Incapacidad e Incompetencia
Incapacidad cuesta vidas
Por Morelos Canseco Gómez, Revista Siempre
Por las consecuencias tan gravosas que la pandemia del SARS-CoV-2 tiene en el planeta y en nuestro país y el horizonte de la prolongación de su presencia entre la humanidad, resulta altamente decepcionante la forma deficiente en que se ha atendido en muchas naciones, entre las cuales figura México.
Ante el desconocimiento del virus y los efectos de la enfermedad que causa, la complejidad del diagnóstico de la situación, su duración y el pronóstico de su atención resultaban entendibles en los albores del año pasado, incluso, el primer semestre.
Sin embargo, la acumulación de información y su análisis y, aún más, el registro —con parámetros de autorización para emergencias— de tres vacunas por órganos reguladores experimentados y rigurosos (de Pfizer-BioNTech, Moderna y Oxford-Astra-Zeneca), no parece generar una mejoría en la gestión de la emergencia y su superación. La ciencia a un paso, el negocio a otro y la política al propio.
En primer término, la decepción o debo decir el fracaso de los organismos internacionales: la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Por falta de liderazgo, de atribuciones o de capacidad para que sus miembros atiendan intereses supranacionales o de la humanidad, una y otra han estado por debajo de las necesidades de este tiempo.
El organismo especializado no ha sido capaz de motivar, impulsar y coordinar una estrategia global para lo básico: impedir la dispersión y propagación de la epidemia. El llamado a realizar pruebas y a usar el cubrebocas es atendido a discreción, y la falta de solidaridad internacional para establecer metas y compromisos nacionales consecuentes con la emergencia no encuentra contrapeso.
Las buenas intenciones y el establecimiento del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX) no han logrado el catalizador político de las Naciones Unidas para no sólo ampliar objetivos, sino para vencer -en la realidad- la evidente falta de equidad ante la concreción de las vacunas y su producción. Los criterios para el acceso de los países suscriptores a 2 mil millones de dosis en condiciones de equidad para vacunar al 20 por ciento de la población de los países en desarrollo, languidecen ante las prioridades políticas de los países desarrollados y el negocio implícito en la fabricación.
La extensión de la pandemia ha acreditado la debilidad del sistema internacional; no extraña que la ponderación de la aspiración de atender globalmente determinados problemas que no reconocen fronteras o se agravan con independencia de ellas, ceda a la expresión anclada en concepciones nacionales que compartimentalizan la solución de cada formación estatal.
Las insuficiencias en el plano internacional contribuyeron a no desacelerar los contagios ni a propiciar una auténtica equidad en el acceso a las vacunas. Son enseñanzas sobre las cuales pueden construirse mejores propuestas.
En el escenario nacional el panorama se agrava. El desconocimiento de la información científica y la superficialidad con la cual el presidente de la República ha dispuesto la gestión de las autoridades sanitarias, causó y causa daños profundos —algunos irreversibles— a nuestra sociedad. La afirmación de sujetar la respuesta gubernamental a las recomendaciones de los especialistas y la conducta real de adoptar decisiones por aparente conveniencia política, acumula y liga equivocaciones en cadena:
(i) subestimar la gravedad de la situación y decir una y otra vez que se contaba con la capacidad humana y técnica para hacerle frente, así como que se había logrado controlar la propagación de los contagios. Un acto de fe y no una expresión apoyada en la verdad;
(ii) soslayar la profundidad de las consecuencias económicas del necesario confinamiento para las personas que no realizan actividades esenciales o que no pueden dejar de laborar para sostener a sus familias, pensándose que las transferencias presupuestales directas a los beneficiarios de los programas sociales eran suficientes. La falta de medidas emergentes para asegurar ingresos mínimos con base en una gran concertación nacional minó de más la economía y potenció los contagios; y
(iii) precipitar el uso del acceso a las vacunas como objetivo político para lavar rostro en torno a las responsabilidades derivadas de la incapacidad para prevenir y combatir el virus y sus efectos en la salud y la vida de la población. Una tabla de salvación a fin de dejar atrás la negligencia para contener la epidemia y la insensibilidad para evitar el desempleo y el empobrecimiento de millones de personas.
El nuevo eslabón de los errores es la estrategia para acceder a las vacunas y la enorme tarea de inocular, al menos, al 80 por ciento de los habitantes del país. Se prolonga el uso político e impera la opacidad. Una presidencia convencida de que la polarización y la exclusión son fuente de fortaleza, concibe el acceso a la vacuna como una liberalidad del poder del funcionario, no como una responsabilidad derivada del deber de hacer realidad el derecho a la salud.
En el uso político, las brigadas de vacunación como ejercicio de propaganda y promoción propia y de sus aliados, y los promocionales del Movimiento de Regeneración Nacional; lo que es para todos y debe ser suprapartido, hecho objeto de campaña abierta y encubierta.
Y la ausencia de transparencia con cargo a la incertidumbre y la preocupación del pueblo sobre el ansiado antídoto; desde luego, confiada en la generación de expectativas y la evaluación positiva de ellas.
La inmensa mayoría de las y los mexicanos carecen de información sobre las vacunas que estarán disponibles; si han sido aprobadas con base en la comprobación de estudios que garanticen la integridad del proceso de investigación y la seguridad y efectividad del producto; si son todas adecuadas para el grupo de población por edad al cual se pertenece, y si la duración de la inmunidad obliga a una nueva vacunación en determinado tiempo.
En otra pista, ¿qué adquisiciones se han contratado y bajo qué condiciones? Y, además, si la ética aconseja revisar los criterios para llevar a cabo la vacunación: ¿no debe darse un lugar preferente a quienes realizan tareas esenciales para el funcionamiento de la comunidad, independientemente de su edad, como quienes mantienen la infraestructura de servicios de toda índole?
Es curioso que la conferencia vespertina gubernamental habilitada por la pandemia, proporcione información de lo que pasa en el seguimiento de la emergencia y regresa —forzada por los hechos— al mensaje de quedarse en casa, pero no aporta los elementos necesarios para evaluar lo que hace la administración y sus resultados.
En lo internacional y en lo interno la incapacidad cuesta vidas, arruina economías familiares y nacionales y pretende diferir la rendición de cuentas con la administración de expectativas. ¿Lograrán evadir las responsabilidades?
maria-jose
