Del Dicho al Hecho
Sembrando Vida no es un programa ambiental, el gobierno debería corregirlo
Por Carlos Carabaña | The Washington Post
Frente a las declaraciones oficiales triunfalistas, a tres años de la puesta en marcha del programa se acumulan las evidencias de que sus aspectos ambientales y contribución a la lucha contra el cambio climático son cuestionables. Se han publicado ya diversos reportajes que muestran que parte de Sembrando Vida —que da 5,000 pesos al mes (250 dólares) a casi medio millón de pequeños agricultores para sembrar milpa, y plantar árboles frutales y maderables en dos hectáreas y media de terreno— contribuye a la deforestación y pérdida de coberturas forestales.
Esta semana publicamos otra prueba en el diario El Universal, tras conseguir las coordenadas geográficas de 5,142 parcelas inscritas al programa en Quintana Roo, uno de los estados donde está la Selva Maya, el bosque tropical más grande de Mesoamérica. En el mapa de uso de suelos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía la mitad están en terrenos considerados selvas y la otra en agrícolas. Al analizar una a una, con fotos de satélite de los últimos cuatro años, encontramos evidencias de deforestación en al menos 20% de ellas (poco más de mil parcelas).
En varias parcelas, al acudir a verlas, vimos restos de troncos derribados, tocones quemados y en una encontramos a una persona macheteando un árbol. Sin embargo, todos los ejidatarios con los que hablamos estaban contentos con el programa, especialmente con el pago mensual, y la gran mayoría que vimos trabajaban sus parcelas.
Somos los únicos en haber obtenido la ubicación de las parcelas tras decenas de solicitudes de información a la Secretaría de Bienestar, quien ha bloqueado el acceso a otros investigadores o institución independiente. Solo pudimos obtener la ubicación de las de Quintana Roo porque, cuando buscamos la de otros siete estados, casualmente dos sembradores del interior del estado de Tabasco habían puesto un amparo contra la entrega de esta información.
Esta opacidad, combinada con la enorme cantidad de beneficiarios y hectáreas de terreno dentro del programa, ha hecho imposible una evaluación independiente. La falta de indicadores ambientales en el programa fue reconocida sin querer por el propio gobierno en su Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024, publicado en noviembre, al incluir los siguientes objetivos: “Incorporar criterios de cambio climático en la implementación del programa Sembrando Vida” e “incluir en las actividades de capacitación del programa Sembrando Vida aspectos relacionados con el cambio climático”.
La división mexicana de la organización World Resource Institute (WRI) intentó crear una serie de indicadores ambientales para el programa y se acercó a la Secretaría de Bienestar para trabajar con ellos. En entrevista me dijeron que, tras una serie de conversaciones, la colaboración se terminó en el momento que pidieron conocer la ubicación de las parcelas. WRI desarrolló en 2014 la herramienta Global Forest Watch, que permite medir la deforestación casi en tiempo real.
Cuando finalmente la organización creó una metodología para ver si la deforestación había crecido en los municipios donde se había implementado Sembrando Vida, encontraron una correlación entre la llegada del programa y la pérdida de 72,000 hectáreas de coberturas forestales. De 447 municipios analizados, 42 —casi todos en el sur— concentraron más de la mitad de la pérdida forestal.
Otros medios han publicado más pruebas. En el mismo Quintana Roo, en Xul-Ha, hubo denuncias en octubre de 2019 de la devastación de 200 hectáreas para entrar al programa. En la zona cercana a la Reserva de Calakmul, en Campeche, el sitio Grieta documentó selva tumbada para convertirla en parcelas. En Veracruz, la Secretaría de Medio Ambiente ha recibido denuncias por la tala de árboles en áreas donde opera.
También está la duda sobre qué sucede con las parcelas de los beneficiarios expulsados del programa. Según una solicitud de información vía transparencia, en 2019 no se expulsó a un solo beneficiario, pero Javier May, entonces subsecretario de Bienestar, declaró en diciembre de ese año que se determinó echar de Sembrando Vida a 17,000 personas “por no querer trabajar”. No se sabe qué mecanismo se usó para expulsarlos ni qué pasó con las 42,500 hectáreas de terreno que utilizaban para el programa. La opacidad del programa llega incluso a quienes ya no están en él.
Pese a las pruebas de que hay fallos en su creación e implementación, la importancia política que tiene Sembrando Vida para el presidente López Obrador es tal que ha destinado uno de los presupuestos más altos de la historia para un programa de desarrollo rural: 15,000 millones de pesos para 2019, 27,500 millones en 2020, y 27,000 millones (1,350 millones de dólares) para 2021.
A la vez, insiste en utilizarlo a nivel internacional. Además de la COP26, lo propuso a John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el Clima, como respuesta para evitar la migración de personas centroamericanas hacia ese país. Luego en la cumbre trilateral de presidentes, con Estados Unidos y Canadá, logró un acuerdo de 30 millones de dólares para poner en marcha Sembrando Oportunidades, que busca expandir este programa a América Central. Sin embargo, este programa ya tuvo un intento fallido en 2019 de exportarlo a Honduras, El Salvador y Guatemala: para septiembre de 2021, no había logrado ni la mitad de los beneficiarios prometidos, de acuerdo con el sitio Animal Político.
Ante tantas evidencias, el gobierno federal debería aceptar que el programa solo tiene un carácter social y productivo, y dejar de usarlo como escudo cuando critican su política ambiental. También, en lugar de negar sistemáticamente las críticas, sería buena idea que iniciara una investigación oficial de los puntos fuertes y débiles de Sembrando Vida, y corregir sus posibles errores antes de exportarlo a Centroamérica. Los bosques y selvas de la región lo agradecerán.
aranza
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