Siete preguntas sobre la suspensión del programa para inmigrantes indocumentados de Obama

Jacob Gershman, The Wall Street Journal

Un juez federal en Texas congeló el lunes en la noche el controvertido programa de inmigración del gobierno de Barack Obama. El fallo del juez Andrew Hanen es una victoria, si acaso de corto plazo, para los más de 20 estados que han demandado al presidente para evitar que materialice sus órdenes ejecutivas que podrían proteger a millones de inmigrantes de la deportación. A continuación, respuestas a algunas de las preguntas más comunes sobre lo sucedido en el caso:

P: ¿Qué fue lo que específicamente decidió el juez Hanen?

R: Hanen emitió una orden restrictiva temporal que, al menos por el momento, impide a la Casa Blanca implementar el programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA, por sus siglas en inglés), que le daría a unos cuatro millones de inmigrantes indocumentados la oportunidad de solicitar permisos de trabajo y protección temporal de la deportación.

El juez Hanen dijo que las órdenes ejecutivas del presidente "claramente" violaban la Ley de Procedimiento Administrativo, la misma que desde hace 69 años dicta el proceso por el cual se proponen y establecen nuevas regulaciones federales. El juez concluyó que la Casa Blanca básicamente legisló un "fallo sustantivo" sin solicitar formalmente comentarios públicos como requiere la ley.

P: ¿Qué indica el fallo respecto a la demanda de los estados?

R: Al emitir la orden restrictiva temporal, el juez piensa que la coalición de estados liderados por Texas tiene una buena posibilidad de ganar un juicio con al menos uno de sus reclamos. Hanen puede aún cambiar de parecer, pero será una batalla cuesta arriba para el equipo legal de Obama cuando lleguen a la instancia de corte.

Hanen también dijo que los estados tienen base para que su demanda sea escuchada en los tribunales. Además de negar las imputaciones en la demanda, el gobierno de Obama argumentó que los demandantes ni si quiera podían presentar su caso porque no podían demostrar que "sufrían un perjuicio concreto y particularizado" como resultado de la política del presidente.

El juez discrepó, diciendo que los demandantes sí habían alcanzado ese umbral crucial. Citó la contención de los estados de que las órdenes inmigratorias del presidente "causarían una crisis humanitaria a lo largo de la frontera sur de Texas y otros lugares".

P: ¿Declaró el plan de inmigración inconstitucional?

R: No. Hanen no se pronunció sobre la posibilidad de los estados de ganar sobre sus denuncias más serias de que el programa del presidente, y no solo la manera en que fue implementado, es ilegal y un exceso inconstitucional de su poder ejecutivo.

El juez también enfatizó que no estaba asumiendo una posición sobre los méritos de la política de inmigración de la Casa Blanca. "Amnistía o no, los casos ante la Corte no requieren que la Corte considere la popularidad, la aceptación, el consentimiento o el desdén públicos del programa DAPA", escribió.

P: ¿Habló el juez sobre el plan de inmigración?

R: En su opinión de 123 páginas, Hanen se muestra preocupado por las implicaciones constitucionales de las órdenes ejecutivas del presidente. "El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tiene discreción sobre cómo escoge materializar la voluntad expresada del Congreso. Sin embargo, no puede establecer un programa bajo el cual no sólo ignora los preceptos del Congreso, sino que además actúa enérgicamente para detenerlos", escribió.

P: ¿Qué se le ordena ahora al gobierno de Obama?

R: El gobierno tiene prohibido por el momento la implementación del programa DAPA, pero el juez enfatizó que su decisión no "afecta la capacidad (del secretario de Seguridad Nacional, Jen Johnson) de acumular (los) activos o desplegar los recursos" de su oficina o "establecer prioridades para el DHS".

P: ¿Qué pasa con los inmigrantes que se iban a beneficiar del programa?

R: Por ahora, al menos desde el punto de vista legal, deben esperar. "No hay indicio de que estas personas serán retiradas o procesadas legalmente. Han estado aquí por lo menos cinco años y, dadas las preocupaciones humanitarias expresadas por el secretario Johnson, no hay razón para pensar que serán retiradas ahora", escribió el juez.

P: ¿Qué opina el presidente?

R: El juez aún puede levantar su orden restrictiva o esta puede ser revertida en un tribunal de mayor rango. El martes, la Casa Blanca dijo que apelaría la decisión. También es concebible que el gobierno de Obama intente atender las preocupaciones de procedimiento del juez acatando el requerimiento de anuncio y comentarios de la formulación de leyes federales.

"Esto es algo que el DHS puede resolver", señaló Jonathan H. Adler, académico constitucional de la Universidad de Case Western. Pero el profesor dijo que no creía que el gobierno optaría por ello mientras el caso esté pendiente.

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