Nacional - Seguridad y Justicia
Informe detalla tortura de implicado en masacre de jóvenes de Cda. Juárez
María Peña/EFE
Washington.- Israel Arzate, uno de los presuntos implicados en la masacre de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar en enero pasado, fue torturado por las fuerzas de seguridad de México y obligado a "confesar" su crimen, según un informe divulgado hoy.
La Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por su sigla en inglés), un grupo humanitario que exige el cese a la impunidad en México, detalla por primera vez la tortura contra Arzate, señalado como uno de los responsables de la masacre en una fiesta en el barrio Villas de Salvárcar, el pasado 31 de enero.
Dicho acto se cobró la vida de 16 personas, la mayoría jóvenes estudiantes, quienes supuestamente eran "doblados", es decir, miembros de "AA" (Artistas Asesinos), presunta banda criminal contraria a la pandilla de "Los Aztecas".
Arzate está acusado de posesión de un vehículo robado y por su presunta implicación en la masacre en Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua, y su caso lo lleva un defensor público.
Israel Arzate trabajaba vendiendo discos en el Centro Comercial de la ciudad y, según el informe, fue detenido el pasado 3 de febrero por agentes civiles y militares y trasladado a un cuartel donde fue "torturado física y psicológicamente".
Las autoridades buscaban a un Carlos Madrigal pero se llevaron a Arzate, quien no fue visto sino hasta tres días después, cuando la fiscalía lo señaló como uno de los involucrados en los asesinatos.
Sus familiares lo buscaban por todas partes y sólo se enteraron de su arresto cuando lo vieron en la televisión.
Según el informe, Arzate insiste en su inocencia y asegura que cuando estuvo "desaparecido" recibió choques eléctricos en el pecho y el abdomen, alguien le puso una bolsa plástica en la cabeza, y sus interrogadores le dijeron que su esposa estaba en una habitación contigua y que la iban a violar.
Las tácticas, incluyendo golpizas y quemaduras, surtieron efecto: Arzate sucumbió a las presiones y admitió que participó en los homicidios como vigilante.
Antes de ser presentado ante la prensa, fue obligado a tomar seis píldoras no identificadas que lo dejaron mareado. El 18 de marzo fue trasladado, sin previo aviso legal, de una cárcel en Chihuahua a un cuartel militar y después a las oficinas de la fiscalía estatal para la zona norte, donde otra vez fue torturado, indicó el análisis.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México ha recibido una solicitud para que se investigue el caso.
Arzate ahora padece del trastorno de estrés postraumático, una enfermedad frecuente en víctimas de eventos traumáticos o abusos.
El caso de Arzate es uno de varios incluidos en el informe "Abusados y con miedo en Ciudad Juárez: un análisis de las violaciones de los derechos humanos por parte del Ejército en México", que pretende "dar voz" a víctimas de abusos a manos de las mismas fuerzas de seguridad encargadas de su protección.
El análisis, de 16 páginas, aborda asuntos como desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad de México en el marco de la estrategia antidrogas del Gobierno.
El enfoque militar de esa lucha no ha logrado reducir la narcoviolencia pero sí ha contribuido a un "incremento drástico en los abusos a los derechos humanos", se queja WOLA.
"Ya sean militares o policías, las fuerzas de seguridad que operan sin los controles necesarios crean un ambiente apto para los abusos de los derechos humanos. Los casos acá descritos demuestran que no se puede combatir el crimen con el crimen", dijo a Efe Maureen Meyer, autora principal del informe.
La impunidad "debilita la confianza pública y socava la voluntad de la gente de colaborar con las autoridades en el combate contra el crimen", agregó.
Para Meyer, las autoridades mexicanas tienen un historial de torturar a detenidos hasta que confiesan su presunta responsabilidad mientras los verdaderos culpables "caminan libres por las calles" y sin rendir cuentas ante la Justicia.
Según WOLA, la lucha antidrogas ha dejado decenas de miles de muertos pero también ha convertido en víctimas a civiles ajenos al narcotráfico, a padres que han perdido a sus hijos por culpa del negocio ilícito y a huérfanos "estigmatizados", porque la muerte violenta de sus padres supone que éstos eran criminales.
En esa lista caben las ciudades que sufren la fuga de quienes emigran o cierran sus negocios debido al clima de inseguridad, la falta de clientes o la extorsión.
TRO
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