Internacional - Seguridad y Justicia
Juez Garzón es inhabilitado 11 años, dice adiós a la magistratura
Jorge Sainz / AP
MADRID— Baltasar Garzón fue condenado el jueves por extramilitarse en sus funciones durante la investigación de una trama corrupta y quedó oficialmente apartado de la carrera judicial durante los próximos 11 años, completando una espectacular caída en desgracia del juez más famoso de España.
En una sentencia de 70 folios, que no es recurrible en el país ibérico, el Tribunal Supremo enterró prácticamente el futuro profesional del hombre que puso contra las cuerdas al dictador chileno Augusto Pinochet. Paradójicamente, el Supremo dijo que las decisiones que le han costado la condena fueron propias de "regímenes totalitarios".
Garzón acudió personalmente a recibir la notificación del fallo pero no quiso hacer declaraciones. Su abogado Francisco Javier Baena Bocanegra aseguró que seguirán luchando, abriendo la puerta a una posible apelación ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo, en Francia.
"Puedo decir que al señor Garzón lo he encontrado enormemente afectado", dijo Baena Bocanegra a la Cadena Ser.
Agregó que "es un hombre que está acostumbrado al sufrimiento, que se repone, que sabe que hay que seguir luchando".
El letrado aseguró que Garzón "es absolutamente inocente. Tenemos por delante un largo camino, pero nos sobran fuerzas".
María Garzón, hija del magistrado, hizo llegar una carta a los medios de comunicación dirigida a supuestos enemigos de su padre, sin mencionarlos, en la que advirtió "nos han tocado, pero no hundido... hoy brindarán con champán, pero nosotros lo haremos juntos, cada noche, porque sabemos que mi padre es inocente".
El gobierno evitó hacer una valoración política del veredicto y expresó su máximo respeto por las decisiones judiciales.
Garzón, de 56 años, fue hallado culpable del delito de prevaricación --dictar a sabiendas una resolución injusta-- por su rol en el llamado caso "Gürtel" que destapó una trama corrupta en la administración pública y salpicó a las delegaciones regionales del gobernante Partido Popular en Valencia y Madrid.
En 2009, Garzón ordenó grabar las conversaciones entre varios acusados de la trama y sus abogados en prisión. La legislación española permite intervenir estas comunicaciones en casos de terrorismo, pero su encaje legal en otro tipo de delitos es más difuso.
El fallo del tribunal de siete magistrados que juzgaron a Garzón consideró que su decisión fue "injusta" al "restringir arbitrariamente" el derecho de defensa de los encarcelados.
Según el alto tribunal, este tipo de actuaciones "sólo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos".
En el juicio celebrado entre el 17 y el 20 de enero en Madrid, Garzón aseguró que al ordenar esas escuchas trataba de impedir un delito continuado de evasión de capitales, en el que estaban implicados algunos abogados.
Pero la sentencia estableció que no existía dato alguno "que pudiera indicar mínimamente que la condición de letrado y el ejercicio del derecho de defensa se estaban utilizando como coartada para facilitar la comisión de nuevos delitos".
"No se trata, pues, de una interpretación errónea de la ley, sino de un acto arbitrario, por carente de razón, que desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo", dijo la sentencia, respaldada de manera unánime por los siete magistrados.
La acusación particular, ejercida por dos implicados en la trama y un abogado que se consideraron damnificados por Garzón, solicitaba hasta 17 años de inhabilitación. Pero el Supremo dejó la condena en 11.
Además del caso "Gürtel", el magistrado español está pendiente de sentencia en el juicio que finalizó el miércoles por su investigación de los crímenes del franquismo. En esta causa, también está imputado por prevaricación y se solicitan 20 años de inhabilitación.
Garzón, que estaba suspendido temporalmente de sus funciones desde mayo de 2010, queda automáticamente apartado de cualquier trabajo dentro del sistema judicial español durante 11 años.
Tras cumplir la condena, podría pedir su reingreso en la Audiencia Nacional.
Este primer veredicto de culpabilidad escribe un punto final a la carrera de Garzón en España. Durante los 22 años que estuvo al frente del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia, instruyó sumarios decisivos en la lucha contra el narcotráfico, el grupo separatista vasco ETA y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la fuerza paraestatal creada para combatir a ETA durante la presidencia del socialista Felipe González (1982-1996).
También investigó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) y el régimen de facto en Argentina (1976-1983), que lo convirtieron en el rostro más conocido de la justicia universal, sobre todo en América Latina.
Mientras su nombre y su prestigio crecían fuera de España, sus enemigos se multiplicaban en casa, donde es una persona odiada y amada por igual.
"Es sabido que hay sectores muy amplios de la derecha y de la izquierda que consideran que el juez Garzón es un réprobo, que es un mal juez; con el reproche recurrente de que es un juez estrella, que le gusta el protagonismo", aseguró hace unos días Gonzalo Martínez-Fresneda, su abogado defensor en la causa del franquismo.
De hecho, los mayores apoyos a Garzón en este proceso no llegaron de España --aunque también los tuvo-- sino de organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.
Desde su suspensión en 2010, Garzón trabajó varios meses en La Haya como ayudante de la fiscalía del Tribunal Penal Internacional, que dirige el argentino Luis Moreno Ocampo.
Actualmente se desempeña como asesor de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA).
KC
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