Internacional - Política
El escándalo que oscurece la fiesta nacional en Perú
David Hidalgo, The New York Times
LIMA — El presidente de Perú, Martín Vizcarra, dará hoy el primer mensaje de fiestas patrias de su Gobierno en medio de una crisis política tan o más grave que la que lo llevó al poder hace apenas cuatro meses, y en un clima de incertidumbre que empaña las celebraciones tradicionales por la Independencia nacional.
El principal síntoma está en las calles. En los días previos a la efeméride más importante del país, cuando las instituciones públicas y privadas organizan actos celebratorios, algunos colegios de diferentes ciudades anunciaron que no participarían en el desfile escolar característico de estas fechas y otros lo hicieron con señales de rechazo explícito a los últimos escándalos de corrupción que envuelven a toda la clase política: en la región norteña de Áncash, un grupo de profesores marchó con una bandera a la que cambiaron el color rojo por el negro en señal de luto, y en Cusco dos colegios presentaron alumnos vestidos como jueces que eran arrestados por policías.
Perú lleva varias semanas en medio de un terremoto político por la publicación en la prensa de conversaciones telefónicas que involucran a jueces, fiscales, empresarios y políticos en un presunto esquema de tráfico de influencias, manipulación de sentencias judiciales y coordinaciones para el aparente pago de sobornos. Los diálogos, revelados inicialmente por el portal de investigación IDL-Reporteros, eran parte de escuchas telefónicas autorizadas por un juez en el curso de una investigación fiscal contra mafias vinculadas al narcotráfico, la extorsión y el sicariato. El hilo de las comunicaciones condujo al corazón del sistema de justicia peruano.
El impacto de las revelaciones ha motivado hasta ahora el envío a prisión preventiva del hasta hace poco poderoso presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, un importante distrito judicial contiguo a Lima; la remoción de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el órgano que precisamente nombra, sanciona o destituye a los jueces y fiscales del país; y la renuncia del Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, cuyo reemplazo asumió esta semana.
La crisis, sin embargo, está lejos de terminar, porque el volumen de información que ahora es difundida por varios medios no ha sido revelado, y en los últimos días ha seguido mostrando los vínculos de los principales involucrados con congresistas, dirigentes deportivos y empresarios.
“Lo que tenemos es un mapa general en el cual la institucionalidad en el Perú está bastante complicada y en una crisis grave”, señala el analista político José Alejandro Godoy.
El experto describe un contexto en que el actual presidente de la República no fue elegido por voto popular, sino que debió asumir el cargo tras la caída de su predecesor en medio de sospechas de corrupción; con un Congreso que, a pesar de sus serios problemas de desprestigio, acaba de elegir como nuevo presidente a un congresista de historial polémico; un Fiscal de la Nación cuestionado incluso antes de juramentar al conocerse un audio que lo vincula con el juez más comprometido en el escándalo, a quien inicialmente desconoció. Y todo esto enmarcado en la crisis del CNM, declarado en emergencia por el Parlamento, lo que significa que no se podrá elegir jueces ni fiscales durante los próximos nueve meses.
“Es una crisis de dimensiones más o menos fuertes como la que tuvimos en el año 2000, donde varias de las instituciones del sistema de justicia fueron cuestionadas por sus vínculos con Montesinos y Fujimori en aquel momento”, señala Godoy.
Se espera que el tema ocupe parte central del Mensaje a la Nación que, por mandato constitucional, el presidente Vizcarra dirija hoy desde la sede del Congreso a los más de treinta millones de peruanos. Lo hará desde el mismo escenario donde hace solo siete meses, en diciembre del 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski se defendió de las acusaciones que terminaron por sacarlo del poder.
“Es un mensaje clave para la permanencia de Vizcarra en la presidencia de la República hasta el 2021”, dijo el jueves la influyente periodista Rosa María Palacios en su habitual columna en video.
El mandatario tendrá que dirigirse a un Congreso cuya mesa directiva está completamente dominada desde el jueves último por Fuerza Popular (FP), el partido de Keiko Fujimori, cuya mayoría parlamentaria opositora mantuvo una campaña de desgaste contra Kuczynski y será un factor decisivo para la estabilidad del actual gobierno en los tres años que quedan de periodo presidencial. Las discrepancias ya han marcado el terreno en días previos: tras la revelación de los audios, el partido fujimorista planteó una reforma y la sanción focalizada en los principales involucrados, pero poco después tuvo que ceder al pedido del presidente para que se convoque a una legislatura extraordinaria que tuvo como único punto de agenda la remoción de todos los miembros del CNM.
Ahora Vizcarra debe anunciar medidas que traigan calma a un país que ya venía agitado por las revelaciones del Caso Lava Jato, por el presunto financiamiento ilegal a las campañas de cuatro presidentes y del principal partido de la oposición.
“En lo personal pienso que [el presidente] debería pedir facultades legislativas para modificar todas las normas legales del sistema de justicia que requieran un urgente cambio”, señala Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros del gobierno anterior, en referencia a asuntos como las condiciones para el acceso, permanencia y ascenso de jueces y fiscales, actualmente expuestos a excesivas interferencias o intereses, o el sistema de sanción a jueces probadamente corruptos, que ahora gozan de importantes protecciones.
Si el Parlamento se negara a dárselas, señala Cateriano, el Ejecutivo debería enviar proyectos de leyes orgánicas para plantear reformas sustanciales del sistema de justicia. “Si el Parlamento rechaza esos proyectos, el último mecanismo constitucional que tendría sería enviar al Consejo de Ministros al Congreso para plantear un voto de confianza”, explica el político.
Ese procedimiento se basa en el artículo 134 de la Constitución e implica que los ministros en pleno, con el premier a la cabeza, se presenten ante los congresistas para plantear una propuesta y pedir la aprobación como una cuestión de confianza al gobierno. La negativa a este pedido provocaría la caída del gabinete, que sería la segunda de este periodo de gobierno, y facultaría al presidente a disolver el Congreso y convocar a elecciones para un nuevo Parlamento en los siguientes cuatro meses. Este escenario no sería beneficioso para la oposición en la actual coyuntura.
El analista José Alejandro Godoy piensa que esta podría ser la última oportunidad del jefe de Estado para asumir el liderazgo que la población reclama. “No creo que el presidente Vizcarra, que tiene esta oportunidad de hacer el cambio, vaya a defraudar”, dice por su parte el exministro Cateriano. “El ambiente de inestabilidad política va a ser absolutamente inmanejable si él no toma decisiones firmes”.
Si algo caracteriza la escena política peruana de estos días es la impredecibilidad: todo puede cambiar con los audios que se publiquen en las horas que vienen.
JMRS
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