Internacional - Política
Trasladan a expresidente peruano Fujimori a clínica tras anulación de indulto
Por Teresa Cespedes
LIMA (Reuters) - El expresidente peruano Alberto Fujimori fue llevado el miércoles a una clínica de Lima por una afección cardiaca, horas después de que un juez de la Corte Suprema anulara su indulto para que siga cumpliendo una condena por violaciones a los derechos humanos.
Ante lo que consideró “irregularidades”, como la designación del médico de Fujimori en la junta que recomendó su libertad, el magistrado Hugo Núñez aceptó el pedido de anulación de familias de víctimas de delitos contra los derechos humanos, asegurando que el exmandatario sufre una enfermedad “no terminal grave” y no urge liberarlo.
Fujimori, de 80 años, fue indultado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski a fines del año pasado cuando había cumplido alrededor de la mitad de una condena de 25 años. La medida generó entonces celebraciones entre sus simpatizantes y reclamos de sus detractores que quieren verlo en la cárcel por delitos de lesa humanidad.
La decisión del magistrado de la Corte Suprema fue apelada por el abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, quien solicitó al tribunal suspender la orden de captura del expresidente por “un inminente riesgo de muerte súbita en caso de reingresar a un establecimiento penitenciario”.
“VENGANZA POLÍTICA”
Keiko Fujimori, hija del exmandatario y líder del principal partido opositor Fuerza Popular, calificó el fallo como un acto de “persecución y ensañamiento” de sus enemigos políticos.
“Es extremadamente doloroso saber que un juez le ha quitado la libertad a mi padre señalando que porque no está moribundo no tiene derecho a un indulto humanitario”, dijo Keiko entre lágrimas a periodistas al llegar a la vivienda de su padre.
Legisladores de Fuerza Popular -que domina el Congreso- calificaron como una “venganza política” la anulación del indulto a Fujimori, mientras portaban carteles en el Parlamento que decían “Basta de odios”, “No más rencores”, en momentos en que debaten reformas políticas y judiciales del gobierno.
Los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta (1991) y Barrios Altos (1992), en los que murieron 25 personas, solicitaron en julio a la justicia la revocación del indulto, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio plazo hasta fines de octubre para que la justicia peruana tomara medidas.
“La resolución del magistrado Núñez Julca que anula el indulto a Fujimori restablece el derecho a la justicia de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta”, dijo el abogado de los familiares, Carlos Rivera.
El indulto a Fujimori dividió y sigue dividiendo al país. Observadores y opositores dicen que el perdón fue producto de una negociación política, porque el beneficio se le concedió tres días después de que Kuczynski logró eludir su destitución en el Congreso gracias al voto de legisladores disidentes del partido de la hija mayor del exmandatario.
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