Proponen servicios públicos de salud con participación de la IP y rectoría estatal

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ, La Jornada

Las condiciones están dadas en el sistema nacional de salud para que en este sexenio se concrete una reforma fiscal y se instaure la contribución social general que, de manera gradual, sustituya a las cuotas obrero patronales de la seguridad social para financiar la atención médica de las personas, independientemente de su situación laboral, afirmó Julio Frenk Mora, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.

El ex secretario de Salud puntualizó que en dicha modificación fiscal debe estar claro que los recursos obtenidos por esa vía se destinarán a la salud. No debe ser un impuesto general, para evitar que su distribución quede a la discreción de la Secretaría de Hacienda, indicó.

Al participar en el 15 Congreso de Investigación en Salud Pública, Frenk Mora planteó que una reforma del sector debe incluir una mayor inversión económica. Recordó que con la creación del Sistema Nacional de Protección Social en Salud (SNPSS) hubo un aumento de 5.1 a 6.3 por ciento del producto interno bruto entre 2000 y 2010. Sin embargo, debe llegar a 7 por ciento a fin de que los servicios médicos para los pacientes sean equivalentes entre la seguridad social y el Seguro Popular.

El aumento en la cobertura debe ser "hacia arriba", precisó, en relación con que el Seguro Popular todavía no cubre los costos de la totalidad de enfermedades. Frenk participó en la sesión plenaria ¿Cómo pagar los servicios de salud en México?: retos y oportunidades para alcanzar la cobertura universal efectiva. Ahí, Fernando Ruiz Gómez, del Ministerio de Salud de Colombia, explicó la reforma de salud conocida como Ley 100, los problemas que enfrenta y algunos lineamientos de una próxima modificación.

Entre las dificultades que enfrenta el sistema colombiano están las demandas de pago de servicios no incluidos en el sistema sanitario, pues hace 20 años no se previó determinar un paquete esencial de servicios y las personas recurren a los tribunales para exigir el pago de tratamientos que no cubre el esquema.

Frenk Mora advirtió que México podría estar en riesgo de vivir algo similar luego de una resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a que el acceso a servicios de salud es un derecho exigible de los ciudadanos, pero con base en prioridades, sobre todo respecto a las intervenciones de alto costo y de efectividad dudosa.

Planteó la posibilidad de que los ministros de la Suprema Corte puntualicen que el Consejo de Salubridad General es el órgano que evalúe y determine cuáles padecimientos deben cubrirse.

El especialista resaltó que con la armonización financiera ya existente entre IMSS, Issste y Seguro Popular es posible la creación de la contribución social generalizada. La integración en la prestación de los servicios tomaría más tiempo, señaló.

Advirtió que antes se deben atender los retos pendientes en el Seguro Popular, entre ellos que el esquema funcione de manera homogénea en los estados y garantizar la calidad de los servicios.

Además, deberán asegurarse mejores procesos gerenciales y la participación de los sectores público y privado, sin que ello implique la existencia de servicios para pobres y para ricos. Los servicios de salud deben ser públicos con participación del sector privado y operar bajo la rectoría y financiamiento del Estado, dijo.

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