Internacional - Población

Militares ocupan poblados por conflicto minero en Guatemala

2014-09-23

Con un contingente de unos 1.200 efectivos de fuerzas combinadas militares y policiales, el...

Ciudad de Guatemala, 22 sep (dpa) - Con un contingente de unos 1.200 efectivos de fuerzas combinadas militares y policiales, el gobierno de Guatemala ocupó hoy los poblados rurales donde murieron 11 personas el fin de semana, tras decretar este lunes el estado de excepción en medio de una marcada tensión entre los pobladores.

En el operativo participan autos con insignias policiales, vehículos de artillería y camiones.

En tanto, el presidente Otto Pérez, quien por la mañana anunció el estado de excepción, informó que decidió cancelar su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se inicia el miércoles, para "atender asuntos nacionales".

Las autoridades informaron que las fuerzas de seguridad fueron movilizadas para mantener el orden en el municipio de San Juan Sacatepéquez, a unos 30 kilómetros al noroeste de la capital, donde ocurrieron los hechos.

Por la mañana, cientos de pobladores, armados con machetes, bloquearon las carreteras de acceso a la zona, pero no hubo enfrentamientos. Los militares y efectivos policiales asumieron el control después que el Ejecutivo decretó un estado de prevención.

Este lunes se cumplieron los primeros sepelios de las víctimas. Familiares afirmaron que algunas de éstas pertenecían a la organización "12 comunidades en resistencia" a la minería de cemento que una empresa de capital local desarrolla en el lugar.

Esta organización exigió hoy al gobierno una pronta investigación de la matanza, por la cual responsabilizaron a la empresa cementera y a las autoridades por "negligencia" para intervenir.

El gobierno de Guatemala reconoció este lunes 11 muertos a causa del enfrentamiento entre pobladores el fin de semana, originado por un conflicto minero.

El estado de excepción estará vigente por 15 días a partir de este lunes.

Hasta ahora, las autoridades habían contabilizado ocho muertos, seis de ellos pertenecientes a una familia, junto a dos supuestos atacantes.

El estado de prevención restringe el ejercicio de varios derechos civiles, como la celebración de reuniones al aire libre y las manifestaciones públicas.

El domingo, las autoridades lanzaron una operación de búsqueda de los involucrados en un enfrentamiento a tiros que dejó el sábado 11 muertos en una comunidad indígena de San Juan Sacatepéquez.

El ministro de Gobernación, Mauricio López, informó que se tienen pendientes de ejecutar 36 órdenes de captura contra presuntos responsables.

El conflicto surgió al parecer por el rechazo de la población a un proyecto minero de cemento, situación que data de 2007 y que ya dejó al menos 26 muertos.

El hecho ocurrió en un pequeño caserío de nombre Los Pajoques, en Loma Alta, una de las 13 aldeas de San Juan Sacatepéquez, en el central departamento de Guatemala, cuya población mayoritaria pertenece a la etnia kakchiquel, de origen maya.

El conflicto perdura allí desde 2007 por la construcción de una cementera a cargo de una empresa de capital local, la cual, a su vez, compró terrenos a algunos pobladores para integrar el proyecto a la construcción de una carretera que se convertirá en parte de un Anillo Regional.

López dijo que la familia agredida había vendido terrenos al proyecto.

La construcción de la cementera y el Anillo Regional, este último un factor estratégico para la operacion de la planta, es objeto de rechazo por un sector de los habitantes de San Juan Sacatepéquez, aunque la empresa propietaria, Cementos Progreso, ha desarrollado una amplia estrategia ambiental y laboral en las comunidades cercanas.

Los opositores al proyecto denuncian persecuciones y amenazas por parte de la firma. También denunciaron que entre 2007 y 2008 hubo además 17 asesinatos relacionados al conflicto a manos de "un cuerpo ilegal" vinculado a los intereses del proyecto.

La construcción de la planta se inició en julio de 2013, con una inversión de 720 millones de dólares, y concluirá en 2016. El presidente Otto Pérez, quien promueve la inversión en el país, acudió a la colocación de la simbólica primera piedra.



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