Migración
Los agricultores instan al Congreso de EU a regularizar a los trabajadores indocumentados
Miriam Jordan, The Wall Street Journal
Durante cuatro años, Fred Leitz ha observado que frutas y verduras de la hacienda de casi 250 hectáreas de su familia quedan sin recogerse. Durante aún más tiempo, ha estado instando al Congreso de Estados Unidos para que apruebe una reforma inmigratoria que resuelva la escasez de mano de obra.
"No hemos llegado a ningún lado", se queja el cultivador de cuarta generación de Michigan, quien visita Washington cuatro o cinco veces al año.
El presidente estadounidense, Barack Obama, anunció un decreto el viernes para regularizar la situación de millones de inmigrantes indocumentados, aunque el programa no hace referencia específicamente a la agricultura. Según el plan, unos 250.000 trabajadores agrícolas cumplirían con los requisitos para evitar ser deportados y obtener un permiso de trabajo, indicó el Sindicato Unido de Trabajadores Agrícolas (UFW, por sus siglas en inglés). Esa cantidad es apenas una fracción de los inmigrantes indocumentados que trabajan en los campos de EE.UU., señalan los agricultores, quienes esperan que la decisión de Obama de tomar medidas unilaterales impulse al Congreso a alcanzar una solución legislativa que aborde la necesidad de mano de obra para la agricultura.
"Nuestra preocupación es que estén tan ocupados señalándose los unos a los otros que no se pongan a trabajar", dice Ed Schoen, productor de lácteos del estado de Nueva York y miembro de la junta de Dairy Farmers of America, que representa a un tercio de los productores lácteos del país.
"Esperemos que esto los motive a unirse para trabajar en una solución para las fracturadas leyes de inmigración", expresa Ralph Broetje, cultivador de manzanas del estado de Washington que emplea más de 2.000 trabajadores, la gran mayoría inmigrantes.
Más de la mitad de todos los trabajadores rurales no tienen documentos, según el Departamento de Trabajo de EE.UU., y muchos grupos de agricultores estiman que el porcentaje podría ser mayor a 70%.
Tom Nassif, presidente de la asociación Western Growers, que representa a cientos de agricultores en los estados de California y Arizona, indica que "simplemente impedir la implementación de acciones ejecutivas no es suficiente", en referencia a las amenazas del Partido Republicano de hundir el plan de Obama. "Estas medidas del presidente también deberían servir como un catalizador para que el Congreso tome el liderazgo", dice, y agrega que la agricultura estadounidense está en peligro.
La frustración es tal que agricultores como Leitz afirman que han comenzado a retener contribuciones a los republicanos en las elecciones. "No les voy a dar más dinero a personas que no nos han ayudado", asevera el agricultor, quien se describe como alguien "muy conservador" en sus opiniones políticas.
Craig Regelbrugge, copresidente nacional del directorio de la Coalición Agrícola para la Reforma Inmigratoria, señala: "Soy consciente de que agricultores y pequeños comerciantes que normalmente apoyarían a los republicanos han dejado de hacer contribuciones políticas en general, debido a la frustración con la incapacidad del Congreso de encontrar una postura común y resolver el problema".
Idealmente, dicen los agricultores, una solución legislativa regularizaría a los trabajadores rurales indocumentados y los alentaría a seguir trabajando en el rubro. Además, debería incluir estipulaciones para garantizar un flujo estable de trabajadores estacionales que pudieran entrar y salir del país con relativa facilidad.
La mayoría de los cultivadores rechazan el actual programa de trabajadores invitados, conocido como H-2A, que según ellos requiere muchos pasos y una variedad de agencias federales que lo vuelven costoso, burocrático e ineficiente.
Los trabajadores rurales que se beneficiaron del último programa de regularización, una amnistía en 1986, representan sólo 10% de los trabajadores rurales actuales, y muchos de ellos ya tienen una edad avanzada. La edad promedio de los trabajadores agrícolas es de unos 37 años, según datos del gobierno, frente a 31 años en 2000.
El plan del presidente generó críticas por no implementar medidas para desalentar un éxodo del sector agrícola entre los inmigrantes que se benefician de los cambios. En momentos en que la industria petrolera está en auge y la construcción se recupera, esos rubros probablemente compitan por los mismos trabajadores, sostienen los agricultores.
Algunos agricultores también están preocupados por la posibilidad de verse obligados legalmente a despedir a los trabajadores que pasaron a estar protegidos por el plan de Obama, si admiten que mintieron sobre su estatus inmigratorio para conseguir los empleos, dice Dan Fazio, director de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Washington.
EEM
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