Internacional - Seguridad y Justicia
Perú envía fiscales a Brasil por una investigación de corrupción que crece a nivel regional
Por Marco Aquino y Brad Haynes
LIMA/SAO PAULO (Reuters) - Fiscales peruanos planean viajar en los próximos días a Brasil en busca de pruebas de presuntos sobornos en la construcción de una carretera internacional, dijo el fiscal general de Perú en una entrevista, avivando a nivel regional el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil.
La investigación en Perú sigue a una más amplia en Brasil que tiene bajo la lupa a varias empresas constructoras de ese país bajo sospechas de haber formado un cartel para obtener obras públicas en algunos países de Latinoamérica.
El interés regional estalló el mes pasado, cuando la policía brasileña arrestó al presidente de Odebrecht, la empresa de construcción más grande de América Latina. [ID:nL1N0Z50T9]
Ecuador abrió auditorías de contratos de Odebrecht y el vicepresidente de Colombia advirtió que podría prohibírsele a la compañía participar en licitaciones públicas durante décadas. Los investigadores en los Estados Unidos y Panamá también han estado colaborando con las autoridades brasileñas.
El escrutinio internacional es un duro golpe para las firmas de construcción brasileñas bien conectadas, que son el rostro visible de la diplomacia regional de Brasil, y que a menudo superan a rivales chinos y europeos para conseguir la operación de megaproyectos en América Latina.
Ninguna tiene un mayor perfil regional que Odebrecht, que
ha construido casi tres cuartas partes de las obras erigidas por empresas brasileñas en el exterior.
Entre sus proyectos figuran un puerto en Cuba, un metro en Venezuela e incluso una estatua de 37 metros en la costa de Perú inspirada en el famoso Cristo del Corcovado de Río de Janeiro.
"QUE LEVANTEN TODA LA ALFOMBRA"
El fiscal general de Perú, Pablo Sánchez, dijo a Reuters que está coordinando con sus pares brasileños el envío de un equipo de fiscales para poder interrogar a los testigos del caso de corrupción en Brasil y analizar minuciosamente los documentos reunidos por los investigadores en la sureña ciudad de Curitiba.
"El mensaje que está dando Brasil con una investigación de esa envergadura, y que nosotros vamos a replicar en caso de que se detecte los mismos supuestos en Perú, es un claro mensaje de lucha contra la corrupción en esta zona sur de América", dijo Sánchez en una entrevista realizada el viernes por la noche.
Los fiscales peruanos investigan denuncias que surgieron en la prensa local en junio citando informes de la policía brasileña, de presuntos sobornos pagados por ejecutivos de las constructoras para inflar el costo de una carretera que une la selva amazónica de Brasil con los puertos del Pacífico en Perú. [ID:nL1N10004C]
Sánchez se excusó de citar nombres de los sospechosos en la investigación preliminar, que tiene un plazo de ocho meses.
"Tengo información de que hay mucha fuente informativa para investigar allá en Brasil, eso nos permitirá a nosotros ahondar la investigación en Perú", afirmó el fiscal peruano.
La carretera internacional fue construida entre el 2005 y el 2011 durante los periodos de los ex presidentes Alejando Toledo y Alan García por las filiales en Perú de las brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao.
Odebrecht, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao han negado las acusaciones de presunta corrupción en Brasil o Perú.
"Estamos dispuestos a que volteen la casa de arriba abajo, que levanten toda la alfombra si es necesario porque (la empresa) está segura que ha obrado correcto", dijo a Reuters Fernán Altuve, portavoz Odebrecht Latinvest, brazo inversor del grupo brasileño y a cargo de las concesiones viales en Perú.
La firma brasileña agregó en su comunicado que las acusaciones de soborno en el proyecto de la vía peruana se concentraron en un tramo de la ruta que la empresa no construyó.
Representantes de Camargo Correa no tuvieron comentarios de inmediato sobre las acusaciones.
Los precios de los bonos de esas empresas constructoras se han desplomado por las preocupaciones de que podrían pagar multas elevadas y perder el acceso a importantes contratos públicos en Brasil. Y los precios de los bonos de Odebrecht se deslizaron más este mes debido a las investigaciones se extienden a lo largo de América Latina, según operadores.
Cerca del 44 por ciento de los ingresos de Odebrecht y un 70 por ciento de sus contratos provienen de fuera de Brasil.
RAÍCES PROFUNDAS
La división de Odebrecht en Perú es la más antigua de la firma en el extranjero, pero la empresa tiene raíces profundas por toda América Latina.
En Colombia, donde la firma ganó un proyecto de 1,300 millones de dólares para recuperar la navegabilidad de un río y otro por 2,000 millones de dólares para construir una carretera, el vicepresidente colombiano Germán Vargas dijo que Odebrecht sería castigada con una prohibición para competir por contratos públicos de hasta 20 años si es hallada culpable de corrupción.
En Ecuador, la Contraloría General anunció el mes pasado nuevas auditorías de los contratos de Odebrecht, que incluyen proyectos hidroeléctricos y de refinerías en los últimos años.
La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, dijo a Reuters que había recibido una solicitud de cooperación de parte de Brasil, pero Panamá "en este momento" no está llevando a cabo su propia investigación de Odebrecht.
Los fiscales brasileños han dicho que están trabajando estrechamente con el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de Estados Unidos en el caso de corrupción.
Ninguna de esas agencias estadounidenses ha hecho comentarios sobre el tema y Odebrecht dice que no ha recibido ninguna notificación formal de la colaboración de Estados Unidos en la investigación.
Abogados especialistas en delitos de cuello blanco dijeron a Reuters que Odebrecht, que tiene una filial en Estados Unidos y vende bonos en Nueva York, puede enfrentar un juicio bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos si pagó sobornos a funcionarios públicos en cualquier lugar.
Si es acusada y condenada, la compañía podría enfrentar multas elevadas y la posibilidad de perder el acceso a contratos públicos en Estados Unidos, como los obtenidos para un estadio de baloncesto Miami y autopistas en Texas y California en los últimos 25 años.
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