Internacional - Política
Guatemala modifica la ley para eximir a Morales de las acusaciones de la misión anticorrupción de la ONU
José Elías
El Parlamento de Guatemala dio una vuelta de tuerca más en su intento por blindar al presidente Jimmy Morales y aprobó por sorpresa este miércoles una reforma al Código Penal -relacionada con el financiamiento ilícito de los partidos- que le permitirá evadir las acusaciones de la Comisión internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala (CICIG) sobre corrupción en su campaña.
Hace apenas dos días, el Congreso ya impidió que Morales fuera investigado por anomalías en el financiamiento de la campaña que lo llevó al poder en 2015. Ahora, acaba de aprobar una reforma del Código Penal que también protege a los secretarios generales de los partidos, algunos de ellos ya con procesos abiertos por ese delito.
Tras la reforma incurrirá en un delito “quien reciba o autorice recursos provenientes del crimen organizado o el narcotráfico” y los responsables directos ya no serán los secretarios generales de los partidos, como hasta ahora, sino que serán los encargados de llevar la contabilidad quienes queden sujetos a penas de cárcel que oscilan entre uno y tres años, conmutables con el pago de una multa.
Los legisladores aprovecharon la fecha, antevíspera de la declaración de la independencia política de España, el 15 de septiembre de 1821, para introducir el proyecto en calidad de moción privilegiada, con lo cual cobró carácter de ley con un único debate.
Entre los ponentes de la ley está el diputado Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, que hace dos legislaturas llevó a Álvaro Colom al poder), a quien la Fiscalía pide que quede despojado de su inmunidad para ser investigado, precisamente, por anomalías en el financiamiento de las últimas campañas de esa organización.
La reacción de indignación ha sido generalizada. Nada más conocerse la noticia, la Embajada de Estados Unidos colgó un tuit en el que señala que mientras la falta de escuelas, las carreteras impracticables y los hospitales sin medicinas no merecen la atención de los diputados, se ha reformado con urgencia el delito de financiación electoral. La CICIG recuerda una frase del comisionado Iván Velázquez quien días atrás señaló que la financiación ilícita de las campañas políticas es “el pecado original de la democracia guatemalteca”.
“Con esta medida, tendente a devolver a Guatemala su condición de país de la eterna impunidad, los diputados subestiman a la población y a la comunidad internacional”, dijo a EL PAÍS el presidente de Acción Ciudadana, el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, Manfredo Marroquín. También agrega que el Congreso ha dado claras señales de estar subordinado a las redes corruptas afectadas por las investigaciones de la CICIG: “El Congreso se ha declarado abiertamente como aliado de las mafias y el crimen organizado”, señala.
El analista independiente Héctor Rosada califica la actual legislatura como “una estructura de poder criminal muy inteligente que ha logrado una auto amnistía para no ser procesados. Han buscado las partes débiles del Código Penal para favorecer a los políticos encarcelados y a quienes continúan cometiendo ese tipo de ilícitos. Es una estructura de poder, solo que es un poder criminal”, concluye Rosada.
Mientras que en lo particular, activistas como la abogada Hellen Mack elevan amparos ante el Constitucional para que las modificaciones introducidas hoy por el Congreso sean declaradas ilegales, centenares de guatemaltecos han gritado consignas contra los legisladores frente a la sede del Legislativo y se han convocado para este jueves manifestaciones de repudio al Congreso y de apoyo a la lucha en contra de la corrupción que mantienen la Fiscalía y la CICIG.
Los diputados clausuraron la sesión antes de que la presencia de manifestantes se hiciera numerosa y convocaron otra sesión para la próxima semana, lo que no impidió que algunos legisladores fueran víctimas de una lluvia de tomates y recibieran gritos de corruptos al abandonar el Congreso, por una cincuentena de airados ciudadanos.
yoselin
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