Calamidades
Una historia distinta: cómo fabricar un delito federal con un caso de tortura en el Estado de México
Pablo Ferri, El País
EL PAÍS publicó este martes un reportaje sobre las historias de Azael Benítez, Sacramento Aguilar y Leonel Hernández, vecinos de Tejupilco y Tlatlaya, en el Estado de México. Los tres denunciaban torturas por parte de elementos del Ejército y la Marina en 2013. Los habían agarrado, contaban, para tratar de sacarles información del cártel de La Familia Michoacana, que actúa en la zona. Decían, además, que marinos y militares les habían armado delitos relacionados con posesión de drogas o armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. A continuación, el relato de cómo la policía del Estado de México ayudó a marinos y militares, según los testimonios, a armar los casos en su contra.
1. Cuarenta cartuchos y un fusil
El 6 de noviembre de 2013, cinco agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México llegaron a la sede de la fiscalía federal en Toluca. Traían consigo a tres detenidos, presuntos integrantes de la organización delictiva La Familia Michoacana. En su informe a la autoridad federal, explicaron que ese mismo día, a media mañana, patrullaban por los alrededores de Tejupilco cuando vieron, en una brecha, detenidos, tres vehículos: una camioneta negra y dos autos, uno blanco y otro rojo. Entonces, sigue el informe, se acercaron y vieron a tres hombres, uno en cada vehículo. La patrulla de la policía estatal llego junto a ellos y cuando los agentes bajaron, dos de los tres hombres descendieron “intempestivamente”. Uno de ellos, Azael Benítez, salió corriendo, cargando un arma larga. Uno de los agentes, César Velázquez, salió detrás, le dio alcance y le dijo que le entregara el arma. Azael cedió. El agente le dijo entonces que le iba a revisar, Azael accedió de nuevo y el agente le encontró 40 cartuchos del calibre 7,62 en un bolsillo.
Entre tanto, el otro hombre, Reynaldo Puebla, echó a correr hacia el lado contrario. La agente Dalila López le siguió, dándole alcance a los cinco metros. Reynaldo llevaba una mochila negra y la agente López exigió inspeccionarla. En su interior halló, según el informe, una granada de fragmentación y 3.846 pesos en monedas y billetes de 20 y 50 pesos.
El agente al mando, Omar Bernal, pidió al tercer hombre, que se había quedado dentro del vehículo, que descendiera. Cuando lo hizo, el agente le revisó sin encontrarle nada. Luego entró al carro. En la guantera, Bernal encontró otra granada de fragmentación. El tercer hombre se llamaba Oliver López.
Los agentes interrogaron a los tres hombres sobre las armas que portaban. Ellos contestaron que eran para defenderse. Azael dijo que Reynaldo y Oliver eran sus “sicarios”. Añadieron que el dinero era del cobro de piso que habían pagado unos comerciantes de Tejupilco. Azael explicó que era todos integrantes de La Familia Michoacana y que su jefe, a cargo de la plaza en Tejupilco, se llamaba Kelvin. Sugirió a los agentes que le llamaran para que se arreglaran las cosas.
Los agentes, claro, se negaron, les detuvieron y llevaron a Toluca. Como el delito que habían infringido, portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, atentaba contra una ley federal, les presentaron ante la fiscalía federal.
“Eso fue lo que contaron”, decía meses más tarde Azael, sentado en un banco del penal de Santiaguito, en Almoloya der Juarez, en el Estado de México. Era un sábado a finales de 2014. Azael peleaba entonces por salir de prisión. Condenado en primera instancia a seis años, guardaba esperanza en la apelación. Él contaba una historia distinta. Como explicaba ayer EL PAÍS, Azael decía que la Marina, y no la policía estatal, lo había detenido en su cantera y no en un camino de tierra, lejos de allí; que había sido el 5 de febrero, no el 6; que se lo habían llevado al recinto ferial de Tejupilco y allí lo habían torturado, exigiendo información sobre el crimen organizado.
“Cuando acabó todo vinieron y me entregaron aquí en Toluca”, cuenta. En el parte médico, el doctor de la fiscalía observó que Azael presentaba un hematoma en el cráneo, otro en los labios y varios moretones y rascones por todo el cuerpo.
En su apelación, Azael contó con el testimonio de seis familiares y trabajadores de la cantera, que narraron que el 5 de febrero de 2013, a eso de las cinco de la tarde, camionetas de la Marina llegaron a la mina, acompañadas de patrullas de la policía estatal. Azael no recuerda que hubiera patrullas de la estatal, pero los demás testigos sí y en todo caso, dice, pudo no haberlas visto. Y en todo caso, añade, fue el día 5, no el 6.
La defensa de Azael pidió además un peritaje que comparara la concentración de hierro en el pasillo del recinto ferial de Tejupilco y en el baño de hombres, con las manchas de la playera que llevaba aquel día. Allí, entre el pasillo y el baño, fue donde dice Azael que le torturaron. Y coincidía. Las manchas rojizas en la camiseta coincidían con el polvo del piso y el baño del recinto.
2. Nueve kilos de marihuana
En el caso de Sacramento, la historia era parecida. El 5 de junio de 2013, tres elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana habían llegado con él a la sede de la fiscalía federal en Toluca. En su informe, los agentes contaban que ese mismo día, a eso de la una de la tarde, le habían encontrado a bordo de un carro robado cerca de Tejupilco. Que dentro del carro, bajo el asiento, habían dado con 30 gramos de metanfetamina y luego, en la cajuela, con nueve kilos de marihuana.
Sacramento, un hombre fornido, de hablar pausado y elocuente, contaba en prisión una historia distinta. Como publicaba ayer EL PAÍS, Sacramento decía que le habían agarrado el 4 de junio, no el 5, que habían sido marinos, no policías estatales, que lo habían torturado, exigiendo información sobre La Familia Michoacana.
Condenado por un delito contra la salud, Sacramento apeló aportando de prueba testimonios de vecinos y señalando inconsistencias en el relato de los agentes estatales. En sus reportes e informes a diferentes instancias –a la fiscalía, a sus superiores–, los agentes confundían la hora de detención de Sacramento. Unos decían que había sido a las 9, otros a la 1 de la tarde y en otro documento incluso apuntaban que se había producido cuando ya habían llegado a Toluca. Y eso, decía Sacramento, era imposible: según su versión, los agentes lo habían detenido en Tejupilco, a más de 100 kilómetros de Toluca, cuando "todo el mundo sabe que" cuesta dos horas llegar de un sitio a otro.
Otro punto importante en su apelación tenía que ver con el servicio de grúa. En su informe a la fiscalía, los agentes decían que habían llamado a una grúa para que se hiciera cargo del carro que llevaba Sacramento, un carro robado. Según los agentes, la grúa llegó a Tejupilco, salió para Toluca con el carro y lo dejó en las instalaciones de la fiscalía en la capital mexiquense. Y sin embargo, los trabajadores del servicio de Grúa dijeron en su parte que habían recogido el carro en la sede de la fiscalía en Toluca.
Y luego estaba el relato del propio Sacramento. Cuando acabaron con la tortura, dice, los marinos se lo llevaron a su base en Luvianos, cerca de Tejupilco. Allí, de madrugada, dice Sacramento, llegó al menos una patrulla de la policía estatal. Lo recogieron, salieron hacia Toluca y a media mañana lo presentaron ante la fiscalía con las drogas, el carro robado y su informe.
3. La denuncia en Tejupilco
Leonel Hernández llegó a la prisión de Santiaguito en noviembre de 2013. Como contaba ayer EL PAÍS, Leonel, un profesor retirado, con bigote y cierto aire despistado, denunciaba torturas de militares, después de que le pararan en un retén a pocos kilómetros de su casa, en Nuevo Copaltepec, municipio de Tlatlaya, el 8 de noviembre de 2013.
En sucesivas entrevistas en el penal de Santiaguito, Leonel detalló que después de las torturas le llevaron a la base de operaciones del 102 Batallón de Infantería, sito en el poblado cercano de San Antonio del Rosario. Por aquellos días, finales de 2014, ya se sabía que soldados de ese batallón estaban involucrados en las presuntas ejecuciones del caso Tlatlaya. Apenas unas decenas de kilómetros separan la bodega donde murieron los 22 de Tlatlaya del lugar en que agarraron a Leonel.
Le retuvieron durante horas en el cuartel y al día siguiente, una patrulla de la estatal llegó a por él. “Ellos”, dice, “me entregaron al ministerio público”. Ellos son ocho agentes de la policía estatal. En su informe a la delegación mexiquense de la fiscalía federal, dicen que el 9 de noviembre patrullaban por la carretera que comunica Toluca con Tejupilco; que a la altura de La Cumbre, cerca de Temascaltepec, vieron un coche color vino en una brecha que salía del camino principal; que pararon. Un hombre, Leonel, bajó del vehículo y trató de escapar. Los agentes le dieron alcance rápidamente, le registraron y luego acudieron al vehículo. Al interior encontraron un fusil M16 y cuatro cargadores. Leonel dice que es todo mentira.
Además de los testimonios de vecinos y amigos que afirman que lo vieron el 8 de noviembre en el retén del Ejército, Leonel presentó pruebas que, dice, le exculpan. Igual que en el caso de Sacramento, los agentes dicen, por ejemplo, que llamaron al servicio de grúa para que llegara y recogiera el coche color vino. Y sin embargo en el parte de la grúa, sus trabajadores marcaron como lugar de recogida la sede de la fiscalía federal en Toluca, no La Cumbre, a decenas de kilómetros de allí.
Además, aquel 8 de noviembre, por la tarde, cuenta Leonel, su hija Nelly, alertada por los vecinos que le habían visto por la mañana con los militares, acudió a la sede regional de la fiscalía en Tejupilco a denunciar la desaparición de su papá. Desde que los soldados se lo habían llevado aquella mañana, nadie lo había vuelto a ver. Nelly firmó en el libro de registro de la fiscalía, documento que forma parte del expediente.
“Eso prueba”, dice Leonel, “que los policías nunca me agarraron donde dicen y que fueron los militares el día anterior”.
En el expediente de su caso figura igualmente el peritaje que encargó la familia de Leonel sobre las armas que supuestamente le habían encontrado. En las conclusiones, el perito afirmó que no había huellas de Leonel en el fusil ni los cartuchos.
En 2015, Azael y Sacramento ganaron su libertad. En apelación, la juez determinó que no había pruebas suficientes para condenarles y les absolvió. Leonel sigue preso en Santiaguito, pese a las evidencias con que cuenta a su favor.
4. Ambriz, Neme y las BOM
Los casos de Azael, Leonel y Sacramento coinciden con el gran despliegue de la Marina en el Estado de México en 2012 y 2013. En ese tiempo, el responsable de la seguridad del Estado de México, Salvador Neme Sastre, elaboró una lista de delincuentes a capturar lo antes posible, los 20 capos de La Familia Michoacana que actuaban en el estado.
El 18 de agosto de 2015, Neme Sastre, un hombre de ojos claros, pelo canoso, engominado y mirada penetrante, me citó en el restaurante Il giornale, en una plaza comercial de Santa Fe, a la salida de la Ciudad de México, en dirección a Toluca. Neme Sastre había llegado al Gobierno del Estado de México de la mano de Enrique Peña Nieto, cuando este todavía gobernaba la entidad. Neme pertenece a una vieja familia priista de Tabasco, cercana al presidente. Su padre fue hace años presidente del Senado y su hermano funge actualmente de director general de la empresa pública que construye y administra las carreteras en México, Capufe. Peña Nieto incluso acudió al bautizo del sobrino de Salvador Neme en 2008.
Cuando aún era gobernador del Estado de México, Peña Nieto nombró a Neme segundo al mando de la fiscalía estatal. Luego, en 2012, el actual gobernador, Eruviel Ávila, le nombró secretario de Seguridad Ciudadana.
“Capturamos a todos los 20 menos a El Pez. Capturamos a El Pony, La Vibora, El Faraón. A todos. En esa época yo traje a la Marina a trabajar con nosotros. Donde más trabajaban era al sur del estado”. Neme dijo que tres marinos lideraron en sus días en la secretaría “la investigación policial en el estado”. Los tres tenían a su cargo 250 agentes de la estatal.
Neme llegó a la Seguridad Ciudadna en noviembre de 2011. Ese año, la corporación practicó 556 detenciones por delitos contra la salud (drogas) y 80 por “portación de armas prohibidas”. En 2012, su primer año completo en la secretaría, los números se dispararon: 3.667 detenciones por delitos contra la salud y 231 por portación de armas prohibidas. En 2013, los números ascendieron a 5.833 y 315, tendencia que se acentuó en 2014. EL PAÍS obtuvo estos datos por medio de una solicitud de información al Gobierno estatal.
La presencia del Ejército y la Marina en el estado creció igualmente esos años. El Gobierno del Estado de México había introducido el concepto de Bases de Operaciones Mixtas, compuestas por elementos estatales y federales, entre ellos marinos y soldados. Si en noviembre de 2011 había seis, en febrero de 2013 habían aumentado a 21 en todo el estado, además de los batallones exclusivos de Marina y Ejército.
Neme también dijo que reforzó una de las patas de la secretaría, la Dirección de Combate al Robo de Vehículos como “contrapeso a Rogelio”. Se refería a Rogelio Cortés, titular de otra de las patas de la institución, la más poderosa, la Dirección General de Seguridad Pública. Para ello se trajo a Federico Ambriz Vilchez de la Policía Federal, lo puso al frente de combate al robo de vehículos y le encargó que “vigilaran de cerca a la Dirección de Seguridad Pública”.
Un alto funcionario de la policía estatal, buen conocedor del cuerpo y concretamente de la dirección general de combate al robo de vehículos, explicaba a mediados del año pasado que cuando Eruviel Ávila llegó al cargo a finales de 2011, se encontró un problema en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por un lado, cuenta, estaba Rogelio Cortés, veterano de la institución, al que todos conocen como Cronos. “Cortes”, cuenta el funcionario, que pide que su nombre no aparezca en este reportaje por seguridad, “era y es el hombre más poderoso de la policía estatal. Seguridad Pública cuenta con más recursos que todas las otras direcciones, en personal y en vehículos. Es un mafioso, un extorsionador”.
Con el objetivo de restarle poder a Cronos y agarrar a los capos de La Familia, Neme, Ambriz y la Marina se hicieron cargo de la investigación en el estado.
El alto funcionario cuenta que Ambriz Vilchez, el director de combate al robo de vehículos, tenía muy mala fama. Cuando Neme Sastre dimitió de la secretaría a finales de 2013, pensando que daría el salto al Gobierno federal como su hermano, de la mano de Peña Nieto, su sucesora, Rocío Alonso, se quitó de encima a Vilchez lo antes posible. Contactada por medio de terceros, Alonso declinó hacer comentarios al respecto.
“En el tiempo que estuvo”, explica la fuente, “Ambriz Vilchez y su amigo Teobaldo Valdés, titular de la Dirección General de Inteligencia e Investigación para la Prevención, menos poderosa que combate al robo, hicieron de las suyas al sur del estado. Y fueron allí porque Cortés manejaba el norte del estado”. Tejupilco y Tlatlaya, los pueblos donde agarraron a Leonel, Sacramento y Azael, están al sur del estado.
¿Los marinos que trajo Neme actuaron coludidos con policías estatales para agarrar delincuentes, sin importar que lo fueran o no? ¿Armaron casos para hinchar la estadística? ¿Acaso no era muy pobre la estadística de la estatal antes de que llegara Neme?
¿Qué pasó?
KC
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