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En caso Rébsamen, SEP, CDMX y Tlalpan también inculpados

2018-06-18

Los miembros de la Barra Mexicana de Abogados, Ernesto Villanueva, Claudia de Buen y Julio...

 

(El Financiero).- CIUDAD DE MÉXICO.- Los abogados defensores de las familias que perdieron a sus hijos durante el colapso del Colegio Enrique Rébsamen en el sismo del 19 de septiembre del año pasado, exigieron que se valore los distintos grados de responsabilidad y conducta de los implicados desde 2009 a la fecha, entre ellos autoridades que en su momento estuvieron al frente, no sólo de la delegación Tlalpan, como Claudia Sheimbaum, sino también del Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Delegación Tlalpan, Instituto para la Seguridad de las Construcciones del DF, y Secretaría de Educación Pública.

Los miembros de la Barra Mexicana de Abogados, Ernesto Villanueva, Claudia de Buen y Julio Gutiérrez, quienes analizan las vías jurídicas de defensa exigieron a las autoridades la indemnización por daño moral a los afectados, así como sanciones y revocaciones para directores de Obras (DROs) y Corresponsables en Seguridad Estructural (CSEs) que validaron instalaciones defectuosas o en riesgo del Colegio Rébsamen, determinaron que en el avance de su análisis jurídico el colapso no lo causó el sismo sino “los defectos en la estructura y la construcción”. Expusieron que su derrumbe fue culpa también de funcionarios de la delegación Tlalpan que, por omisión y corrupción, permitieron una construcción.

“Hoy sabemos que hubo un daño estructural desde el primer sismo del 7 de septiembre y el DRO dio visto bueno, taparon el daño y el DRO manifestó que estaba correcto, cuando no era así, y esto en derecho es daño punitivo”, dieron a conocer los aboados.

Los litigantes expusieron que desde mayo de 2009 los padres de familia informaron a las autoridades sobre la construcción de un cuarto nivel. La Seduvi a su vez presentó la queja a la demarcación para verificar la obra, pues no contaba con permiso para ampliaciones.

“Se ordenó la clausura y demolición del concreto armado en el tercer y cuarto nivel, dañando elementos estructurales que afectaban la estabilidad de la construcción. Se ordenó de nuevo que el colegio fuera clausurado hasta acreditar la legalidad de la obra, pero no hicieron caso”.

“En 2014 el CSE emitió una constancia de seguridad estructural y el DRO manifestó que se llevaron a cabo pruebas de carga y que estas no eran necesarias pues la edificación no tenía daños estructurales. Los dueños pagaron la multa y las autoridades levantaron los sellos, pero a causa del temblor de septiembre pasado parte de la estructura se desplomó y 15 niños y dos adultos murieron”, denunciaron.

Por ello, demandaron castigar tanto a los servidores públicos involucrados y a la dueña del colegio e indemnizar a los familiares que perdieron a sus hijos en el lugar.



Jamileth

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