Comodín al Centro
Lozoya no hundió a Peña Nieto ni a Videgaray, pero sí a la Físcalía
Por Omar Sánchez de Tagle, The Washington Post
La estrategia jurídica de este caso, que supuestamente involucra al expresidente Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray —quien fuera su secretario con más poder— y más exfuncionarios de alto nivel, está sustentada por la Fiscalía General de la República (FGR) mayormente en las declaraciones que aportó Lozoya y gente cercana. Durante más de un año el exfuncionario ha buscado ser testigo colaborador y, con ello, librar la cárcel. Pero hoy la propia FGR afirmó que no ha cumplido con su palabra y solo ha aportado dichos, no pruebas de estos actos de corrupción.
Esto pone la construcción de la acusación en un verdadero brete para la FGR porque, después de cuatro años de investigación, no tiene las pruebas suficientes para demostrar la tesis principal de su pesquisa: que Peña Nieto, Videgaray y otros exfuncionarios supuestamente conformaron una asociación delictiva para canalizar más de 10 millones de dólares en sobornos a legisladores para la aprobación de la reforma energética, y hacia la campaña electoral de 2012 en la que ganaron la presidencia. La dependencia ahora deberá demostrar por otras vías que realizaron estos delitos, lo cual hasta ahora parece muy complicado.
En la audiencia de Lozoya ante un juez, que se celebró este miércoles 3, la FGR solicitó colocarlo en prisión preventiva. Esto solo dejó ver que esta no logró que Lozoya cumpliera con aportar las pruebas que había prometido y que, en realidad, él solo obtuvo privilegios en el proceso que se le otorgaron con la promesa de incriminar a sus entonces jefes.
La fiscalía acusó a Lozoya de haber usado su petición de ser testigo colaborador para "dilatar y obstaculizar el proceso en su contra”. Agregó que “Lozoya no ha tenido la mínima intención de reparar el daño, lo cual era un requisito indispensable para concederle el criterio de oportunidad”.
Peor aún, Lozoya dijo que es inocente de algunos de los cargos que le imputa la FGR y ofreció “reparar el daño aunque no haya tenido responsabilidad”. Aunque reconoció que como funcionario sí hizo actos indebidos, pretextó que los cometió porque fue utilizado “por un aparato de poder”. Incluso fue enfático ante el juez al decir que él ha cumplido con su parte, pero que “a muchos no les conviene que se sepa la verdad. Hay mucha gente a la que no le conviene. Los que realmente se beneficiaron están libres”.
En la audiencia los acusantes —la FGR, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera—coincidieron en que Lozoya y su defensa no han hecho “el más mínimo intento de reparar el daño causado, ni ha habido el más mínimo acercamiento de su parte con las autoridades". La FGR dijo que era una vergüenza que Lozoya se paseara por restaurantes de lujo mientras tiene cuentas pendientes con la justicia, y el juez coincidió en que hay un riesgo de fuga fundado.
A la fecha, hay siete solicitudes de prórroga por parte de la defensa para convencer al juez de que Lozoya necesita tiempo para conseguir pruebas. Así, las autoridades que procuran la justicia en México tardaron más de un año en percatarse que la defensa de Lozoya ha mantenido solo una estrategia: dilaciones.
Los avances para la FGR en estos cuatro años, desde que Lozoya fue detenido y extraditado en julio de 2020, son escasos. Involucró en su denuncia a tres expresidentes, dos candidatos presidenciales, legisladores y más funcionarios. De todos ellos, solo el exsenador Jorge Luis Lavalle Maury está preso y con un juicio en curso.
Ahora el escenario no solo se torna complicado para Lozoya, sino para la investigación completa. La FGR insistirá en que para obtener el criterio de oportunidad deberá reparar el daño y regresar el dinero ilícito que obtuvo de los sobornos —10.5 millones de dólares por parte de Odebrecht—. Además, tiene que probar que su información es real y que no solo servirá para vincular a proceso a otros, sino que sus pruebas ayudarán a buscar sentencias.
Pero el tiempo ya no es su aliado: la próxima audiencia será el 3 de diciembre y, para entonces, los abogados de Lozoya tratarán de conseguir toda la documentación que no han reunido ni entregado en casi año y medio.
Del otro lado, las pruebas de la FGR no han ido más allá de las revelaciones periodísticas que han hecho organizaciones como Mexicanos contra la corrupción y Quinto Elemento Lab, las cuales incluso viajaron a Brasil para obtener más documentos.
De no tener más pruebas y testigos, este caso está destinado al fracaso y la FGR cargará con la culpa de no poder llevar a buen término una investigación que en otros países de la región ha provocado incluso la caída de presidentes.
Jamileth
Notas Relacionadas
- El pleito Gertz-Nieto daña la legitimidad del combate a la corrupción en México
- La renuncia de Santiago Nieto a la UIF en realidad lo beneficia
- La cena más cara de Emilio Lozoya
- ¿Cómo están ligadas la reforma eléctrica y el juicio a Peña Nieto?
- Caso Ricardo Anaya: las prioridades políticas de la fiscalía mexicana
