Editorial
Más violencia, menos reos: la reforma judicial de México
Por Kirk Semple
Los proyectos para fortalecer al gobierno en la lucha contra el crimen se han filtrado y su contenido ha indignado a expertos judiciales y de derechos humanos.
La redada fue un golpe devastador para el grupo delictivo más temido de Ciudad de México: 31 presuntos miembros de la organización fueron arrestados, se descubrieron dos laboratorios clandestinos para fabricar drogas y se incautó un botín criminal que incluía 2 toneladas y media de marihuana, casi 20 kilogramos de cocaína y un arsenal.
Sin embargo, a los pocos días, el caso se vino abajo. Tras encontrar incongruencias en los documentos de la fiscalía, un juez puso en libertad a casi todos los sospechosos. Y lo que iba a ser una gran victoria para el gobierno se convirtió en una vergüenza enorme.
De cierta forma, esta fue una reafirmación del nuevo sistema penal acusatorio de México. Una reforma radical al poder judicial —implementada en su totalidad en 2016— ha traído más transparencia a los tribunales, elevando los estándares para la evidencia y les otorga más autoridad a los jueces para descartar acusaciones con base en errores procesales.
Sin embargo, este giro hacia una vigilancia más rigurosa del juicio justo ha llevado a los funcionarios de gobierno a darse cuenta de una cruda realidad: una reforma pensada para fortalecer la capacidad del país en el combate a la violencia y la impunidad también ha dificultado el proceso de encarcelamiento y la garantía de que los presos se queden ahí.
Esto se ha convertido en un problema político para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuyos esfuerzos para contrarrestar a los implacables grupos delictivos de la nación, en gran medida, han sido inútiles.
Desesperado por demostrar algo de progreso, el gobierno quiere volver a reestructurar el sistema de justicia por medio de un paquete de reformas diseñadas para intervenir con mano más dura en la lucha contra la delincuencia.
Los funcionarios dijeron que planeaban presentar el 1 de febrero las reformas propuestas ante la legislatura. Pero los borradores que se filtraron en días recientes han enfurecido a los expertos jurídicos, quienes afirmaron que contenían cambios que desmantelarían las garantías de un juicio justo y las protecciones a los derechos humanos que con tanto esfuerzo se consiguieron.
“Es un revés completo”, dijo María Novoa, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, un grupo de investigación que analiza las políticas gubernamentales. “Es una contrarreforma”.
Cuando el Congreso de la Unión aprobó la reforma al sistema judicial en 2008, su intención era modernizar un sistema turbio, corrupto y sumamente ineficiente, y con eso aumentar no solo las garantías de un juicio justo y de rendición de cuentas sino también la fe de la ciudadanía en el Estado de derecho.
A diferencia del sistema anterior, en el que la mayoría de los procedimientos judiciales se realizaban a puerta cerrada, con un juez que revisaba los argumentos y las pruebas por escrito, el nuevo sistema se basaba en juicios orales que les permitían a los fiscales y a los abogados defensores presentar sus argumentos ante una audiencia pública.
Las reformas crearon la figura de un juez de control para un juicio justo —independiente del juez de sentencia— para garantizar que los derechos humanos del acusado se respetaran durante la etapa previa al juicio, entre muchos otros cambios. El nuevo sistema también limitó rigurosamente la prisión preventiva oficiosa, que a veces se utilizaba para encarcelar a los sospechosos durante años sin llevarlos a juicio, y proporcionó más mecanismos para encontrar resoluciones alternativas de litigios.
Las reformas se adoptaron en un marco de ocho años, en el que se capacitó nuevamente a oficiales de policía, fiscales, jueces y abogados defensores; se construyeron nuevos juzgados, y se renovaron los programas de estudio en las facultades de Derecho.
Dada la índole titánica de la iniciativa, y los cambios culturales que conllevaba, muchos advirtieron que quizá se requerirían años para que el sistema rindiera frutos y una voluntad política inquebrantable para vigilar que se llevara a cabo.
La transición recibió el apoyo firme de Estados Unidos, que invirtió más de 300 millones de dólares en el proyecto. El nuevo sistema se declaró oficialmente implementado en los 32 estados de la república mexicana en la fecha límite de junio de 2016.
Pero desde entonces, dos tendencias han asustado a los funcionarios gubernamentales: el aumento de la violencia y la disminución de la población penitenciaria.
En el último censo carcelario del que se tiene registro público, realizado en noviembre, había casi 202,000 presos en el sistema penitenciario, una cifra un 14 por ciento menor en comparación con la época en que las reformas estaban implementadas en su totalidad, según las estadísticas del gobierno.
Al mismo tiempo, la violencia se ha disparado.
En 2019, el primer año de López Obrador en la presidencia, en México se registraron más de 34,500 homicidios, el conteo anual más alto desde finales de la década de los noventa, cuando el gobierno empezó a llevar el registro.
Además, el año pasado estuvo marcado por varios fracasos de alto perfil en la seguridad pública que han socavado la confianza de la ciudadanía en el gobierno.
Entre ellos, estuvo el colapso repentino del caso contra La Unión Tepito, el grupo delictivo de Ciudad de México que fue el blanco de la redada. Fue otro ejemplo de algo que los expertos jurídicos describen como la lucha constante para que los fiscales y la policía puedan presentar casos que se lleven a juicio en el nuevo sistema penal acusatorio.
López Obrador y otros funcionarios apenas pudieron contener su frustración con la decisión del juez en el caso, dictada en octubre.
“Mi opinión, con todo respeto al Poder Judicial de la Federación, a su autonomía, me parece que fue desafortunada la decisión del juez”, escribió en un comunicado Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de Ciudad de México. “Creo que los jueces deberían analizar de manera integral los casos, ponderar el interés colectivo y revisar todas las evidencias”.
Cuando le preguntaron sobre el tema, López Obrador reconoció que algunos funcionarios públicos necesitaban más entrenamiento en los nuevos estándares judiciales. Cuando los documentos fiscales tienen errores, dijo, “da motivo a que los jueces puedan decir ‘está mal integrada, no son pruebas suficientes, hay contradicciones’. Y libertad”.
Pero también mencionó al fantasma de la corrupción. Dijo que una práctica de mucho tiempo entre los jueces deshonestos ha sido utilizar los errores en los documentos de un caso “como excusa” para liberar a los acusados.
Algunos funcionarios públicos incluso han intentado vincular de manera directa el descenso de la población penitenciaria con el ascenso de la violencia. En específico, han culpado al nuevo sistema de justicia por facilitar que el acusado sea puesto en libertad y que regrese a una vida de delincuencia: un fenómeno al que muchos se refieren como “la puerta giratoria”.
Entre los que prometen que van a cerrar esa puerta está Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la república y autor principal del nuevo conjunto de reformas.
“Por un lado, entraban y por ese mismo salían, se multiplicó el número de delincuentes, algunas cárceles redujeron su número de internos, pero multiplicaron su daño a la sociedad. Es decir, el sistema, en lugar de mejorar, se complicó”, declaró este mes en una reunión de la comisión en el Senado mexicano.
Los borradores filtrados de las iniciativas incluyen medidas que expandirían de manera considerable el uso de la prisión preventiva oficiosa, eliminarían al juez de control para el juicio justo y abandonarían las normas que prohíben de manera automática el uso de pruebas obtenidas por medios ilegales, según dijeron los expertos jurídicos.
Los borradores han dejado impactados a jueces, abogados defensores, académicos del ámbito jurídico y otros expertos en el sistema penal mexicano, en particular, aquellos que han invertido años en ayudar a que se implementen las reformas de 2008.
“Es un retroceso bastante profundo”, opinó Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, exjuez que ahora trabaja como consultor y profesor para el nuevo sistema penal acusatorio. “Me provoca cierta ansiedad y tristeza”.
Alejandra Ramos, jueza en el estado norteño de Chihuahua, dijo que las iniciativas propuestas equivalían a “un retorno a la barbarie”.
Ramos explicó la lógica del gobierno: “Como no tengo la capacidad de investigar ni de encontrar evidencia, necesito nuevos mecanismos para juzgar y condenar sin pruebas”, dijo. “Necesito implementar un nuevo modelo que me permita detener y encarcelar a personas: culpables sin pruebas”.
Quienes apoyan las reformas de 2008 dicen que aunque puede haber margen de ajustes y mejoras, el sistema es sólido, pero necesita más tiempo para funcionar bien, especialmente en medio de los retrasos en la capacitación de los agentes de policía.
“Está en pañales”,dijo Jesús I. Moreno de Leija, un abogado en Ciudad de México, sobre el nuevo sistema.
Los funcionarios que han estado redactando las nuevas iniciativas parecieron sorprendidos tanto por la filtración como por la indignación que surgió después. López Obrador y los funcionarios de su gobierno han tratado de distanciarse del paquete de reformas e, incluso, algunos funcionarios han insistido en privado en que fue en gran parte el trabajo de Gertz, el fiscal general.
Cuando se le preguntó sobre las reformas en una conferencia de prensa reciente, López Obrador respondió: “No se va retroceder en nada. Es libertad y democracia, real, auténtica”.
regina
