Emergencia en provincias dE Perú que protestan por proyecto minero

Por CARLA SALAZAR, AP

LIMA (AP) — El gobierno peruano declaró el estado de emergencia en tres provincias de la sierra norte del país, convulsionadas por una protesta contra un millonario proyecto minero tras la muerte de tres personas, entre ellas un menor de edad, y al menos 21 heridos en enfrentamientos entre policías y miles de manifestantes que atacaron un local municipal.

Los manifestantes irrumpieron el martes en la sede del municipio de Celendín y se enfrentaron con los agentes que custodiaban el local, así como con efectivos del Ejército que acudieron en ayuda de la policía, según las autoridades.

Reynaldo Núñez, director regional de Salud de Cajamarca, informó vía telefónica a la AP que tres civiles de sexo masculino murieron en los enfrentamientos, dos de ellos por impactos de bala en la cabeza, mientras que desconocía la causa de la muerte de la tercera víctima, quien según Esperanza León, presidenta de la Junta de Fiscales de Cajamarca, era un menor de edad de 17 años.

El ministro de Justicia Juan Jiménez dijo que dos policías y un efectivo de ejército fueron heridos con armas de fuego.

"Estamos entrando en un proceso de violencia que hay que detener, por eso es que el día de hoy se ha decretado el estado de emergencia en las provincias de Cajamarca, Celendín, y Hualgayoc, para que pueda reponerse el orden interno y la paz dentro de estas jurisdicciones", dijo Jiménez.

El estado de emergencia supone la suspensión de garantías constitucionales, como el derecho de reunión y de libre tránsito.

Núñez señaló que 21 personas heridas fueron atendidas en hospitales de Cajamarca y Celendín, mayormente por golpes y contusiones, aunque no descartó heridas por armas de fuego. Dijo que desconocía si todos eran civiles o si había agentes entre los heridos.

El Ministerio del Interior informó en un comunicado que dos agentes que trataban de controlar a la turba frente al local municipal fueron heridos a bala por los manifestantes, y calificó los hechos como "actos delincuenciales".

Según la fiscal León, al menos 15 personas habían sido detenidas en relación con los disturbios.

Los pobladores de Celendín, a 580 kilómetros al noroeste de Lima, así como de Cajamarca y Hualgayoc, se oponen al proyecto minero Conga, de 4.800 millones de dólares, porque temen que contamine y destruya sus fuentes de agua.

Moisés Silva, gerente del municipio de Celendín, narró que una turba de obreros de construcción que llegó a la municipalidad pateó la puerta principal, lo que motivó la intervención de la policía, generándose escaramuzas y disparos de bombas de gases lacrimógenos.

"De ahí para adelante empezó una lucha fuerza contra fuerza entre los manifestantes y la policía, y también los del ejército que han intervenido en apoyo de la policía", dijo Silva a la AP. "Se escuchaban ráfagas de bala", agregó.

Una fuente de la comisaría de Celendín, que requirió no ser identificada por no estar autorizada para hablar con la prensa, dijo a la AP que unos 5.000 manifestantes, entre campesinos, pobladores, y profesores del sindicato, violentaron la sede municipal y "han destruido en su totalidad el local".

Según Silva, los manifestantes destruyeron la puerta principal del municipio, y la de la gobernación, saquearon la caseta de vigilancia, e incendiaron una motocicleta.

El desarrollo del proyecto Conga, de la empresa Yanacocha, cuyo accionista mayoritario es la estadounidense Newmont, implica el secado de cuatro lagunas para explotar oro y cobre, y la construcción de cuatro reservorios de agua en compensación.

Los trabajos de Yanacocha para la construcción de los reservorios se iniciaron en días recientes, al tiempo que Gregorio Santos, presidente del gobierno regional de Cajamarca y quien es uno de los impulsores de las manifestaciones contra Conga, amenazaba con la radicalización de las protestas para impedirlo.

La víspera el presidente Ollanta Humala advirtió a los dirigentes que de no respetar la propiedad privada tendrían que "atenerse a las consecuencias".

Los manifestantes reclaman a Humala —quien cumplirá a fines de este mes un año de gobierno— el haber olvidado sus promesas electorales de respetar los deseos del pueblo en relación a la actividad minera y defender el agua.

Ese es el "costo de no cumplir la palabra empeñada. Ese es el costo dramático que se paga en política cuando no se cumple", declaró Santos al responsabilizar a Humala por las víctimas de Celendín.

El gobierno asegura que inversiones mineras como Conga representan importantes ingresos por regalías al estado que servirán para cumplir su promesa de llevar desarrollo y mejorar la calidad de vida a las poblaciones más empobrecidas.

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