Entre la Espada y la Pared
¿Cómo mantener la libertad de prensa en México, donde hay un conflicto armado interno?
Ricardo Raphael |aa The Washington Post
“No sabemos nada, siendo periodista es muy frustrante. Nada más ves cosas, huellas de un fantasma, ves muertos, pero nunca ves al asesino. Hay mucha sangre y no sabemos si hay guerra, sabes que hay organizaciones criminales, pero no sabes si es el gobierno. Es mucho más lo que no sabemos que lo que sí”. Sandra Rodríguez, entonces periodista de El Diario de Juárez, compartió conmigo en 2010 esta reflexión a propósito de la crisis de violencia que por aquel tiempo parecía imparable en la frontera entre Texas y Chihuahua.
“En Ciudad Juárez los periodistas están consignando los hechos, contando los muertos, pero no han podido hacer investigaciones más amplias. Investigar, por ejemplo, la estructura del cártel, incluyendo los vínculos que tiene con el Estado”, agregó.
A principios de la década pasada, cuando publiqué El Otro México, libro donde recogí estas palabras, eran ya varios los puntos ciegos cuando se quería investigar la ola de muertes, desapariciones, extorsión e impunidad que golpeaba fuerte, sobre todo en ciudades de los estados de Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán y Guerrero.
Sin embargo, la libertad de prensa en esas regiones no era la misma. Rodríguez me explicó que, a diferencia de otros medios, El Diario de Juárez tenía mayor libertad ya que las organizaciones criminales sabían que si obligaban a los y las periodistas a guardar silencio, los periódicos radicados en el otro lado del Río Bravo, como El Paso Times, se encargarían de decir las cosas con voz aún más fuerte.
Tardé en comprender la obviedad: si la prensa de Estados Unidos dedica recursos para investigar lo que ocurre en México, el cerco de silencio impuesto por los criminales dentro del país es insostenible.
Más de 12 años han transcurrido desde la entrevista a esa valiente periodista juarense y, como ella intuyó entonces, con el paso del tiempo el territorio de la paz mexicana se fue haciendo cada año más estrecho. Alrededor de 200,000 homicidios dolosos fueron reportados entre 2010 y 2019, y de 2020 a noviembre de 2022 fueron más de 81,000.
A estos números deben añadirse la cifra oficial de personas desaparecidas o no localizadas, que son casi 110,000, y los actos de extorsión cuyas denuncias ascienden mes con mes de manera importante, a pesar del temor que padecen las víctimas por las eventuales represalias.
En solo una década el conflicto armado se extendió al resto del país. Es difícil decir con precisión cuántos son los territorios gobernados por la violencia de las empresas criminales, pero ciertamente son muchos. La periodista Alicia Salgado refirió el año pasado que, por este motivo, las industrias dedicadas a la distribución y reparto de bienes decidieron dejar de operar en más de 500 códigos postales. Se trata de los lugares donde se vive violencia extrema, pero en realidad es mucho mayor el territorio en situación de guerra.
El derecho internacional denomina “conflicto armado interno” a la situación por la que está atravesando México, aunque las autoridades no quieran aceptarlo. Se trata de un fenómeno marcado por enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales y uno o más grupos organizados. Escenas como la del jueves 5 de enero, en la sindicatura de Jesús María, a las afueras de Culiacán, Sinaloa, ilustran esta realidad.
Ese día un helicóptero de las Fuerzas Armadas mexicanas disparó ráfagas contra el inmueble donde se encontraba Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y uno de los mandos altos de la empresa criminal fundada por su padre.
El fin de semana previo, un comando armado ingresó al penal de Ciudad Juárez para rescatar a un importante delincuente. Durante la operación criminal se fugaron 25 reos y murieron 17 personas, entre ellas varios custodios de la prisión.
El rosario de hechos relacionados con este conflicto interno, ocurridos solamente en 2022, es bastante largo. No hay sector de la población que esté a salvo. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, de enero a noviembre de 2022 fueron asesinados de forma dolosa 1,116 menores, de los cuales 70% fue por disparo de arma de fuego. La misma fuente afirma que México ocupa el lugar número uno en el mundo a propósito de esta tragedia.
Coincide este dato con las amenazas y muertes violentas de reporteros. De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, México es la nación más peligrosa de Occidente para el gremio al que pertenezco y uno de los países con el mayor índice de impunidad para resolver tales crímenes. De acuerdo con Artículo 19, de 2000 a la fecha, 157 periodistas han sido asesinados en el país en posible relación con su labor.
Quien ejerce el periodismo en las regiones más violentas de México es, sabiéndolo o no, una corresponsal de guerra. Sin embargo, porque los medios también están amenazados por esas organizaciones criminales, las personas periodistas no cuentan con la protección que sería necesaria para investigar.
Tampoco el Estado sirve para proteger la libertad de prensa porque un número indeterminado de sus funcionarios está asociado con esas mismas organizaciones. Solo así puede explicarse el reinado de la impunidad.
Regresando a la reflexión que compartió conmigo Sandra Rodríguez hace más de una década, en este contexto la prensa extranjera —destacadamente The Washington Post— ha implicado un apoyo invaluable para la libertad de pensar, decir y publicar en estos tiempos complicados.
Con estas líneas me despido como articulista de esta casa con enorme agradecimiento hacia sus editores. La libertad que se respira en estas páginas ha sido fundamental para el ejercicio de mi responsabilidad como periodista y de tantas otras personas dedicadas a este oficio fundamental.
aranza
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