Internacional - Población
Protestan contra prohibición de píldora anticonceptiva
ALBERTO ARCE, AP
TEGUCIGALPA Organizaciones de mujeres hondureñas protestaron el miércoles a las puertas del Congreso para pedir que no se apruebe el Decreto Legislativo número 54, que penalizaría con cárcel el uso, venta, compra, distribución y promoción de las píldoras anticonceptivas de emergencia.
El Centro de Derechos Reproductivos, junto con el Centro de Derechos de Mujeres de Honduras y Avaaz, realizaron una manifestación frente al Congreso de la República para presentarle a su presidente, Juan Orlando Hernández, que no quiso recibirlas, 680,000 firmas recogidas por las tres ONG contra el decreto.
El decreto recoge la prohibición de la "promoción, uso, venta, compra y cualquier política o programa relacionado con la píldora anticonceptiva de emergencia".
En la actualidad, las píldoras anticonceptivas están prohibidas en Honduras pero su uso no está penalizado con cárcel.
La doctora Gina Watson, representante de la Organización Mundial de la Salud en Honduras, dijo a The Associated Press que "no es el único país que las prohíbe, pero si el único que las declara abortivas independientemente de toda la evidencia mundial contraria a esta afirmación".
"Honduras está cerca de convertirse en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres", dijo a AP Nancy Northup, presidenta del Centro de Derechos Reproductivos.
Según Elizabeth Westley, Directora del Consorcio Internacional sobre Anticoncepción de Emergencia, "la criminalización de las mujeres que usan estos métodos en Honduras no tiene precedentes, es un paso atrás profundamente perturbardor y pone a Honduras por detrás de la región y del mundo".
La Doctora Karla Castellanos, responsable de salud reproductiva de la Sociedad Hondureña de Ginecología, dijo a AP en declaraciones telefónicas que "los miembros de la profesión médica hondureña y la Corte Suprema de Justicia que apoyan esta ley se guían más por las opiniones no científicas de la iglesia católica que por los datos en poder de toda la comunidad científica mundial".
Según Castellanos, el problema generado por el Ministerio de Salud y la Corte Suprema de Justicia es "de salud pública", dado que desde que entró en vigor la prohibición, "nos hemos visto obligadas a recetar anticonceptivos de uso ordinario en altas dosis".
Añade que "lo que han provocado es un aumento de los embarazos en adolescentes y de muerte de mujeres en abortos clandestinos".
Según la Secretaría de Salud del gobierno de Honduras, unas 9,000 niñas menores de 14 años quedan embarazadas en Honduras cada año.
La Directora del Centro de Mujeres de Honduras, Reina Fonseca, dijo durante el acto de protesta que las píldoras anticonceptivas de emergencia "son el único mecanismo disponible para las mujeres víctimas de violación".
En Honduras, de acuerdo con datos de la Fiscalía de la mujer, se presentan un promedio de siete denuncias por violación al día.
La situación legal de las píldoras anticonceptivas de emergencia en Honduras es compleja como consecuencia de la anomalía provocada por el golpe de estado de junio de 2009.
Fue en abril de 2009 cuando el Congreso Nacional aprobó el decreto que recoge la prohibición de las píldoras y lo equipara legalmente con el aborto, penado con hasta 6 años de cárcel.
Dicho decreto fue vetado pocas semanas después, el 15 de mayo de 2009, por el entonces presidente Manuel Zelaya, que lo devolvió al Congreso para su modificación.
En Honduras, el veto presidencial remite la ley para un nuevo debate en el Congreso y exige un dictamen previo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la constitucionalidad de la medida.
Pero tras el golpe de estado que derrocó al ex presidente Zelaya, Noé Villafranca, ministro de Salud del Gobierno "de facto" de Roberto Micheleti, no esperó al dictamen de la Corte Suprema De Justicia.
En octubre de 2009, el Acuerdo Ministerial número 2744 puso en vigor la prohibición de las píldoras recogida en la ley vetada por el presidente depuesto.
Casi tres años después del veto presidencial, el 1 de febrero de 2012, la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró la píldora de anticoncepción de emergencia como un "método abortivo".
Una vez emitida la opinión favorable de la Corte Suprema de Justicia, El Congreso podría debatir y aprobar el Decreto 54, que incluye las penas de cárcel, en cualquier momento.
Rigoberto Chang, Secretario General del Congreso, dijo en conversación con AP que "no tenemos ninguna intención de debatirlo" porque "el presidente del Congreso y yo mismo somos partidarios de la libre determinación de las mujeres a la hora de planificar el número de hijos que quieren tener".
Alejandra Cárdenas, asesora legal del programa para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos explicó a AP que "nosotras queremos que se debata la Ley porque mientras eso no suceda la prohibición sigue vigente y el riesgo de que se aprueben las penas de cárcel es inminente".
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