Nacional - Seguridad y Justicia
México, otra vez en el banquillo por tortura
(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO.- México fue señalado otra vez en Ginebra, sede alterna de la Organización de las Naciones Unidas, por su inacción en torno a la práctica de la tortura, que se agravó en los 12 años de violencia que desangra al país y cuyo fin no se ve cercano aún.
Ante el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU, organizaciones civiles acusaron al nuevo gobierno del presidente Andrés López Obrador de guardar silencio hasta ahora sobre las denuncias e torno al tema que involucran sobre todo a las fuerzas de seguridad del Estado.
Las entidades no gubernamentales señalaron que la impunidad en la materia es enorme, pues de 8.335 investigaciones de tortura, la Fiscalía Especial sobre el tema sólo ha presentado cargos en 17 casos.
"Hasta ahora el gobierno se ha mantenido en silencio ante esta epidemia", dijo Olga Arnaiz, de la Red Todos los derechos para Todas y Todos (TDT), al señalar de 41% de mujeres detenidas por la Marina alegan que fueron violentadas sexualmente.
Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos, urgió a las autoridades a actuar "de manera rápida" para combatir el uso sistemático de la tortura.
Guzmán advirtió que, lejos de reducirse, el fenómeno podría aumentar con la creación de la nueva Guardia Nacional, militarizada.
"Hemos venido a Ginebra para decirles a los expertos del CAT que la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado son una realidad brutal en el México de hoy", afirmó.
Desde que el entonces presidente Felipe Calderón lanzó su fracasada campaña contra el crimen con apoyo de las Fuerzas Armadas, que según López Obrador fue equivalente a "dar de patadas a un avispero", han muerto más de 250,000 personas y se contabilizan unos 40,000 desaparecidos.
Además, han ido en ascenso las violaciones a los derechos humanos por parte de militares y policías, documentadas incluso por organismos internacionales en la materia y por el propio ombudsman nacional.
Según Natalia Pérez, de la ONG Fundar, desde 2006 los casos de tortura repuntaron con el tema de la guerra contra las drogas".
Pérez recordó que en 2012 se realizó una evaluación sobre la situación imperante y desde ese año hasta la fecha "las cifras no cambiaron mucho, se mantienen prácticamente igual".
La nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, aprobada por el congreso hace año y medio, todavía no es aplicada en varios estados.
"Existe un rezago muy evidente en la implementación de la ley, tanto a las obligaciones directamente vinculadas a los hechos de tortura, como en las obligaciones preventivas", afirmó en conferencia de prensa en la sede del Centro Pro Juárez, una conocida ONG, Angel Ferrer, que dirige la organización Documenta.
El Protocolo de Estambul, un conjunto de normas internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias, aprobado hace 16 años, en México sólo ha servido para "revictimizar" a las personas que han sufrido tortura o tratos crueles y degradantes durante su detención.
"La falta de imparcialidad, de prontitud en la prueba del protocolo y la hostilidad, vulnera de nueva cuenta a las personas que son víctimas de estos hechos", afirmó. En el fondo de toda esta situación subyace la falta de voluntad de las autoridades para "reconocer que la tortura es una práctica común", dijo Sandra Alarcón, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Los expertos del CAT escucharon en Ginebra a tres víctimas o familiares de ellas narrar métodos usados para autoincriminarse.
Las entidades civiles apremiaron al Estado mexicano a exigir que se retire de las Fuerzas Armadas a elementos sobre los que pesan acusaciones de tortura.
Jamileth
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