La constructora española OHL tropieza con baches en México

Santiago Pérez, The Wall Street Journal

TOLUCA, México—La filial mexicana del gigante español de la construcción Obrascón Huarte Lain SA enfrenta interrogantes en torno a sus prácticas contables y sus lazos con el gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

En el centro de ambos problemas está una serie de lucrativos contratos que OHL de México SAB se adjudicó o que fueron extendidos durante la gestión de Peña Nieto como gobernador del Estado de México entre 2005 y 2011.

Los contratos incluyen la construcción y operación de una autopista de peaje en las afueras de Ciudad de México cuyo costo estimado se ha disparado a cerca de US$3,600 millones. Los críticos dicen que podría tratarse de la carretera más cara en la historia de México.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores acusó a la firma española en octubre de utilizar prácticas contables inapropiadas relacionadas a la autopista, que inflaron los ingresos y las valoraciones de activos. La matriz de la empresa en Madrid ha negado cualquier irregularidad, señalando que sus prácticas contables fueron aprobadas por los auditores y los reguladores españoles.

La acción de OHL se ha desplomado 73% desde el 30 de abril ante las preocupaciones de que surjan nuevas repercusiones del proyecto en México y una ampliación de capital con un gran descuento. La filial de concesiones globales de OHL, que incluye la autopista en México, generó 80% de las ganancias de la compañía antes de impuestos y 12,5% de los 3.730 millones de euros (US$4.045 millones), facturados el año pasado.

Esta semana, la Procuraduría General de la República dijo que la fiscalía anticorrupción de España había pedido en octubre información sobre OHL en México. La solicitud de asistencia jurídica internacional está aún en trámite, dijo la Procuraduría; un portavoz de esa oficina no respondió a un pedido de comentarios. OHL dijo que sus servicios jurídicos en España y México no tienen constancia de dicha solicitud.

La controversia se destapó en mayo luego de la filtración de una serie de conversaciones telefónicas. En una de ellas, aparece un diálogo entre un alto ejecutivo de OHL y el secretario mexicano de Comunicaciones y Transportes después de que la cúpula de la matriz española sostuviera, aparentemente, una reunión en privado con Peña Nieto para tratar, entre otros temas, una disputa de OHL con una empresa local. Voceros de OHL y Peña Nieto no quisieron referirse a si existió una reunión. El secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, señala que las grabaciones ilegales fueron manipuladas y son engañosas.

Las intervenciones telefónicas incluyeron charlas entre ejecutivos de OHL en las que, aparentemente, analizaban formas de inflar los peajes y pagar las vacaciones de funcionarios, entre otros asuntos. OHL señaló que las grabaciones de sus ejecutivos son ilegales y que fueron editadas para engañar a la opinión pública.

En septiembre, Paulo Diez, abogado de Tecnología Aplicada Infraiber, una empresa de tecnología de carreteras que entabló una querella contra OHL por violación de contrato en un caso relacionado con la autopista, fue detenido por una docena de agentes federales en Ciudad de México y acusado de portación ilegal de armas. Según su testimonio, Diez fue detenido por violar la ley de armas e interrogado sobre el caso de OHL. Fue liberado después de dos días tras el pago de una fianza, dijo Diez.

El mes pasado, un juez federal ordenó el arresto de 10 agentes involucrados en la detención de Diez, a quienes acusó de plantar el arma. Los agentes están libres bajo fianza. La Procuraduría General dijo que está siguiendo el caso. OHL declinó comentar al respecto.

Infraiber señaló que sus oficinas fueron cateadas en septiembre en la que participaron algunos de los policías que arrestaron a Diez. La Procuraduría informó que incautó equipos que podrían haber sido usados en las grabaciones telefónicas. La empresa niega cualquier irregularidad y asegura que no tiene nada que ver con las grabaciones.

Las intervenciones telefónicas y las acciones judiciales han generado interrogantes entre los legisladores de la oposición en torno de los vínculos entre los negocios y la política en el gobierno federal y el Estado de México, el más poblado del país y un bastión del Partido Revolucionario Institucional, PRI.

El Estado de México está auditando los contratos y un portavoz declinó hacer comentarios.

Ruiz Esparza, que también se desempeñó como secretario de Transportes del Estado de México durante la gestión de Peña Nieto, indicó que el proyecto de la autopista cumple con la normativa y que su desarrollo y operación se basan en un modelo que es común en el país.

Tanto el presidente como el director general de OHL México tuvieron altos cargos durante gobiernos anteriores del PRI. Emilio Lozoya, ex miembro del Consejo de Administración de OHL que trabajó en la campaña presidencial de Peña Nieto, es el actual titular de la petrolera estatal Pemex. Dos ex altos funcionarios de gobiernos federales también han sido miembros del Consejo de Administración de OHL en México. OHL dijo que hace poco reorganizó su junta directiva en México para mejorar su gobierno corporativo.

"Es de hecho una historia de terror", dice Francisco Búrquez, del opositor Partido de Acción Nacional (PAN), quien preside la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial del Senado, sobre lo que considera una relación demasiado íntima entre el gobierno y el empresariado. "Es la historia de una economía controlada por empresas vinculadas al poder político".

Un portavoz de OHL dijo que la empresa no ha recibido ningún trato preferencial del gobierno. "Todas las licitaciones en las que hemos participado han sido públicas y transparentes. Tenemos la misma relación que todas las empresas tienen con el gobierno", añadió.

Un vocero de Peña Nieto manifestó que su gobierno actúa de conformidad a lo dispuesto por la ley y que tiene la convicción de combatir la corrupción, fomentar la transparencia y las mejores prácticas en el uso y manejo de los fondos públicos".

Desde que OHL se adjudicara el proyecto en 2003, el costo total a la fecha excede la deuda pública del Estado de México. En ese entonces, OHL estimó que la obra ascendería a US$500 millones. Desde entonces, los costos han aumentado a cerca de US$1,700 millones. Al incluir una rentabilidad anual de 10%, que OHL dice que se le adeuda, el costo total ronda los US$3,600 millones.

En 2010, antes de empezar a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, OHL comenzó a contabilizar como ingresos no sólo los peajes, sino la rentabilidad garantizada, una práctica que no siguen otros operadores de autopistas en México. Los reguladores mexicanos dicen que investigan las prácticas contables, pero se rehusaron a realizar más comentarios.

OHL indicó que apelará cualquier solicitud para modificar su contabilidad. La empresa considera que el Estado es responsable de cubrir la ganancia garantizada y los costos de inversión inclusive si la firma no recupera esos fondos durante el contrato.

Los críticos señalan que este tipo de contratos generan incentivos perversos que elevan los gastos.

El peaje por un trayecto de 80 kilómetros puede costar US$16 en un estado donde el salario mínimo es inferior a los US$5 diarios.

OHL puntualizó que los costos subieron de los previstos US$37 millones a US$340 millones debido a los aumentos de precios de las propiedades necesarias para construir la carretera, así como por la inflación, los mayores gastos en construcción y los cambios ordenados por el gobierno.

OHL demandó a Infraiber el 10 de septiembre y la acusó de perjudicar a los accionistas en anuncios publicados en los periódicos y las grabaciones.

"Es una campaña de extorsión que trata de erosionar la reputación de OHL", dijo Sergio Hidalgo, director general de OHL México.

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