¡Basta ya!
En Michoacán llevamos 20 años en guerra y ningún gobierno nos ha traído paz
Carlos Ángel Arrieta | The Washington Post
En el estado de Michoacán murió la paz desde hace mucho. La violencia ha hecho que en municipios enteros de este estado mexicano como Aguililla, Chinicuila, Coalcomán y recientemente Zinapécuaro, haya una huida masiva de su población. Los periodistas de la zona vemos cada vez más casas abandonadas y documentamos el exilio de personas que lo dejan todo detrás. Una mayor presencia del Ejército, desde el año pasado, logró frenar por un rato la violencia. Pero el problema de fondo, la corrupción, no se ha resuelto y la población lo paga todos los días.
Se han llevado a cabo muchas estrategias dirigidas por poderes y partidos distintos, pero no han cambiado el deterioro del estado. En los cinco meses de la actual administración de Alfredo Ramírez Bedolla, el primer gobernador del partido Morena, se registraron 684 víctimas de homicidio doloso entre grupos criminales y en contra de pobladores. Eso significa que en Michoacán ha habido unas 136.8 personas asesinadas por mes, 4.56 por día o una cada 5.2 horas.
La violencia no solo son masacres de un grupo contra otro, como afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus conferencias de prensa. La inseguridad ha traído duelos interminables porque familias enteras han perdido seres queridos bajo las llamas y las balas, pero también ha traído marginación y pobreza porque las oportunidades de empleo fueron disipadas por los disparos de los fusiles de asalto, los explosivos o las ofensivas criminales.
Michoacán ha modificado lo que los jóvenes quieren ser de adultos. Principalmente en los municipios más marginados, ahora quieren ser sicarios o lugartenientes. De esta manera se han engrosado las filas de las organizaciones delictivas, pues esos jóvenes ya no buscan ser profesionistas, sino criminales poderosos. Con ellos las empresas criminales han robustecido su base social.
Desde hace algunos años, en Michoacán el número de personas sin trabajo es mayor a la media nacional. En algunas comunidades enlistarse a un cártel del narcotráfico es el camino más rápido a tener camionetas, armas y dinero que un empleo honesto no puede darles.
Esto no siempre fue así. Antes se podía caminar a cualquier hora del día, y acudir a las fiestas patrias, las celebraciones patronales de los pueblos, las ferias o los actos masivos era muy seguro. Pero ahora son el blanco perfecto para asesinar.
En 2001, la nota roja en los periódicos locales eran accidentes carreteros o el pleito entre borrachos en un baile. Michoacán tenía reconocimiento como un lugar turístico alrededor del mundo. Llamábamos la atención por nuestros pueblos pintorescos con nombres difíciles de pronunciar, playas o atractivos culturales. Ahora, cada rincón del estado es una zona de guerra entre cárteles y no parece que la tendencia vaya a cambiar.
La operatividad criminal de Michoacán se ha construido poco a poco en cada gobierno. Hasta antes del año 2000, era un lugar de cultivo y trasiego de droga. Pero la actividad delictiva mutó desde el año 2002, con el ingreso del entonces primer gobernador del Partido de la Revolución Democrática, Lázaro Cárdenas Batel.
El cártel de La Familia Michoacana, encabezado por Carlos Rosales Mendoza y aliado con Los Zetas, otra de las organizaciones delictivas más violentas, marcó una nueva era al desterrar al Cártel del Milenio, liderado por Armando Valencia, uno de los principales brazos armados del Cártel de Sinaloa.
La pelea entre los cárteles se podía ver en números. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) da cuenta de que en 2001, un año antes de la llegada de Cárdenas Batel, se registraron en Michoacán 475 homicidios dolosos. En los últimos 12 meses de su administración, se perpetraron 630 asesinatos: un aumento de 155 crímenes.
No solo había más homicidios, sino que cambió la forma en la que los grupos criminales mostraban su poderío. En ese gobierno se registraron las primeras decapitaciones: cinco personas cuyas cabezas fueron esparcidas dentro de un centro nocturno de la ciudad de Uruapan.
Todos estábamos aterrados; las autoridades no querían hablar del tema y mucho menos reconocer que iniciaba la caída libre de Michoacán. El 11 de diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón inició en este estado la guerra contra las drogas y permitió que las Fuerzas Armadas fueran las encargadas de combatir el crimen.
Las estrategias de los gobiernos estatales y federales no han dado resultados. Sobre todo por la colusión entre las autoridades y los delincuentes. En febrero del 2008 entró como gobernador Leonel Godoy. Dos años después, su hermano Julio César, electo diputado federal, fue prófugo de la justicia acusado de sus vínculos directos con La Familia Michoacana.
En esa administración, el crimen organizado perpetró el primer atentado terrorista en la historia del país. Durante el Grito de independencia del 15 de septiembre, que encabezaba Leonel Godoy, los criminales explotaron una granada en el centro de Morelia, la capital del estado. Dejó 13 habitantes muertos y más de 100 personas con heridas.
Vinieron más administraciones de otros partidos. Muchos de esos personajes públicos fueron exhibidos en videos con el líder del cártel de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez alias “La Tuta”. Las grabaciones demostraron cómo controlaba a los gobiernos, las Policías locales e incluso las finanzas públicas. Michoacán se convirtió en el estado con las primeras pruebas documentales de que el crimen estaba directamente coludido con las autoridades.
La población intentó controlar la inseguridad por su propia mano y surgieron grupos civiles armados. Las autodefensas generaron, sobre todo, menos confianza en las instituciones. Pero la violencia no se contuvo. La cifra anual de personas asesinadas era de poco más de 1,000 víctimas y la crueldad de los grupos criminales había alcanzado grados extremos: grababan cuando desmembraban a sus víctimas. La producción de drogas cambió de enervantes naturales a sintéticos.
En Michoacán murió la paz hace mucho. La militarización de las calles puede ser un marcapasos para esta entidad, porque desde que el Ejército intervino el año pasado, han logrado recuperar territorios que estaban en poder criminal como en el caso de Aguililla, Coalcomán, Chinicuila y poblados de Tepalcatepec, pero no ha conseguido que retorne la paz, la cual se logrará solo si se acaba con la corrupción.
Se antoja imposible. Hemos visto pasar muchos gobiernos y los asesinatos siguen. Para los periodistas es cada vez más difícil mantenernos invisibles ante la delincuencia y la sensación de estar en riesgo es cada vez más grande. Nuestros llamados a las autoridades para que generen empleos, paz y mejor educación, no han sido escuchadas.
aranza
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