México pierde poder al reducir utilidad de recursos energéticos para el Estado

Israel Rodríguez, La Jornada

Las recientes reducciones en el porcentaje de las utilidades operativas para el Estado en la segunda licitación de la ronda uno para explotar nueve campos con certeza geológica, aglutinados en cinco contratos de explotación compartida, reflejan una ausencia de valoración por las autoridades mexicanas de lo que es el recurso nacional y la importancia de la renta petrolera actual y de la futura, advirtió Rosío Vargas Suárez, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La académica, cuyo tema de investigación es el sector energético de Estados Unidos y su implicación para México, explicó que el país, al perder capacidad como la energía, pierde poder a nivel internacional. "Quien no conoce la importancia de la energía en un sistema internacional hace lo que está haciendo nuestro gobierno. La energía es poder", subrayó.

A principios de la semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó reducir la participación de la utilidad operativa para el Estado de 40 por ciento a niveles promedio de 34 por ciento en la segunda licitación de la ronda uno. Esto demuestra que el gobierno federal, a través de la SHCP, ahora se inclina a maximizar la asignación de campos, más que por la renta petrolera.

Al respecto, la también integrante del Sistema Nacional de Investigadores afirmó: "La prisa por asignar la ronda uno es porque no quieren, sobre todo en Estados Unidos, que se les revierta la reforma energética y por eso les urge entregar los bloques".

Pemex habría invertido más

En entrevista, afirmó que los dos bloques que se asignaron de los 14 subastados en la primera licitación comprometen una inversión de 2 mil 600 millones de dólares en un horizonte de cinco años, cuando Petróleos Mexicanos (Pemex) hubiera aportado en ese mismo quinquenio unos 54 mil millones de dólares.

Rosío Vargas explicó que la reducción en el porcentaje para el Estado de la renta petrolera y las recientes flexibilizaciones a los contratos de la tercera licitación de la ronda uno no los hace ninguna nación y aquí lo estamos ofertando al mejor postor cuando el petróleo es un bien estratégico y fundamental para cualquier país.

Esto está reflejando, agregó, que no hay ni siquiera una visión internacional de hasta dónde estamos bajando nuestra utilidad operativa. Es decir, México no está valorando lo que está entregando y esto no debería de haber sido porque son áreas de certeza geológica con reservas probadas, probables y posibles. Esto se resume en que estamos aceptando corcholatas y espejitos.

Vargas Suárez dijo que aquí también está el mito de la inversión extranjera. Dijeron que en la primera licitación el monto de inversiones con los dos bloques asignados será de 2 mil 600 millones de dólares, pero lo que no dicen es que esto es para cinco años. No dicen cuánto podría ganar Pemex en un año, que según cálculos conservadores podría aportar 54 mil millones de dólares anuales.

Otro elemento es haber sacado a Pemex de la segunda licitación por justamente la competitividad en términos de costos de producción. La pregunta sería: ¿por qué sacaron a Pemex si la idea era introducir competitividad? Lo sacaron precisamente porque sus costos eran altamente competitivos.

Adicionalmente, ahora hay inscritas empresas petroleras, pero también hay otras que son nuestros nuevos petroleros, pero que no tienen experiencia. Una de las cosas que también se dijo en el debate de la reforma (energética) es que México carecía de capacidad gerencial y tecnología. Entonces ¿por qué estamos trayendo aprendices de brujo cuando la idea era introducir tecnología y capacidad gerencial? Estamos ahora dándoles las condiciones para que aprendan. Esto habla de la falacia de la competitividad como argumento.

La especialista consideró fundamental que las autoridades dieran a conocer el denominado Government take, que es un indicador de carácter económico de evaluación que muestra la relación de beneficio entre lo percibido por el Estado y las empresas petroleras. Es una cifra fundamental para saber cómo está la negociación del gobierno. Se observa ya que hay una baja en el acopio de los ingresos del Estado, al descender de 40 a 18 por ciento. Esto pone en evidencia que la renta que se va para el Estado bajó de manera brutal. Es decir, que la captación de ingresos petroleros ya disminuyó su participación en los ingresos presupuestarios, al representar sólo 18.6 por ciento.

Publicarán requisitos para acceder a información de hidrocarburos

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) dio luz verde a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para que publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los requisitos y procedimientos que deben cumplir empresas interesadas, pero amparadas por un contrato o asignación para la explotación de hidrocaburos, para acceder a la información geológica, geofísica, petrofísica, petroquímica, geoquímica y, en general, toda la que Pemex y cualquier compañía o empresa haya obtenido u obtenga en actividades de reconocimiento, exploración y extracción de dichos energéticos, toda vez que son propiedad de la nación. Sin embargo, por ley tales requisitos y procedimientos quedan sujetos todavía a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Desde mediados de agosto, la CNH envió a la Cofemer, la cual depende de la Secretaría de Economía (SE), un anteproyecto denominado Lineamientos para el uso de la información contenida en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH), ya que, como toda regulación nueva, debe ser sometida a evaluación por dicho organismo para determinar si su aplicación no genera más costos que beneficios.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos argumentó que dado que el artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos establece que toda la información geológica, geofísica, petrofísica y geoquímica pertenece a la nación y como organismo regulador le corresponde el acopio, resguardo, uso, administración y actualización de la misma, con dichos lineamientos pretende dar mayor solidez y certidumbre a los inversionistas en las rondas de licitación, así como incentivos.

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