el año próximo, cuando se celebran elecciones al Congreso y en varios de los 32 estados, entre ellos Guerrero.
En el mes transcurrido desde la tragedia las protestas de estudiantes y familiares han continuado y son cada vez más intensas, la desconfianza en el Gobierno, en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha crecido y su imagen a nivel internacional se está derrumbando.
José Antonio Crespo, otro analista, descartó que el Ejecutivo del presidente Enrique Peña Nieto oculte la información sólo por un cálculo político.
En su opinión, la autoridades "aún no saben que pasó" y sería "irracional" que el Gobierno escondiera datos, pues mientras más tiempo pasa, más se agrava la crisis y más daño sufren las instituciones.
Crespo advirtió que a Peña Nieto no le conviene inventar culpables, sino resolver el problema en serio para evitar un mayor costo político.
Aziz Nassif pidió una investigación totalmente transparente y un castigo para los involucrados, pero sobre todo romper la costumbre de que después de cada "matanza se cambia al gobernador, se crea una comisión de la verdad, pero todo sigue igual".
Reveles indicó que es inconcebible que con 53 detenidos las autoridades no hayan resuelto lo que pasó con los estudiantes y señaló que la sociedad mexicana "está crispada debido a que a 30 días de la agresión no hay una respuesta digna del Estado".
ROW
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