Nacional - Seguridad y Justicia
Choque con la ONU a propósito de ley de seguridad
(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 15 DIC - México y Naciones Unidas chocaron por una nueva Ley de Seguridad Interior, aprobada hoy por la Cámara de Senadores, en medio de un rechazo frontal de grupos no gubernamentales y del propio organismo internacional.
Las relaciones entre México y la ONU entraron así en un terreno de confrontación debido a declaraciones formuladas por el Alto Comisionado de la entidad para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, que cuestionó duramente la iniciativa.
Entre otras cosas, la ONU calificó a la reforma como una especie de "caja de pandora" que podría la puerta a serias violaciones a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas a propósito de la "guerra contra el crimen" que libra el gobierno.
Dicha batalla, en la que los militares participan activamente desde hace 11 años, ha arrojado hasta ahora más de 200,000 muertos.
En una carta hecha pública el pasado 4 de diciembre, Al Hussein llamó al Estado mexicano a no aprobar la ley por considerar que era un proyecto ambiguo y "podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes encargados de hacer cumplir la ley".
Un día después, el vicecanciller Miguel Ruiz y el viceministro para los Derechos Humanos del ministerio de Gobernación, Roberto Campa, así como la viceprocuradora Sara herrerías, recriminaron al funcionario por sus críticas.
"Es motivo de gran sorpresa observar que usted se pronuncie sobre el contenido de un proyecto de ley que aún no ha sido aprobado por ambas cámaras legislativas", afirmaron los funcionarios.
Asimismo, le reprocharon que no tomara en cuenta "la dimensión de las amenazas a la seguridad interna" de México que representan las organizaciones criminales y argumentaron que la población "respalda el despliegue" de los militares "cuando la situación lo ha hecho necesario.
"Rechazamos que la eventual aprobación del proyecto pueda conllevar una militarización de la seguridad pública", señalaron los funcionarios.
A pesar de ello, cinco relatores especiales y dos grupos de trabajo de la ONU lanzaron un nuevo y vehemente exhorto a los senadores para posponer la aprobación de la ley.
No obstante, en una jornada maratónica que inició ayer y se prolongó hasta la madrugada, los parlamentarios aprobaron la controvertida ley, que supuestamente busca acotar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Los analistas consideran que en la práctica la normativa busca proteger a posteriori al Ejército y la Marina de eventuales juicios en tribunales nacionales e internacionales por graves violaciones a los derechos humanos, que son imprescriptibles.
La ley regula la intervención de las fuerzas federales y armadas en los estados del país, cuando la seguridad de los ciudadanos e instituciones (seguridad interior) se vea comprometida, y donde las capacidades de un estado o municipio estén rebasadas.
Integrada por 34 artículos, establece de forma general en qué situaciones podrán ser desplegados contingentes castrenses en un municipio o estado, así como el método por el cual se aprobaría su envío, aunque la decisión será adoptada por el Presidente de la República sin necesidad de aprobación del Congreso.
Ante las fuertes movilizaciones de grupos civiles, que rodearon la sede del Senado, el presidente Enrique Peña sugirió a los legisladores oficialistas tomar en cuenta las propuestas, pero al final sólo hubo cambios menores que fueron calificados por las ONGs como "cosméticos".
Organizaciones foráneas como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional señalaron que la ley hacen más opacas las operaciones militares, así como "la rendición de cuentas ante los soldados que cometen abusos".
"Durante más de una década, México ha empleado con frecuencia a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia organizada y los resultados han sido catastróficos", indicó HRW.
"Es notable que, tras más de 10 años de resultados nefastos y catastróficos, el Congreso mexicano pretenda reforzar una estrategia de seguridad pública militarizada que ya ha demostrado ser errada y costosa", agregó. (ANSA).
regina
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