Internacional - Seguridad y Justicia

Otra acusación' para el Chapo: los embotellamientos en el puente de Brooklyn

2018-08-16

Cada pocos meses, cuando se le cita en el tribunal, sucede algo terrible: la policía debe...

Alan Feuer, The New York Times

El caso de Joaquín Guzmán Loera, el capo mexicano de la droga conocido como el Chapo, lleva ya más de un año ocasionando en ciertos días esas pesadillas de tránsito vehicular que solo se ven en Nueva York.

En una estrategia muy inusual, Guzmán está siendo enjuiciado en Brooklyn pero, dada su propensión a fugarse de la cárcel, se le mantiene en una prisión de alta seguridad en la zona del Bajo Manhattan.

Cada pocos meses, cuando se le cita en el tribunal, sucede algo terrible: la policía debe cerrar todo el puente de Brooklyn y dejar varados a cientos de conductores mientras el narcotraficante más famoso del mundo atraviesa el río Este a toda velocidad en un convoy de automóviles fuertemente blindados.

Además, cuando el juicio comience en noviembre, el tráfico podría empeorar porque Guzmán tendrá que ser escoltado para cruzar el puente dos veces al día, hasta por cuatro meses. Por si el inconveniente no fuera ya suficiente, estos cierres ocurrirían justo durante las horas pico de la mañana y la tarde.

Este atasco temporal ocasionado por el sistema de justicia penal no solo tiene molestos a los usuarios del puente, sino que les ha dado a los abogados de Guzmán motivos para quejarse. Hace unos meses, solicitaron a un juez que cambiara el juicio a Manhattan, o incluso a Filadelfia, con el argumento de que el “espectáculo” de cerrar una importante arteria de tránsito vehicular podría predisponer en contra de su cliente a un jurado de personas que usan el transporte público.

El juez Brian M. Cogan reconoció el martes que los dolores de cabeza que ocasiona el tránsito a los conductores de la ciudad (y posibles miembros del jurado) eran “preocupaciones válidas”, pero que a pesar de ello había decidido mantener el juicio en Brooklyn. No obstante, prometió que haría todo lo posible por ahorrarles a los neoyorquinos más traumas derivados del tránsito.

En una audiencia en el Juzgado Federal de Distrito de Brooklyn, el juez dijo que había estado trabajando con los jefes de la policía para idear una solución al problema, aunque no dio ninguna pista de cuál sería. Eso dio lugar a algunas preguntas. ¿Guzmán sería transferido a la menos segura, pero más práctica, prisión federal de Brooklyn? ¿Cruzaría el río a bordo de un helicóptero todos los días? ¿O en un barco?

Nadie parece saber que harán, o si lo saben, no lo están diciendo. El Servicio de Jefes de Policía de Estados Unidos, que es responsable de transportar a los acusados, no respondió a las llamadas telefónicas de The New York Times. El Departamento de Transporte de la ciudad remitió todas las solicitudes de información al Departamento de Policía, que, cuando se le hicieron preguntas, no dijo nada.

Frente a los reporteros, después de la audiencia, uno de los abogados de Guzmán, William B. Purpura, especuló que los jefes de policía podrían albergar a Guzmán en el juzgado de Brooklyn —o cerca de ahí— durante los días de juicio, pero dijo que no está seguro de si su cliente regresaría a Manhattan los fines de semana. “Lo han hecho antes en otros procedimientos”, agregó Purpura, “en los que construyen instalaciones aquí”.

Toda estas precauciones son necesarias porque Guzmán, de 61 años, se ha escapado en dos ocasiones de prisiones de máxima seguridad en México; en una de ellas, según se dice, escondido en un carro de lavandería, y, en la otra, a través de un túnel de 800 metros que se cavó hasta la regadera de su celda.

Cuando Guzmán fue extraditado a Nueva York el año pasado para enfrentar los cargos de dirigir un imperio criminal enorme y violento, los funcionarios federales prometieron que esta vez no habría túneles. Lo colocaron en lo que se conoce como 10 Sur, el ala de alta seguridad en la prisión federal de máxima seguridad de la ciudad, el Centro Correccional Metropolitano.

Ahí, Guzmán está tras las rejas durante veintitrés horas diarias y se le niegan la mayoría de las visitas, a excepción de los miembros de su equipo jurídico. Sus abogados han argumentado que las duras condiciones de su confinamiento han obstaculizado su capacidad de prepararse para el juicio.

La acusación más seria que ha formulado el gobierno estadounidense hasta ahora es que Guzmán ordenó personalmente que se diera muerte a miles de personas durante su dominio de décadas de duración del Cártel de Sinaloa.

En meses recientes, los fiscales federales han comenzado a revelar los nombres —y los tipos de muertes— de algunas de sus supuestas víctimas, que incluyen a miembros de Los Zetas, un cártel rival, a quienes se dice que se les dio un tiro de gracia después de relajarse con la comida. No obstante, muchos de los que fueron asesinados hace años solo han sido identificados por etiquetas categóricas de: “informantes”, por ejemplo, o “miembros de la autoridad policial”.

En la audiencia del martes, el juez Cogan dijo que se inclinaba por excluir del juicio al menos algunas de las evidencias sobre estos asesinatos descritos de manera tan ambigua, que limitarían seriamente la cantidad de homicidios que el jurado acabaría escuchando. El juez agregó que planeaba publicar una orden en relación con los asesinatos esta misma semana.

El otro abogado de Guzmán, Eduardo Balarezo, se ha quejado de la falta de información en relación con estos asesinatos, pues dice que es casi imposible defender a su cliente cuando todo lo que el gobierno le ha revelado es —por dar un solo un ejemplo— que Guzmán mató a una cantidad incalculable de “socios que traicionaron” al cártel del narcotráfico en algún momento entre 1989 y 2014.

“Estamos defendiendo su caso con las dos manos atadas y un ojo cerrado”, declaró Balarezo.



Jamileth