Peña Nieto insta a Gobiernos estatales a cumplir en el combate a la violencia

México. (EFE).- La implicación de los Gobiernos estatales en la lucha contra la inseguridad es imprescindible en México para que disminuya la ola de violencia, dijo hoy el jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, quien instó a los estados a cumplir con sus deberes.

"El Gobierno de la República no elude su responsabilidad, la asume plenamente, pero tampoco está para reemplazar o sustituir las obligaciones que también tienen los órdenes locales", dijo Peña Nieto en la inauguración del cuarto "Foro Nacional Sumemos Causas. Por la seguridad, ciudadanos + policías".

En este sentido, el mandatario reiteró que ello no es "una tarea única" del Gobierno Federal, sino que "compete a todos".

A este mensaje se sumó con contundencia la presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, quien urgió a los Gobiernos locales a "saldar sus debilidades institucionales".

Positivamente, señaló que en México ha bajado "muchísimo" el índice de homicidios, ejemplificado en entidades como el Estado de México (centro), Tamaulipas (norte) o Veracruz (este).

"Sin embargo, esto no va ser sostenible porque ellos (los estados) no han invertido en el desarrollo de sus policías", aseguró.

México registró el pasado año 19.669 homicidios, lo que representó una disminución del 14,7 % frente a los datos de 2013, cuando en el país se reportaron 23.063 homicidios, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De seguir en esta senda los Gobiernos estatales, prosiguió Morera, las fuerzas federales no podrán alejarse de las actividades de protección ciudadana, que asumieron desde finales de 2006, lo que generará un "alto costo social" para el Ejército, la Marina y la Policía Federal.

Señaló que la Policía también "es un reflejo" del Gobierno y de la sociedad, y apuntó que la tragedia de Iguala de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes y fallecieron seis personas, prueba "el más profundo deterioro de las instituciones y la complicidad" de distintos órganos gubernamentales.

Ello "se debe resolver creando capacidades, no con discursos ni paliativos a corto plazo", ni "implementando una estrategia nacional como si todo el país tuviera los mismos problemas", indicó Morera, quien identificó "constantes" en las instituciones de seguridad del país que podrían llevar a "tragedias similares" como la de Iguala.

Son "carencias, mala capacitación y, en general, un gran desorden institucional", apuntó.

Por ello, lanzó cinco propuestas al Gobierno, entre ellas controlar los recursos y acciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y consolidar la Comisión Especial de Desarrollo Policial, que carece de un diagnóstico de las instituciones policiales.

También urgió a obligar a la rendición de cuentas de los gobernadores estatales y del Gobierno federal, y a transparentar los acuerdos de colaboración en materia de seguridad.

Peña Nieto consideró que el diagnóstico de Causa en Común tiene "mucha razón" al afirmar que la realidad mexicana difiere según la región, y que si bien se han logrado "avances notables" en algunos estados, en otros no se va "en armonía y sintonía" con el esfuerzo conjunto.

Aseguró que se ha avanzando en la "profesionalización" y "dignificación" de las policías, instituciones a menudo "estigmatizadas" por el "mal desempeño" de "algunos de sus elementos" frente al esfuerzo "estoico" de muchos.

Además, reconoció que no se logrará una "justicia pronta, expedita y transparente" sin formación en la policía ministerial y federal.

"No podemos quedarnos atrás, si bien las condiciones de seguridad e índices que hoy se muestran son alentadores, no son suficientes, nos falta mucho por alcanzar y mucho por lograr", señaló el mandatario.

Peña Nieto envió al Legislativo en diciembre pasado varias reformas constitucionales en materia de seguridad, en medio de una enorme presión social derivada de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las cuales aún no han sido debatidas.

Una de ellas está dirigida a combatir la infiltración del crimen en las alcaldías, otra para redefinir todo el sistema de competencias en materia penal y una más para pasar de más de 1,800 corporaciones policiales a una sólida y bien preparada en cada uno de los 32 estados del país.

Desde finales 2006, cuando arrancó el anterior mandato de Felipe Calderón, más de 100,000 personas han muerto en acciones vinculadas con el crimen organizado y más de 26,000 han desaparecido.

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