Pura Demagogia
La historia vuelve a repetirse
Por Mireille Roccatti | Revista Siempre
Si, como la vieja melodía, que los viejos recuerdan con nostalgia, la historia parece repetirse cuando se conoce la propuesta formulada por el presidente de la CONAGO en funciones, para que los ejecutivos estatales firmen un Pacto con el Presidente de la Republica y éste condiciona su aceptación a que participen los líderes sindicales y los dirigentes de los organismos patronales.
La propuesta nos retrotrae a los primeros años de los 80 cuando al término del gobierno de José López Portillo, totalmente agotado el Modelo de Desarrollo compartido que implementaron él y Luis Echeverría Álvarez, que siguió al de Desarrollo Estabilizador; el Presidente Miguel de la Madrid, inicia la Instrumentación del Modelo Neoliberal.
Ante esa situación de un país, completamente endeudado, prácticamente en quiebra financiera, con inflación galopante de tres dígitos, sin crecimiento, con la moneda devaluada y una colosal estructura burocrática improductiva y devoradora de subsidios; atendiendo la Carta de Intención del FMI, las recomendaciones del mismo organismo y las condicionantes de los bancos sindicados que nos facilitaron un crédito puente para salvar nuestro sistema financiero y afrontar el pago del servicio de la deuda, se adoptaron medidas drásticas que terminaron pagando los pobres más pobres.
Las medidas implicaron el desmantelamiento y venta de las empresas del Estado, un recorte al aparato público del ejecutivo, que eufemísticamente se bautizó como “redimensionamiento del Estado”, liberación de precios y congelamiento de salarios, entre otras muchas medidas de ajuste del cinturón, después de la juerga lopezportillesca de la “administración de la abundancia”.
Uno de los instrumentos políticos para realizarlos fueron los “Pactos” que celebraron en ese régimen y en el siguiente de Salinas de Gortari, en los cuales participaron los dirigentes patronales y los sindicales, aunque luego se incorporaron líderes campesinos. En un inicio –cito de memoria– se firmó el PECE o Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico.
Entre los compromisos, el gobierno se obligaba a mantener los precios de los energéticos –gasolina, gas y electricidad– y en general los de los bienes y servicios que producía para efectos de no alterar las estructuras de costos de la producción. El sector privado a mantener los precios de sus bienes y servicios sin repercusiones distorsionadoras con el propósito de estabilizar el gasto de consumo y control de la inflación. Y finalmente el sector obrero, contener las demandas de incrementos salariales y evitar las huelgas.
Este acuerdo político cupular funcionó con sus altibajos y desde luego, se incumplía la mas de las veces por la patronal que re etiquetaba sus productos o por el gobierno que ante las presiones de gasto subía los precios de los energéticos o el surgimiento de organizaciones sindicales al margen del “charrismo sindical” que estallaba huelgas. Las consecuencias y efectos es de todos conocido, se incrementó la desigualdad social, creció la pobreza y el costo final de superar la crisis recayó en los deciles de población de menores ingresos. La única ventaja: estabilizar los índices macroeconómicos.
Por eso hoy llama la atención esa vuelta de tuerca al pasado de celebrar un “Pacto” ahora incluyendo a los gobernadores de los estados de la federación. Tendremos que analizar los compromisos que se pacten y sobre todo a quienes afectan, que no se repita la inequidad de lastimar al grueso de la población y beneficiar a las elites. Una cosa es la retórica discursiva, otra la terca realidad.
Jamileth
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